La «macroestafa» piramidal de Herrero Brigantina: un fraude de 70 millones y 350.000 afectados con origen asturiano

La Policía Nacional detuvo esta semana a nueve responsables de la empresa Herrero Brigantina —entre ellos el consejero delegado del grupo, el mierense Juan González Herrero y su mujer, Kelly Galeano— supuestamente implicados en una «macroestafa» piramidal con la que defraudaron entre 40 y 70 millones de euros a 350.000 ahorradores de todas partes de España mediante productos de inversión con una aparente y suculenta rentabilidad. La banda se valía de un entramado societario complejo, compuesto por 21 sociedad constituidas en España, Reino Unido y Estados Unidos, y una red de oficinas distribuidas en 27 provincias del territorio nacional, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia de una conocida aseguradora por el uso indebido de su marca por parte de un grupo financiero. A esa se le sucedieron otros cientos de denuncias, tanto en dependencias policiales como en los juzgados, de víctimas que habían invertido entre 5.000 euros y 2 millones de euros en productos ofrecidos por las diversas sociedades del entramado y que no podían recuperar su dinero. Entre los afectados hay pymes, autónomos y particulares.

A medida que la estafa ganaba notoriedad se fueron abriendo multitud de procedimientos judiciales que finalmente fueron asumidas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien finalmente el pasado febrero abrió diligencias contra Herrero Brigantina, que se sumaron a las ya iniciadas contra Herrero Brigantina Servicios Financieros y North Atlantic Insure Broker. La querella que dio pie al procedimiento, presentada por la Asociación Nacional en Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), se dirigió inicialmente contra ambas sociedades, y posteriormente fue ampliada al consejero delegado de Herrero Brigantina, Juan González Herrero; su esposa, Kelly Galeano; y ocho personas más.

¿Cómo funcionaba la estafa?

La macroestafa se realizaba mediante un esquema «Ponzi», en el cual los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. El entramado les ofrecía productos financieros con una rentabilidad atractiva a medio o largo plazo, haciéndoles creer que los productos estaban respaldados por entidades aseguradoras de primer nivel. Según el estudio de los movimientos entre cuentas llevado a cabo en el marco de las pesquisas, era inviable que los miembros del entramado pudieran devolver el dinero a los inversores, y mucho menos pagarles el beneficio prometido. De este modo, según informa Efe, los primeros han logrado recuperar su dinero más intereses, pero el resto ha perdido todos sus ahorros o buena parte de ellos.

Para ganarse la confianza de sus clientes primero crearon una gran infraestructura de 29 oficinas desplegadas en 27 provincias, para las que contrataron comerciales con experiencia en el mundo de la banca y los seguros a quienes les ofrecían un salario sustancioso. Por otra parte, empezaron pagando la rentabilidad a los inversores que solicitaban el rescate, provocando que hablaran bien del entramado a otras personas, y llevaron a cabo campañas de marketing para crearse una imagen de éxito. Además, para reforzar la apariencia de solvencia económica, falsificaron escrituras públicas de ampliaciones de capital millonarias que realmente no existieron.

Su labor llegó a ser premiada por diferentes organismos y reconocida en distintos medios de comunicación, pero ni la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ni el Banco de España habían autorizado a las sociedades del grupo a operar en el ámbito de la inversión particular. Tras analizar las más de 130 cuentas a nombre de los investigados, los agentes han determinado que parte de los fondos del entramado fueron empleados para el enriquecimiento personal del principal investigado y su mujer, así como -en menor medida- del resto de los sospechosos. Otra parte del dinero la utilizaron para la expansión de su negocio ilícito y para pagar productos y servicios de lujo, como vuelos privados, alquiler de yates, compra o alquiler de vehículos de alta gama, relojes de lujo o estancias en hoteles de cinco estrellas.

Los comienzos de la investigación

A mediados de 2023, el principal investigado, al tener conocimiento de la investigación policial, comenzó a deshacerse de bienes inmuebles a su nombre y a expatriar su capital fuera de España. Cuando su estructura empresarial colapsó y la estafa quedó en evidencia, huyó a Colombia y el pasado diciembre, al regresar a España, fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El juzgado ordenó la retirada de su pasaporte con el fin de evitar que volviese a abandonar el país.

En marzo de este año se llevó a cabo la segunda parte del operativo, en el que los agentes detuvieron a otras siete personas y registraron el domicilio del supuesto cabecilla y su mujer en Ponferrada (León), donde intervinieron material informático, documentación relacionada con la trama y coches, relojes y bolsos de lujo.Ya en mayo culminaron la investigación con el registro del archivo central y la sede del grupo financiero, también en Ponferrada, donde arrestaron al noveno sospechoso e incautaron contratos de más de 200 víctimas. Una décima persona quedó imputada, pero no detenida.

Los agentes han bloqueado numerosas cuentas bancarias y pólizas de seguros, tanto del entramado societario como de los investigados, y han embargado nueve inmuebles de forma preventiva. En concreto, una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) con más de 1,5 millones de euros, 540.000 euros en cuentas bancarias, 48.000 euros de planes de pensiones y 120.000 euros en pólizas.

---

---

---