Asturias reduce de 41 a 36 días el tiempo medio para resolver la prestación de eutanasia
ASTURIAS
Durante 2023, la solicitaron 34 personas, de las que cuatro revocaron la decisión, diez fallecieron antes, 12 fueron aprobados y ocho denegados
28 jun 2024 . Actualizado a las 18:20 h.El tiempo medio entre la primera solicitud y la resolución final de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de la eutanasia en Asturias se redujo el pasado año de 41 a 36 días, lo que supone que la gestión de la prestación, que asegura una muerta digna para el solicitante, se realiza dentro de los plazos establecidos por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).
La incorporación de un equipo de apoyo técnico que refuerza todo el procedimiento ha contribuido a mejorar estos datos. El informe anual que evalúa la prestación de este derecho en Asturias correspondiente a 2023 recoge que 34 personas solicitaron la prestación, 20 de ellas eran hombres y 14 mujeres.
Al inicio del proceso, cuatro personas revocaron su decisión y otras diez fallecieron antes de la tramitación, a pocos días de enviar la petición; de las otras 20 solicitudes, 12 fueron aprobadas (ocho personas recibieron la prestación, una la revocó y otras tres pidieron aplazamiento) y las otras ocho denegadas. De los ocho casos en la que se realizó la eutanasia, cinco se realizaron en el domicilio mientras que tres recibieron la prestación en medio hospitalario.
Las enfermedades neurológicas y oncológicas irreversibles, incapacitantes, en fases muy avanzadas y sin alternativas terapéuticas continúan siendo las patologías que padecen las personas que piden la aplicación de este derecho. La media de edad de los demandantes se sitúa en los 71 años frente a los 68 de 2022
El año pasado, además, se experimentó un incremento del porcentaje de personas que habían registrado el documento de instrucciones previas (DIP) que pasó de un 36% en 2022 a un 60% en 2023. Desde la implantación de la LORE en Asturias, Salud recomienda que se haga un registro del conocido como DIP, un documento que permite a los profesionales sanitarios, a los familiares y al entorno cuidador conocer con exactitud las últimas voluntades de cada individuo, que facilita la toma de decisiones al tiempo que se protege la dignidad personal en el proceso final de la vida.
Hasta mayo de este mismo año se han tramitado 2.256 instrucciones, de las cuales 1.987, se realizaron a través de los profesionales del trabajo social de los centros de salud, y en 2023 se formalizaron 3.370 y el año anterior 1.394 expedientes, informa Efe.