La oposición azuza al gobierno mientras la consejera Roqueñí aduce que hay agentes sociales que no han nombrado a sus representantes
20 may 2024 . Actualizado a las 12:35 h.La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, que se había comprometido a presentar el documento de avance de las nuevas directrices comerciales en mayo, ha reconocido este lunes que no estará listo en este plazo, pero que siguen trabajando con los agentes sociales y económicos para tratar de elaborar un texto consensuado.
El documento de avance de las nuevas directrices sectoriales de comercio marcará las lineas a seguir para la modernización del sector y regular la apertura de grandes superficies comerciales, aunque su desarrollo normativo llevará meses y no estará concluido en ningún caso antes de que acabe el año.
La revisión de esta normativa ha sido objeto de polémica en los últimos meses a raíz de que el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, pidiese celeridad en su revisión para propiciar la instalación de una gran superficie de Cotsco en ese municipio, y de que el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, advirtiese de que la ordenación del sector no se iba a dejar en manos de las multinacionales.
El gigante estadounidense de la distribución planteó hace dos años una inversión de unos 40 millones de euros y la creación de más de 200 puestos de trabajo en el polígono de Bobes, en Siero, proyecto que se ve condicionado por las actuales directrices comerciales, que plantean límites a la apertura de tiendas de más de 2.500 metros cuadrados.
«Mayo se acaba, pero lo importante es formar una opinión mayoritaria sobre cómo afrontar las directrices de los equipamientos comerciales», ha señalado la consejera, que ha afirmado que sí va a reunir a los agentes sociales y económicos que integran el Consejo Asesor de Comercio antes de que acabe el mes.
Roqueñí, que ha comparecido este lunes ante la Comisión de Transición Ecológica del parlamento autonómico, ha incidido en que hay algunos agentes que aún no han nombrado a sus representantes y que siguen recibiendo aportaciones, por lo que habrá que «dar algo de margen» para poder elaborar un texto consensuado.
La consejera ha negado una vez más que haya disensiones en el seno del Gobierno a la hora de afrontar esta revisión normativa, cuestión que ha sido puesta en entredicho por PP, Foro y Vox, que han incidido en que hay un enfrentamiento claro en el Gobierno de coalición.
«Este es un único gobierno y las disposiciones que se aprueben serán del Gobierno. No busquen disensiones donde no las hay, de verdad», ha subrayado Roqueñí, que ha reconocido que las directrices vigentes desde 2010 son excesivamente complejas y que hay que adecuarlas a la ley de la oferta y la demanda tras un proceso participativo y un debate «sereno, abierto y plural».
Según Roqueñí, las nuevas directrices van a mantener la «hoja de ruta» que planteó hace dos años el Ejecutivo asturiano para su revisión con el fin de agilizar los procesos y aumentar la autonomía local a la hora de ordenar los equipamientos comerciales.
Normativa para el enfrentamiento
Desde el PP, Andrés Ruiz ha criticado que hayan pasado casi dos años desde que recibió el encargado de revisar estas directrices y se mostrado convencido de que «ha abierto en canal a la Federación Socialista Asturiana en una guerra entre sus alcaldes y el Gobierno del Principado», que tampoco es capaz de ponerse de acuerdo «porque tiene a un consejero que no cree en la revisión».
En su opinión, el grupo de trabajo planteado por el presidente, Adrián Barbón, para debatir los cambios de esta normativa responde a la necesidad de «tapar la pura y dura» realidad de un Gobierno «que se ha visto completamente zarandeado y es incapaz de ponerse de acuerdo».
Para el diputado de Foro Adrián Pumares, los asturianos «no pueden sufrir las discrepancias que haya en el seno de un Gobierno» en el acuerdo para la revisión de esta normativa, visión compartida por el portavoz de Vox, Gonzalo Centeno, que no cree que sean capaces de aprobar los cambios antes de que acabe la legislatura.
Frente a la posición de estas tres formaciones, la diputada de IU, Delia Campomanes, ha señalado que estos cambios no deben hacerse con «prisas innecesarias» y sí contando con el sector y los agentes sociales, y ha advertido de que su grupo quiere unas directrices que impidan que las multinacionales puedan asentarse donde les de la gana.
«Solo quieren hacer ver que el gobierno de coalición está enfrentado, pero las dos consejerías dicen lo mismo desde el principio y solo hay trabajo coordinado, diálogo, participación, búsqueda de consenso, escucha activa y búsqueda de que todos los pasos sean garantistas», ha afirmado la socialista María Esther Freile; informó EFE.