Sólo las autonomías que aportan más de lo que reciben se verían beneficiadas, de forma muy intensa en el caso de Madrid
02 ago 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, que abre la puerta a una reforma del sistema de financiación que implantara en Cataluña un modelo similar al cupo vasco y navarro, ha despertado la reacción de varios actores políticos, incluyendo los dos socios del gobierno de Asturias. Tanto el PSOE como Convocatoria por Asturias-IU han expresado su preocupación por el impacto de esta medida, la ruptura del régimen común. En todo caso, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sugirió el martes que este era un paso en un sentido de federalización del estado ¿podría extenderse el sistema de conciertos económicos a todas las comunidades? ¿Cómo afectaría a Asturias?
Lo cierto es que hay un informe, elaborado por FEDEA y en concreto por el economista asturiano Ángel de la Fuente, que aborda esta posibilidad, si bien fue publicado en el año 2018 y tomando en cuenta las cifras de transferencias y recaudación de 2015. Es decir, son datos antiguos aunque a rasgos generales la situación que se proyecta no variaría muchos respecto al presente porque la clave está en que se beneficiarían más las comunidades que aportan más de lo que reciben al fondo común y que son Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares.
De forma muy intensa aumentarían los recursos de la capital, que se incrementarían en un 54%; en el caso de Baleares su financiación mejoría en un 31%, en el de Cataluña en un 21% y en la Comunidad Valenciana sería un incremento del 4%. El resto de comunidades perdería recursos, aunque en grados muy diferentes.
¿Cómo quedaría Asturias? Dentro de las comunidades que verían reducidos sus recursos sería la menos afectada de todas, la variación en la rebaja de la financiación sería del -0,3%. La siguiente comunidad en esa tabla, por ejemplo, sería Aragón que se encontraría con un -4,0% de pérdida de recursos. Esto son en todo caso análisis con cifras de casi una década atrás y que también sufrirían muchas variaciones a medio y largo plazo. Parte de las rentas medias y Asturias dependen de las jubilaciones altas de una generación muy cerca de desaparecer y que no será sustituida por otra de igual riqueza, sino menor.
El autor, que es muy crítico con la propuesta del presente, ya advertía en su informe de las enormes perdidas que acarrearía para muchas comunidades (especialmente en Canarias con un descenso del 80%, pero también para Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha o Galicia, con disminuciones alrededor del 20%) pero también valoraba negativamente el funcionamiento del sistema foral vigente, para los casos de Navarra y País Vasco. «La mayor parte de los analistas y un número creciente de representantes políticos consideran que el sistema se ha aplicado en la práctica de una forma muy cuestionable, con resultados financieros extraordinariamente ventajosos para los territorios forales, que disfrutan gracias a ello de niveles de financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas muy superiores a los del resto de las comunidades autónomas», decía De la Fuente. En cualquier caso, el modelo foral está recogida en la Constitución desde sus inicios y modificarlo requería un reforma de calado de la Carta Magna.
«Con un sistema de corte foral para el conjunto del país, la Administración Central dejaría de disponer de recursos tributarios propios y perdería cualquier control sobre la recaudación del grueso de los impuestos, quedando por tanto a expensas de la 'generosidad' de unas CCAA que tendrían la llave de la caja y operarían bajo una tentación permanente de reducir sus aportaciones»; señala el autor en el informe.
La reacción del Principado
Está previsto que el presidente asturiano, Adrián Barbón, haga una valoración pública del acuerdo este viernes en una comparecencia tras el regreso de sus vacaciones. En todo caso a lo largo de las últimas jornadas distintos miembros del Ejecutivo se han ido pronunciando con un rechazo cada más firme y claro a medida que han ido pasando los días y tras apelar de forma reiterada a la Declaración de Santiago, un documento firmado por siete comunidades junto a Asturias que exige que cualquier reforma del sistema de financiación se trate de manera multilateral (y no con negociaciones bilaterales como ha sido el caso en el presente del acuerdo entre PSC y ERC) y además teniendo en cuenta no sólo criterios de población sino más variables como la dispersión o el envejecimiento, algo clave en el caso de Asturias porque no tiene el mismo coste la atención sanitarias a octogenarios que a personas jóvenes.
«Este preacuerdo incluye una suerte de concierto fiscal para Cataluña y nuestra respuesta, en coherencia, tiene que ser la misma. Rechazo a que cualquier comunidad abandone el régimen común a través de un concierto fiscal», señaló este jueves el portavoz del Ejecutivo asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.
Mientras tanto el portavoz de la coalición en la Junta del Principado, Xabel Vegas, ha rechazado el preacuerdo anunciado entre republicanos y socialistas, ya que la solidaridad y la redistribución interterritorial son «una línea roja», y pueden «verse afectados» con este pacto.
Por tanto, IU se ha mostrado en contra del modelo de financiación que, a su juicio, consolida el pacto, porque el estado del bienestar tiene que estar «por encima del código postal de los ciudadanos».