El noroeste forma un frente antipeajes para exigir el fin de su agravio viario
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Galicia, Asturias y León soportan el 27 % de las carreteras estatales de pago que hay en España
20 jun 2024 . Actualizado a las 21:58 h.En el 2026 la autopista vascoaragonesa AP-8 será gratuita tras 53 años de concesión. Antes incluso podrá quedarse también sin cabinas de cobro el tramo de la AP-7 que circunvala Alicante, veinte años antes del fin de su contrato a cambio de unos 307 millones y que la empresa pública que la gestiona deje de recaudar peajes.
Con la gratuidad de ambos viales, la Comunidad Valenciana, Aragón y La Rioja tendrán toda su red viaria gratuita, como ya le ocurre a Cantabria, Extremadura, Baleares, y Canarias. Solo quedan 77 kilómetros de pago en Andalucía, apenas un centenar en Cataluña y 150 en Madrid.
El noroeste, sin embargo (Galicia, Asturias y la provincia de León) soporta 446 kilómetros de pago repartidos en seis concesiones de autopistas que agravian a los habitantes de una de las esquinas con mayor carácter periférico del Estado.
Conscientes de clamor social contra esa desigualdad, los parlamentos autonómicos de las tres comunidades han aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos mociones para retirar los peajes de las autopistas más gravosos para sus poblaciones. El frente no coordinado pero que ha acabado por formar una ofensiva política desde el noroeste, tuvo en Galicia su epicentro con varias iniciativas en este mismo año que cristalizaron la semana pasada con la aceptación por parte de la mayoría del Congreso de los Diputados de convertir gratuita la AP-9, además de transferir su titularidad a la Xunta, como antes aprobó el Senado respecto a la AP-53 (Santiago-Dozón).
En sentido similar se manifestaron por unanimidad las Cortes de Castilla y León el 22 de mayo haciendo común una proposición de Unión del Pueblo Leonés- Soria Ya con la que se exige al Gobierno central que acabe con los peajes en la AP-66, añadiendo el PP que se haga lo mismo con la también vía de pago entre León y Astorga. El 11 de junio, el Parlamento asturiano secundó por su parte y sin fisuras reclamar la gratuidad en la AP-66 desde León a Campomanes. En su caso fue Foro Asturias la formación proponente, cuyo fundador, Francisco Álvarez Cascos, fue quien prolongó el contrato de la autopista en 29 años.
A las tres Cámaras les ha dado alas la resolución de la Comisión Europea que ve irregular la ampliación de las concesiones de la AP-9 y la AP-66. Galicia es además la comunidad con más kilómetros de peaje de España, pero a mayores el noroeste soporta el 27 % de dichos viales de pago.
La Comisión Europea mantiene que la prórroga de la AP-9 se extinguió en el momento que fue privatizada
La Comisión Europea no tiene ninguna duda sobre la ilegalidad que advierte cometió España al prorrogar hasta el año 2048 la gestión de la AP-9 y extender sus peajes otro cuarto de siglo. En una larga carta enviada por el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, al Gobierno de España, como segunda advertencia en el procedimiento de infracción abierto por la citada prórroga, se indica que la prolongación de la concesión hecha en el 2000 debió extinguirse tres años después, cuando José María Aznar privatizó la autopista.
El Gobierno comunitario estima que la excepcionalidad que siguió la Administración española, al prolongar el contrato sin concurso público ni publicidad alguna, exigía que a lo largo de toda la concesión no hubieran variado sus condiciones. Es decir, solo si Audasa hubiera seguido siendo pública Bruselas podría plantearse aceptar la tercera y más extensa de las prórrogas que han hecho que la AP-9 vaya a contar con peajes 75 años.
El comisario Breton indica, en el caso de la autopista gallega y en la asturleonesa AP-66, que al abrirse en el 2003 un proceso de venta de la empresa matriz de Audasa y Aucalsa, únicamente la publicación de una nueva licitación por el tiempo extra de contrato en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas habría proporcionado un grado suficiente de publicidad a la operación. Con ello podría haber emergido más ofertas y no ser aprovechada la prórroga solo por la compradora de ambas autopistas.
La Comisión Europea se fija en la AP-66 para subrayar el aumento de valor que supuso aumentar su período de explotación, al igual que ocurrió en la AP-9. Señala el comisario europeo que el Ministerio de Fomento estimó en 1999 que los 29 años añadidos en la autopista León-Campomanes agregaron un valor de 6.000 millones en precios actuales a la concesión, «más del 10 % de su valor inicial», especifica. «La prórroga cambió el equilibrio económico del contrato en favor de la concesionaria», añade.
Bruselas considera incoherentes las explicaciones dadas por la Administración española sobre las prórrogas de las dos autopistas. Primero, porque eludió a posta argumentar que dicha medida se hizo sin favorecer a ninguna empresa privada —una sentencia europea sobre un caso similar en Italia no aceptó ese argumento— y segundo, porque afirma que el Gobierno español ya había decidido privatizar esas autopistas antes de alargar su contrato. «El verdadero objetivo de la prórroga de las concesiones de la AP-9 por veinticinco años y de la AP-66 por veintinueve era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable». Bruselas ha detectado documentos de 1999 donde se avanza sobre el proceso de venta de la empresa matriz de las dos autopistas un año antes de que se prolongasen sus concesiones.