Los acuerdos del Gobierno central con los grupos nacionalistas que lo sostienen en el parlamento nacional pueden amenazar el actual estatus del resto de comunidades
01 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El reparto de la tarta financiera por comunidades será uno de los grandes puzzles que tendrán que afrontar tanto el gobierno central como los autonómicos el próximo año -y los siguientes-, entre ellos, por supuesto y muy especialmente, el asturiano.
Para el Ejecutivo de Adrián Barbón, se trata un difícil ejercicio de equilibrio entre la lealtad de partido y lo que le debe a sus votantes, puesto que Pedro Sánchez se debate en un constante toma y daca con los grupos nacionalistas (catalanes y vascos) que sostienen su frágil mayoría parlamentaria. Y conciliar los intereses de todos es tarea poco menos que imposible.
El Gobierno asturiano ha defendido en varias ocasiones una «negociación multilateral» sobre la financiación autonómica que tenga en cuenta «las singularidades» de cada una de las comunidades autónomas. Borja Sánchez: «Entendemos que cualquier reforma de la financiación autonómica debe hacerse en el marco de una negociación multilateral», mantuvo el titular de Ciencia asturiano. El quid de la cuestión es, en efecto, «preservar los principios de igualdad entre las comunidades autónomas» para «garantizar la prestación de los servicios que son esenciales para el Estado del bienestar». Y esto debe ser válido para todos, insistió.
El ejecutivo asturiano piensa que lo ideal sería tener en cuenta las «singularidades» de algunos territorios y que faltando financiación autonómica.
También el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, precisó más recientemente que el Gobierno asturiano defenderá un modelo de financiación autonómica que parta de una serie de premisas claras: Por ejemplo, que el Estado dote de más recursos al sistema y que éste pivote sobre las necesidades reales de gasto de las comunidades autónomas para prestar los servicios en un plano de igualdad en todo el territorio. Básicamente, la misma idea que exponía su compañero de ejecutivo.
Peláez insistió en el acuerdo firmado en 2020 por todos los grupos del parlamento, a excepción de Vox. «Es necesario definir una cartera de servicios fundamentales y cuantificar su coste», señaló. Además, el consejero puso de la mesa otra cuestión esencial para Asturias y que debe introducirse en el debate, la «infrafinanciación» de las comunidades.
Peláez cree que el principio de suficiencia financiera debe tener más protagonismo en el futuro sistema mientras que, por contra, el Principado no aceptará la aplicación estricta del llamado principio de ordinalidad. «Eso supondría permitir a determinados territorios disponer de una financiación privilegiada. La solidaridad no puede estar limitada por la capacidad fiscal de los territorios. Tributan las personas, no los territorios», subrayó.
El gobierno asturiano también dice que las necesidades globales de financiación deben ser recalculadas porque el actual sistema toma 2007 como año base y las comunidades han recibido trasferencias a partir de ese año. Eso pondrá de relieve que el Estado debe aportar más recursos, según su opinión Y no sólo eso, sino que debería establecerse un nuevo cálculo de la recaudación de los tributos cedidos, al estar también desfasado, y un cambio a la hora de distribuir el Fondo de Garantía, donde debería tener mayor peso, por ejemplo, la sanidad y más sensibilidad hacia conceptos como la orografía y sobre todo, el envejecimiento.
Sea como sea, algunos expertos ya hablan de un modelo que, si consolida los beneficios fiscales a Cataluña (que ya tienen el País Vasco y en otros aspectos, Navarra), podría perjudicar seriamente las arcas de comunidades como la asturiana, netamente receptoras de fondos estatales.