Coldplay, Bizum y una estafa que enfrenta a Asturias y Galicia: el caso llega al Supremo

Una denuncia por estafa en la compra de entradas para un concierto de Coldplay ha terminado por convertirse en una batalla legal entre dos juzgados de Asturias y Galicia. Lo que comenzó como una compra fallida en una plataforma de anuncios ha escalado hasta el Tribunal Supremo, donde la disputa gira en torno a qué juzgado debe hacerse cargo del caso. Todo se originó cuando una vecina de Langreo denunció haber sido víctima de una estafa en febrero de 2023. Según la denuncia, había adquirido unas entradas para un concierto de Coldplay a través de la plataforma de anuncios Milanuncios.com. La compradora transfirió un total de 450 euros mediante Bizum a un número de teléfono facilitado por la supuesta vendedora. Sin embargo, las entradas nunca llegaron, y tras darse cuenta del fraude decidió acudir a la policía.

La denuncia fue presentada ante la Comisaría de Policía Nacional en Langreo, y desde donde comenzó una investigación para dar con los responsables. Las primeras pesquisas revelaron que el dinero transferido por Bizum acabó en cuentas bancarias vinculadas a dos mujeres residentes en A Coruña y Valladolid. Las sospechosas fueron identificadas como las titulares de las cuentas bancarias beneficiarias del dinero estafado.

Ya con las pruebas en la mano, la policía llevó el caso al Juzgado de Instrucción n.º 3 de Langreo, que inició las diligencias previas para investigar el fraude. Sin embargo, pronto surgió un conflicto de competencia con el Juzgado de Instrucción n.º 4 de A Coruña, que también consideraba tener jurisdicción sobre el caso, ya que las presuntas estafadoras residían en la ciudad. Ambos juzgados plantearon una «cuestión de competencia negativa», es decir, que ninguno de los dos se consideraba el adecuado para instruir el caso, argumentando que el otro tenía mejor criterio para llevar adelante la investigación. El conflicto llegó al Tribunal Supremo, que tuvo que intervenir para determinar cuál de los dos juzgados debía continuar con el procedimiento.

Eficacia de instrucción como criterio clave

El punto clave del conflicto es la naturaleza del delito. Las estafas realizadas a través de medios digitales como Bizum plantean desafíos en cuanto a la jurisdicción, ya que pueden haberse realizado desde distintos puntos geográficos. La jurisprudencia tradicional en casos de estafa se ha basado en la «teoría de la ubicuidad», que permite que el delito se investigue en cualquiera de los lugares donde se haya desarrollado una parte del acto criminal: tanto el lugar donde el estafador realizó la estada como donde la víctima sufrió el perjuicio económico. Sin embargo, en los delitos que implican transacciones digitales, como es el caso de las transferencias a través de Bizum, la doctrina ha evolucionado. Según la reciente jurisprudencia, en casos de delitos informáticos o de fraude digital, el criterio principal que debe seguirse es el de la «eficacia en la instrucción», es decir, que el juzgado que tenga mayor facilidad para investigar y resolver el caso debe asumir la competencia.

Llegados a este punto, el Tribunal Supremo, con el magistrado Pablo Llarena como ponente, determinó que el Juzgado de Instrucción n.º 4 de A Coruña debía encargarse del caso. La razón principal es que las presuntas responsables del delito residen en A Coruña y es desde allí donde se llevaron a cabo las acciones que permitieron concretar la estafa. Además, el fallo considera que en un delito de estas características, es más efectivo llevar la investigación en la localidad donde se encuentran las personas involucradas porque  facilita la obtención de pruebas. Con esta decisión, el Tribunal Supremo ha zanjado la disputa entre los dos juzgados, otorgando la competencia al juzgado gallego. El fallo es firme y no admite recurso, lo que significa que la investigación continuará en A Coruña.

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