El plan del Principado para actuar contra el uso fraudulento de viviendas públicas: 2.000 inspecciones en lo que queda de 2024
ASTURIAS
Para detectar las situaciones de incumplimiento, el plan de la Consejería recoge una metodología concreta y unas técnicas como pruebas acreditativas de los hechos
24 oct 2024 . Actualizado a las 11:12 h.La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos se ha puesto manos a la obra para «detectar y actuar frente al uso fraudulento de viviendas» del parque público. Es decir, para descubrir aquellos casos en los que la vivienda pública con un contrato de alquiler en vigor no esté ocupada, cuando la vivienda haya sido asaltada o cuando en la vivienda con contrato de alquiler en vigor reside otra persona distinta del titular del contrato, sea a través de subarriendos o cesión no consentida a terceros. Pues bien, para constatar los casos en los que así sea y recuperar esas viviendas públicas, el departamento que dirige Ovidio Zapico ha elaborado un plan que, entre otras medidas, incluye la contratación de forma temporal de dos inspectores para realizar unas 2.000 inspecciones en este segundo semestre de 2024.
El motivo de que desde la Consejería de Vivienda se haya decidido vigilar el fraude en el uso de viviendas públicas, y según se traslada desde este departamento del Principado, es que «en un momento de tanta necesidad de vivienda, no podemos permitir que haya quien esté especulando con la vivienda pública o haciendo un uso fraudulento de ella». Es por ello que el plan contempla la inspección de todo el parque público, tanto vivienda social como de alquiler asequible. No obstante, algo que se quiere dejar claro desde Vivienda es que «en ningún caso se pretende desocupar a gente que no puede asumir el alquiler o a familias vulnerables, a los que se les aplica el protocolo de impagos, «si no a los que especulan con lo público».
El plan de trabajo contra el fraude en el uso y ocupación del parque público de vivienda del Principado de Asturias parte de la consideración de que «una gestión eficaz y eficiente requiere de un seguimiento que garantice que la vivienda pública se utiliza para el objeto al que es destinada: vivienda habitual y permanente de persona y/o familias». Para constatar si es así o no, la Consejería de Vivienda ha optado por llevar a cabo inspecciones, ya que entiende que la inspección es la manera de obtener datos, constatar hechos y comprobar si se está dando el cumplimiento de las condiciones recogidas en el contrato de arrendamiento y los requisitos que dan lugar a la adjudicación de una vivienda pública.
Así, el plan puesto en marcha lo han fundamentado en tres principios. El primero, la inspección como proceso que garantiza el principio de igualdad de uso, principio en el que la Consejería tiene en cuenta «la consideración que merecen los demandantes de vivienda, que por los recursos legales ordinarios, están a la espera de obtener una vivienda». El segundo principio del plan es la legitimación de los sistemas de públicos de gestión del parque de vivienda para detectar y luchar contra el fraude en el uso y ocupación de las viviendas públicas. El tercero y último, «el buen gobierno de lo público», entendiendo la inspección como presencia de las entidades públicas en parque de vivienda pública para el cumplimiento de las obligaciones y también del ejercicio de derechos por los titulares de los contratos de esas viviendas.
Identificación de viviendas y visitas
La forma de intervenir que ha puesto en marcha la Consejería de Vivienda para detectar y actuar contra el uso fraudulento de viviendas parte de la elaboración de un listado de viviendas a inspeccionar al que se van incorporando nuevas viviendas en las situaciones anteriormente descritas. Las principales fuentes de información y/o denuncia que tiene la administración regional es bien a través de los administradores de fincas, por las denuncias de otros inquilinos, por denuncias de los ayuntamientos y por las inspecciones de grupo.
Pero, ¿qué son las inspecciones de grupo? Desde la Consejería de Vivienda se explica a este respecto que los inspectores de vivienda inspeccionan grupos enteros de viviendas, identificando a los ocupantes y detectando posibles irregularidades. La previsión que baraja este departamento es que en este segundo semestre de 2024 se realicen «alrededor de unas 2.000 inspecciones», labor a la que se dedican dos inspectores contratados de forma temporal. Cuando se detecta un uso fraudulento, se elabora el pertinente expediente de incumplimiento y, si procede, VIPASA articula la correspondiente demanda judicial de resolución del contrato con el fin de recuperar la vivienda.
Para detectar las situaciones de incumplimiento, y en tanto que esos incumplimientos tienen trascendencia jurídica, el plan de la Consejería de Vivienda recoge una metodología concreta y unas técnicas como pruebas acreditativas de los hechos. Por ejemplo, se realizan dos o tres visitas por vivienda, visitas en las cuáles se hace una observación directa de indicadores de no ocupación, recogiendo información específica en una ficha según lo que la orientación jurídica considera que va a ser prueba acreditativa de los hechos. Además, se requiere a los titulares documentación, como el contrato de las viviendas detectadas y, especialmente, del registro de la propiedad y el padrón municipal. También se tiene en cuenta el testimonio de vecinos, la comprobación de consumos de agua, y los informes de convivencia que se solicitan a la policía.
Tal y como explicó el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, durante la comparecencia que realizó el pasado martes en la Junta General del Principado, en el marco de ese plan para actuar contra el uso fraudulento de la vivienda pública, se han llevado a cabo 156 inspecciones en inmuebles de titularidad del Principado, detectándose, según ha detallado el consejero, 11 ocupaciones irregulares, en las que el residente no era el titular de la vivienda; 42 casos de inmuebles no destinados a vivienda habitual y 47 pisos asaltados, mientras que hay otras 27 situaciones puntuales que se siguen investigando. En otras 29 inspecciones, la ocupación estaba en regla.
Respecto a los municipios en los que las inspecciones han detectado más situaciones irregulares, desde la Consejería de Vivienda se especifica que «mayoritariamente se ubican en la zona centro, especialmente en Oviedo y Gijón».
Una intervención con continuidad
El hándicap al que se enfrenta la inspección para detectar casos de fraude y que VIPASA pueda denunciarlos es, según se apunta desde la Consejería de Vivienda, que en la ocupación irregular «es muy difícil comprobar si hay realquiler, subarriendo o cesión no consentida a terceros porque las partes no lo reconocen y no suele existir documentación que lo acredite». De todos modos, la determinación de la Consejería ha sido integrar ya el plan de trabajo contra el fraude en el uso y ocupación del parque público de vivienda del Principado de Asturias en el trabajo diario de los departamentos de VIPASA como una intervención de continuidad. Es decir, que no se trata de un plan o medida puntual, sino que el plan se mantendrá en el tiempo.
Por lo tanto, en todos aquellos casos en los que la vivienda tenga un contrato de alquiler en vigor y no esté ocupada, cuando la vivienda haya sido asaltada o cuando en la vivienda con contrato de alquiler en vigor resida una persona distinta al titular del contrato, la finalidad general de la Consejería será recuperar la vivienda, si bien no se plantean sanciones puesto que VIPASA no tiene potestad para sancionar.