El Principado evita valorar el acuerdo de concierto catalán hasta «conocer los términos exactos»
ASTURIAS
El Ejecutivo asturiano se remite a la declaración firmada con otras siete comunidades sobre la reforma de la financiación autonómica
30 jul 2024 . Actualizado a las 14:16 h.La presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, ha señalado este martes que el Gobierno asturiano no se pronunciará sobre el «concierto económico solidario» que han pactado ERC y el PSC para propiciar la investidura de Salvador Illa como presidente de Cataluña hasta que no se conozcan los detalles del preacuerdo.
«Permítan que esperemos a conocer los términos exactos para poder hacer una declaración más precisa y en cuanto los conozcamos no tengan ninguna duda de que lo haremos», ha señalado la vicepresidenta y presidenta en funciones al ser preguntada por este asunto durante la visita que ha efectuado a la Laboral de Gijon.
Llamedo tan sólo ha señalado que en Asturias hay un acuerdo sobre financiación autonómica con todos los grupos políticos, salvo Vox, y con otras comunidades autónomas y que el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, han sido claros en este asunto.
Asturias, según ha señalado recientemente el consejero, defiende un modelo de financiación autonómica que no contemple privilegios, que sea simétrico para todas las comunidades y que se base en los criterios de reparto fijados por siete comunidades en la «Declaración de Santiago».
A falta de que se dé a conocer este martes la letra pequeña de su preacuerdo con el PSC, ERC ha ofrecido ya algunos detalles del documento que someterá el viernes a consulta de sus bases y que, si prospera, permitirá la investidura del socialista Salvador Illa como próximo presidente de la Generalitat de Cataluña.
La militancia de los republicanos deberá posicionarse este viernes sobre este pacto, que la formación no ha detallado por el momento más allá de señalar que tiene que ver con «un concierto económico solidario» y que en él se «apuesta por la lengua catalana».
El punto más destacado del preacuerdo atañe a la financiación, ya que según ERC se concedería a Cataluña un sistema similar al concierto económico vasco, fuera del régimen común y con una cuota de solidaridad interterritorial, pero también incluye reivindicaciones relacionadas con la lengua y la resolución del «conflicto político» catalán; informó EFE.
Por su parte, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, considera que el «concierto económico solidario» del preacuerdo pactado ERC y el PSC para propiciar la investidura de Salvador Illa supone la «independencia fiscal» de Cataluña y una quiebra del sistema fiscal de régimen común por lo que ha pedido al jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, que se oponga «con contundencia».
«Lo han vuelto a hacer. Pedro Sánchez pisotea de nuevo la igualdad de todos los españoles como moneda para comprar el poder permitiendo con ello que el sueño independentista de un paso más», ha señalado el líder popular en un comunicado en el que afirma que el preacuerdo es una «nueva compra de votos» al independentismo catalán para que el presidente continúe instalado en La Moncloa.
En su opinión, ante la gravedad de este asunto Barbón debe mostrar su «verdadero liderazgo» como secretario general de Federación Socialista Asturiana, «si realmente está en contra de lo que supone esta reforma», y hacer valer el voto de sus diputados nacionales «para que no salga adelante».
Para el presidente de los populares asturianos, Barbón debería actuar con la coherencia «a la que él mismo se comprometió a defender como presidente del Principado» al firmar en 2020 con todos los grupos de la Junta General, salvo Vox, el acuerdo sobre financiación autonómica, y un año más tarde la Declaración de Santiago, suscrita por siete comunidades autónomas.
En ambos acuerdos, ha recordado Queipo, se deja claro que «el nuevo modelo (de financiación autonómica) sólo puede ser fruto de un consenso multilateral, transparente, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de todas las administraciones afectadas, y que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden al margen de los legítimos espacios bilaterales del Gobierno central y cada Comunidad».