Barbón reclama que el acuerdo se vote en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, evita pedir un Consejo Federal del PSOE y no descarta llevar el caso a los tribunales
03 ago 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El acuerdo financiero entre el PSC y ERC abre un largo proceso que salpica a todas las comunidades autónomas. A medida que pasan las horas son más las voces discrepantes que se oponen a una medida imprescindible para que Salvador Illa sea el próximo presidente de la Generalitat. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha sido contundente a la hora de posicionarse en contra del pacto y ha marcado unas líneas rojas que, a su juicio, no se pueden sobrepasar. Tras el visto bueno de la militancia de los republicanos catalanes, ahora toca dar soporte jurídico a la polémica propuesta y son varios los escenarios que se plantean y los posibles foros de discusión. Barbón ha reclamado que cualquier acuerdo se vote en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha dejado la puerta abierta a llevar el caso a los tribunales. «No apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias», ha sentenciado.
Aunque contundente, Barbón ha evitado la polémica con otros miembros de su partido y, a diferencia, por ejemplo, de los socialistas de Extremadura, no considera necesario convocar el Consejo Político Federal del PSOE. «Este debate donde realmente se va a dar, y quiero dejarlo claro, es desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque es el que va a tomar la decisión de modo definitivo», ha insistido. Ha indicado además, que el Consejo Político Federal es «deliberativo» y «no adopta decisiones». En cualquier caso, no tiene duda de que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE convocará el debate «cuando sea el momento».
Al margen de apostar por el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y a la espera de conocer todos los detalles del pacto entre PSC y ERC, Barbón deja claro que, si finalmente, el futuro acuerdo sobre financiación invade las competencias de Asturias, «por supuesto» que será impugnado por el Ejecutivo.
No a la ordinalidad
Las comunidades autónomas forman parte de un sistema común de financiación, con dos excepciones, el País Vasco y Navarra, con régimen foral. De aplicarse lo acordado entre el PSC y Esquerra, Cataluña pasaría a una situación similar. Gestionaría sus propios ingresos y aportaría al Estado una parte (una especie de cupo). Ello detraería recursos a la caja común y, en consecuencia, el resto de comunidades se verían perjudicadas.
La ordinalidad es otra de las bases del entendimiento con los republicanos. Según este principio, las comunidades deben recibir en función de lo que aportan. A trazo grueso: si una es la que más da, también debe ser la que más reciba. Esto tendría efectos importantes sobre la distribución de recursos. De hecho, sólo tres comunidades —Madrid, Cataluña y Baleares— son contribuyentes netas. De alguna manera, la ordinalidad es un freno para la solidaridad interterritorial.
Barbón ha rechazado de plano tales propuestas. Al mismo tiempo, ha invocado una y otra vez el Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano donde están representados el Gobierno del Estado y todas las comunidades en pie de igualdad— para debatir este tipo de asuntos. Así, ha defendido la multilateralidad.
En este punto, ha garantizado que si, finalmente, el futuro acuerdo sobre financiación invade las competencias de Asturias «por supuesto» que será impugnado por el Ejecutivo.
El Principado tiene clara su hoja de ruta. Debate interno «cuando sea el momento» y no necesariamente en el Consejo Político Federal del PSOE; votación de cualquier tipo de acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, si lo acordado perjudica a Asturias, el Gobierno regional asegura que acudirá a los tribunales.