La Sindicatura de Cuentas publica un informe en el que advierte que no se cumplen las proporciones respecto a la población
30 may 2024 . Actualizado a las 12:10 h.El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha aprobado el informe de fiscalización sobre la planificación y ordenación de las oficinas de farmacia en el Principado correspondiente al ejercicio 2022, en el que pone énfasis en que la autorización para la apertura de una farmacia está sometido a las reglas de la oferta y la demanda y, sin embargo, en tres los de los principales núcleos de población de la comunidad, Oviedo, Gijón y Langreo, hay menos farmacias de las que debería haber por número de habitantes.
Entre los objetivos de los trabajos estaban verificar que las aperturas, los traslados de local, las modificaciones, los cierres y las transmisiones de titularidad de oficinas de farmacia se realizaron de acuerdo con los procedimientos, las condiciones y los requisitos establecidos por la normativa, así como analizar los procedimientos de control arbitrados en relación con las obligaciones legales respecto a las oficinas de farmacia.
La Sindicatura de Cuentas del Principado detectó incumplimientos «significativos» durante la fiscalización en 17 zonas farmacéuticas, correspondientes con las áreas sanitarias con cabecera en Oviedo, Gijón y Langreo, donde no se alcanza la proporción prevista de número de farmacias por módulos de población.
La Sindicatura de Cuentas realiza dos recomendaciones, una que la Consejería de Salud retomase y culminase en un breve plazo el proceso de desarrollo reglamentario de la ley de atención y ordenación farmacéutica, lo que permitiría concretar o desarrollar procedimientos y demás previsiones legales, facilitando así la gestión administrativa.
Adicionalmente, el órgano sugiere que la actual Dirección General de Planificación Sanitaria retome el programa de control de oficinas de farmacia con el fin de contribuir a un mejor y más eficiente cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en la norma, detectando, a su vez, puntos críticos que redunden en mejoras respecto a las oficinas.
Fiscalización de subvenciones
Por otro lado, la Sindicatura de Cuentas del Principado ha aprobado el informe sobre las subvenciones forestales del año 2022, en el que recomienda adoptar medidas e implementar mecanismos de control para agilizar la tramitación administrativa de las ayudas.
El Consejo de este órgano da el visto bueno al documento de fiscalización de regularidad sobre las subvenciones a las corporaciones locales y empresas para la ordenación y el desarrollo del bosque, para la defensa del monte contra incendios, y para el fomento de la industria agroalimentaria y forestal, ejercicio 2022.
Entre los objetivos estaban comprobar el grado de cumplimiento de la legalidad en las distintas fases del procedimiento de concesión, justificación, seguimiento y control de las subvenciones fiscalizadas, analizar el sistema de control y verificar el reflejo presupuestario de las subvenciones según los principios y normas de contabilidad pública.
La Sindicatura de Cuentas emite una opinión con salvedades a la fiscalización del ejercicio 2022, que dado el carácter plurianual de estas subvenciones extendió el análisis también a las tramitadas y concedidas en 2021.
Entre recomendaciones propone que en los expedientes de subvenciones en materia de ordenación y desarrollo del bosque para empresas y particulares quede constancia documental de la realización de los controles efectuados para verificar la no existencia de una doble financiación del proyecto a través de otros fondos recibidos.
Además apunta que el organismo gestor debería adoptar medidas e implementar mecanismos de control para agilizar la tramitación administrativa de las subvenciones intentando garantizar no sólo el cumplimiento en los plazos de resolución sino también dotar de celeridad a los procedimientos de control, revocación o reintegro que en su caso correspondan.
La Sindicatura advierte de que el bajo nivel de ejecución presupuestaria detectado en las subvenciones fiscalizadas, unido a la evolución interanual de la superficie forestal quemada, recomienda realizar una evaluación y seguimiento de las actuaciones que se vienen llevando a cabo en la política de defensa del monte contra incendios, de forma que permita optimizar la gestión de la actividad de fomento forestal; informó Efe.