Los tribunales obligan a un niño de 11 años a vivir con su padre, condenado por maltrato, tras fallecer la madre

Un niño de 11 años ha sido obligado por los tribunales a vivir con su padre, a quien veía solo los fines de semana desde hace seis años. La razón es el fallecimiento de su madre, con quien había vivido todo ese tiempo. El problema es que el auto que dicta la jueza, fechado el pasado 5 de diciembre, no tiene en cuenta un hecho importante: el padre fue condenado en 2018 por maltrato hacia su mujer, y de hecho, el episodio más llamativo, el que acarreó la denuncia y llevó a la condena, ocurrió con el menor como testigo. El hombre sacó por el pelo a su mujer de un vehículo y la agredió.

Este hecho, según el abogado del menor, Jonathan Fernández Redruello, debería ser suficiente para impedir que el niño fuera a vivir con su padre, porque así lo estipula la ley. «Según el artículo 92.7, esto ya inhabilita al padre para la custodia», sostiene. Y hay, además, un antecedente llamativo en el mismo juzgado.«Fue el mismo juzgado el que dictó la orden cautelar de alejamiento y, aun así, asignó una custodia compartida; pero la Audiencia hizo firme la condena en 2020 y entonces ya se cambió la custodia», explica.

A raíz de la primera condena y la orden cautelar de alejamiento, la pareja se separó, y el niño se fue a vivir con su madre a casa de los padres de esta, situada a 65 kilómetros del pueblo en el que vivían. Posteriormente, la mujer encontró otra pareja, con la que tuvo otro hijo, y los cuatro se fueron a vivir juntos. La madre, por diversos problemas, entre ellos la propia relación con su expareja, acabó suicidándose, y el menor se fue a vivir con sus abuelos. Pero el padre solicitó tras el suceso la guardia y custodia del menor, y la jueza se la concedió. Según el abogado, el padre del menor siguió dando problemas tras la separación, y «cada año teníamos un mínimo de dos juicios». Asegura que hablaba muy mal de la mujer y ponía obstáculos a la escolarización o la participación en actividades extraescolares del niño. Incluso mencionaba a la madre con insultos delante del niño. Entre otras cosas, decía que era «una borracha y una puta».

Por otra parte, según el letrado, el padre aseguró que se había trasladado a la misma localidad en la que vivía el menor, para conseguir más fácilmente la custodia, ya que de lo contrario el niño tendría que cambiar radicalmente de entorno, lo que podría afectarle profundamente. El abogado, convencido de que no era cierto, pidió pruebas de este traslado pero no se las facilitaron. No sirvió este argumento. Los abuelos maternos se opusieron en el tribunal a que el padre se quedase con la custodia argumentando que ellos habían sido los guardadores de hecho tras la muerte de la madre, y también por el asunto de la violencia de género. Respecto a esta última cuestión, la jueza, aunque reconoce el procedimiento, así como «la alta con conflictividad entre las dos familias que existía, y existe, y que le consta a esta juzgadora por los numerosos procedimientos resueltos entre ambos», señala por otra parte que «ninguno de los problemas era con el menor, ni ha existido un caso de violencia doméstica con el mismo, por más que se haya intentado alegar por la asistencia letrada» de los abuelos, «sin prueba alguna al efecto».

A su juicio, «las afirmaciones realizadas por la familia materna sobre los problemas de ansiedad y angustia recientes del menor, parecen obedecer más a la situación lógica de un niño de 11 años que ha perdido a su madre hace apenas dos meses, que a ningún acto de violencia física ni psicológica por parte del padre hacia él». El abogado es muy crítico con esta parte, y asegura que hay varios informes psiquiátricos que indican que la relación con el padre le está causando problemas al menor. De hecho, tienen abierto un procedimiento por maltrato psicológico. La jueza se basa en informes del Punto de Encuentro familiar que aseguraba el «buen trato del padre con el menor, y que este tenía en su progenitor un referente», lo que choca frontalmente, subraya el letrado, no solo con los informes psiquiátricos sino también con las declaraciones del propio niño.

Jonathan Fernández señala que el niño declaró «que no quiere volver al pueblo, que tiene miedo de que lo aparten del seno de la familia materna, y que está bien como está, viéndolo cada 15 días» porque, entre otras cosas, cada vez que está con su padre se mete con su familia materna. El abogado apela al interés superior del menor, que en este caso, según su criterio, «es que siga yendo al mismo colegio, que pueda seguir viendo a su hermano, que siga pudiendo ir a fútbol, que siga pudiendo ver a su familia y estar como estaba», y no a 65 kilómetros de allí «donde no conoce nada de nada», y además, sin un régimen de visitas estipulado, lo que le hace temer que pierdan todo el contacto con la familia paterna.

La jueza, dice que «nadie ha puesto en duda» que el niño está feliz con sus abuelos, pero el caso es si corresponde por ley que siga allí. Según asegura, el menor «manifestó en la exploración realizada, que su voluntad era seguir viviendo» en la misma ciudad y «continuar en el mismo centro escolar, con sus amigos» y el caso es que su padre «afirmó que reside allí, sin perjuicio de que pase los fines de semana» en el pueblo, y además su intención es «continuar con la vida del menor y atender a su voluntad y necesidades». La jueza concluye que lo más beneficioso para el niño «es vivir con su padre, y estar en su compañía, sin perjuicio que los abuelos maternos puedan verle y comunicarse con él».

El abogado, y la familia materna, no entienden que la jueza crea «que todo esto sea lo mejor para el pequeño, irse a vivir con su padre sin demostrar dónde está viviendo y arrancarlo de todo lo que es su vida diaria». Insiste en que la ley está con la familia materna por muchas causas. La primera de todas ellas, la condena por maltrato, que a su juicio debería cerrarle ya todas las puertas de la custodia.

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