El nombre de Talgo está en las bocas de mucha gente en Asturias las últimas semanas. Después de que la empresa dejara en el aire la fecha comprometida, antes de que se cerrara el primer trimestre del año, para la entrega de los trenes Avril, tanto el Gobierno del Principado como los agentes sociales se han lanzado a reclamar compensaciones pero también explicaciones sobre lo que ocurre en el seno de la compañía. Talgo se encuentra con una opción de compra en el horizonte y ofrece señales contradictorias según el interlocutor sobre su capacidad de producción. Al Ministerio le dice que está afectada y los accionistas que no lo está. El Ejecutivo asturiano reclama saber a qué versión hay que atenerse.
Todavía la pasada jornada el ministro de Transportes, Óscar Puente, se negaba ya asumir una fecha precisa en el calendario y se encomendaba a que «el retraso sea lo más corto posible, nuestra prioridad ahora es que Talgo culmine las pruebas con éxito y podamos ponerlos en servicio». En su comunicación a los accionistas más recientes, la empresa asegura que tiene prevista la puesta en servicio de los trenes en el primer cuatrimestre de 2024, es decir, un mes más tarde, o al menos con ese margen de entrega, respecto a lo anunciado por el Ministerio. Pero el ministro no parece tenerlo claro.
Talgo asegura también en ese documento que las posibilidades de tener que afrontar una penalización «son remotas» ya que según dice, Renfe no ha iniciado ningún procedimiento en este sentido. No se trata de una cifra menor sino que asciende a 116 millones por penalizaciones de contrato y otros 50 por lucro cesante. La cuestión es que se ha especulado en la prensa económica con la posibilidad de que ya se esté preparando que la nueva propiedad asuma esa multa en el caso de que se consoliden la opción de compra planteada por los húngaros de Ganz-MaVag Europe Zrt.
Según recogió el diario Cincodias, esta empresa húngara es propiedad de András Tombor y su ambiciosa oferta alcanza los 632 millones de euros (5 euros por acción), pero la publicación también advierte de que en ese precio podrían tener que añadirse los más de 100 millones de sanción si Renfe pone en marcha el proceso para exigir las cláusulas referentes al incumplimiento de plazos de entrega. En los últimos meses -porque las demoras se vienen arrastrado ya desde el año pasado- Talgo se ha excusado aduciendo que conflictos internacionales han afectado al movimiento de materias primas y, de esa forma, a su producción de ferrocarriles. Pero no es la única arista geopolítica en esta cuestión, el mismo diario señala que el Gobierno español ve con suspicacia la OPA húngara y señala que «el Ministerio de Industria califica a Talgo como estratégica, y en La Moncloa se analizan posibles vínculos de la opa con el Gobierno de Víktor Orban o incluso con el capital ruso».
Los precedentes de Talgo no son buenos y podría empezar a recabar fama de empresa incumplidora, la Lacmta (Los Angeles Metropolitan Transit Authority), el órgano gestor del transporte metropolitano de Los Ángeles (EE.UU.) extinguió unilateralmente en mayo del 2022 un contrato de 90 millones de dólares para la modernización de 74 coches del metro de la ciudad californiana que había firmado con la compañía. La rescisión se justificó por incumplimientos de la empresa española en los plazos de entrega y en los trabajos que se debían realizar en el material rodante.