Más de 11.000 personas fallecieron en Asturias desde el 2017 esperando ayudas a la dependencia
ASTURIAS
Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales calcula que la demora media es de 339 días, una de las más altas de España, cuando no debería pasar de 180 según la ley que justo cumple 18 años
18 dic 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Más de 11.000 personas fallecieron en Asturias desde 2017 esperando ayudas de dependencia, según los cálculos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. En concreto, casi 7.000 murieron mientras esperaban que se les reconociese el grado de dependencia y algo más de 4.100 mientras se encontraban en el llamado limbo de la dependencia. Es decir, tenían la ayuda reconocida pero aún no la habían recibido de manera efectiva.
El porcentaje de dependientes fallecidos mientras esperaban una prestación en Asturias sería del 2,9%, que se sitúa en la tabla baja en comparación con otras comunidades. La cifra es menor en Murcia (2,5%), Baleares (1,9%), Galicia (1,7%), Cantabria (0,9 %), La Rioja (0,8 %) y Navarra (0,5 %), mientras que los porcentajes más altos se encuentran en Cataluña, donde llega al 26,5%, y Andalucía, con un 21,4%.
Son datos que recoge el informe elaborado por la asociación con motivo de la mayoría de edad de la actual Ley de Dependencia, aprobada en el 2006. En estos 18 años, según estima este estudio, unos 3,7 millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia pero también calcula que 900.000 personas fallecieron en toda España en las listas de espera.
«Después de 18 años de la ley, el reconocimiento del derecho sigue sin resolverse de manera diligente, con tiempos medios de gestión que en algunas comunidades autónomas superan el año», indica el informe. De hecho, calculan que, si bien el tiempo medio de resolución en España venía reduciéndose desde los 426 días que había en el 2019, este 2024 parece que acabará con una subida de seis días con respecto al año anterior, dejando la media estatal en 330.
Retrasos «impresentables»
Cinco comunidades estarían por encima de esa espera promedio: Andalucía con 618 días, Canarias con 574, Murcia con 514, Galicia con 387 y Asturias con 339. Solo el País Vasco (128 días) y Castilla y León (126 días) cumplirían con el plazo fijado en la ley, que establece que la demora no suoere los seis meses (180 días).
La asociación considera los retrasos «impresentables» y fruto de sucesivos recortes en la financiación de la ley, así como de un «disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, que se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios»
Precisamente Castilla y León y País Vasco son dos de las comunidades que ya han dado pasos para simplificar la burocracia, al resolver el reconocimiento del grado de dependencia y la posterior asignación de prestaciones o servicios en una única resolución, reduciendo de manera significativa los tiempos.
En Asturias la lista de espera va a crecer
«La solución pasa por unificar ambos procedimientos en una sola resolución administrativa, lo que permitiría agilizar las decisiones y evitar que las personas dependientes queden atrapadas en un laberinto burocrático», dice el informe, que también advierte de las «ridículas cuantías de las prestaciones» y de la «baja intensidad» de los servicios.
Asturias también destaca de manera desfavorable en el informe al ser uno de los cuatro territorios donde va a crecer este año la lista de espera. El informe calcula que lo hará en un 33,61%, por encima de Ceuta y Melilla (8,37%) y por debajo del impresionnte crecimiento de Madrid (70,62%) y de Canarias (42%).
«Llevamos demasiado tiempo, dictamen tras dictamen, 18 años, denunciando la bochornosa situación de impericia y dejación que muchas administraciones, por un exceso de celo burocrático impuesto a la ciudadanía más vulnerable y tiempos de gestión interminables, han dejado al albur a cerca de 900.000 personas que han fallecido abatidas por un sistema que no funciona como debiera», lamentan en la asociación.