La vicepresidenta Gimena Llamedo indicó que se han realizado casi el doble de inspecciones
21 jun 2024 . Actualizado a las 18:45 h.La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha asegurado que la reforma de la Ley de Turismo es un «paso valiente y necesario» para que Asturias «siga siendo un destino de calidad, competitivo y sostenible» y para combatir la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional.
Así lo ha indicado este viernes durante su intervención en la ronda de comparecencias informativas en el parlamento asturiano sobre el proyecto para la modificación de la Ley de Turismo.
Llamedo ha explicado que el Gobierno autonómico ha realizado en lo que va de año 113 inspecciones de viviendas de uso turístico y ha emitido 53 propuestas de sanción, frente a las 62 tramitadas durante el pasado ejercicio.
En este sentido, ha alertado de que el crecimiento de la oferta de este tipo de alojamientos ha sido exponencial en los últimos años, a la par que la comunidad «va superando récord de visitantes».
«Hemos pasado de registrar una media anual de 250 pisos turísticos entre 2010 y 2019 a más de 600 en el periodo 2020 y 2024. Este incremento, además, ha dificultado el control y ha propiciado la proliferación de negocios ilegales, los que queremos vetar. Por eso, hemos intensificado los esfuerzos de inspección», ha enfatizado.
En su comparecencia, ha insistido que los cambios en la norma son necesarios para adaptarse a los tiempos actuales y ha recordado que están basados en el rigor y el diálogo con los agentes implicados.
«Este proyecto no solo mejorará la regulación de las viviendas turísticas, sino que también contribuirá a una mejor convivencia y a la protección de nuestro patrimonio», ha subrayado la vicepresidenta.
Sus objetivos pasan por incorporar con rango de ley las viviendas de uso turístico como una modalidad de alojamiento reconocida y regulada.
Asimismo, la ley regulará la inspección y el régimen sancionador, poniendo un énfasis especial en la lucha contra la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional.
«En un mundo cada vez más digitalizado, estas actividades se canalizan principalmente a través de medios electrónicos, y nuestra legislación debe estar preparada para enfrentarlas de forma eficaz», ha apuntado.
En este sentido, ha subrayado que la reforma de la norma conlleva una aceptación expresa de las comunidades de vecinos a efectos turísticos para que puedan operar estos negocios, «fortaleciendo el control local y garantizando que los intereses de los residentes sean escuchados y respetados, en línea con el modelo balear».
También se menciona expresamente en este proyecto de ley que ningún piso sometido a régimen de protección pública o protección oficial puede ser utilizado como vivienda turística, ha destacado.
Según ha explicado, la reforma mantiene el mero apercibimiento en el caso de las infracciones leves y conlleva también una actualización de las sanciones económicas por incumplimientos de la normativa, que aumentan más del doble en todos los tramos, con multas desde 150 euros 100.000.
Las sanciones más severas también pueden conllevar la clausura de los establecimientos, «enviando un mensaje claro sobre la importancia del cumplimiento de la ley», ha destacado Llamedo.
Todos los pisos turísticos deberán contar con un seguro profesional de responsabilidad civil y cualquier acción de comercialización, tanto en soporte físico como en canales digitales, deberá incluir el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado.
Además, la declaración responsable de cumplimiento de requisitos solo podrá tramitarse por vía electrónica, «lo que permitirá mejorar el control y seguimiento, abundando en el esfuerzo de esta administración por la simplificación de sus procedimientos»; informó EFE.