Europa repiensa el control de la siderurgia: Italia nacionaliza su mayor acería y Alemania despliega ayudas millonarias

La falta de claridad por parte de ArcelorMittal a la hora de comprometer la puesta en marcha efectiva de los proyectos de descarbonización de sus plantas en Asturias traen de cabeza a todos los niveles de la administración (Europa tiene aprobados más de 450 millones de euros para estas iniciativas) y todavía en el pleno de este miércoles, el presidente asturiano, Adrián Barbón, defendía las negociaciones que se llevan a cabo con la compañía resaltando: «No renunciaremos a que Asturias siga teniendo siderurgia integral». Apenas hace unas semanas que Barbón desautorizó la propuesta del responsable socialista en Gijón, Monchu García, de poner una nacionalización sobre la mesa, pero lo cierto es que acciones así están ocurriendo ya, de facto en la UE, y Alemania, la gran potencia industrial del continente, va a lanzar un potente programa de ayudas públicas de más de 4.000 millones de euros para las compañías se acojan a estos programas de transición energética.

ArcelorMittal tiene en fase de ingeniería el horno híbrido de arco eléctrico que sustituirá a la acería de la planta de Veriña que, con una producción anual prevista de 1,1 millones de toneladas, permitirá descarbonizar la división de Productos Largos, dedicada a carril y alambrón. Pero continua sin comprometerse con el proyecto para la sustitución de uno de los altos hornos de Gijón por una planta de reducción directa de mineral de hierro (DRI), inversión central para la producción de acero verde con el uso de gas o hidrógeno.

Proyectos similares y de la misma empresa sí se han confirmado en Francia. Pero la primera diferencia está en el control de la tarifa eléctrica que puede permitirse el gobierno galo que mantiene parte de la propiedad, y así el control, de EDF y puede hacer ofertas a la carta si considera que es una cuestión de Estado. En el caso de Asturias al terminar el mes pasado la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) reclamó al Gobierno de España un precio de energía estable y competitivo, así como una regulación favorable a la industria electrointensiva.

Nacionalización en Italia

Lo que aquí en Asturias se consideró algo herético se está poniendo en práctica, no sin polémica, en la Italia de Meloni. El Estado italiano puso este martes en régimen de administración extraordinaria la acerería de la ciudad de Taranto (sur), la mayor de Europa, tras los desacuerdos con su gestora, la siderúrgica ArcelorMittal, que posteriormente anunció su salida del capital de la compañía.

Hasta ahora la planta estaba controlada por ArcelorMittal, que la adquirió en el 2018 con la promesa de sanearla e impulsarla, y que en el 2021 se alió con el Estado italiano, que posee el 38 % de su capital a través de Invitalia, el ente para las inversiones públicas.

El Gobierno de Giorgia Meloni, y los anteriores, han preferido mantener la acerería abierta por considerarla estratégica, pero también por el enorme coste social que supondría su cierre, pues en ella trabajan alrededor de 10.500 personas en un territorio poco industrializado.

La intervención del Estado llega después de meses de negociaciones entre el Gobierno y el coloso siderúrgico, el último el pasado 8 de enero, zanjado con desacuerdo sobre los planes para garantizar la operatividad de esta importante acerería.

Las millonarias ayudas de Alemania

La transición energética no es sencilla y lo cierto es que países que la década pasada abanderaban la austeridad ajenas se han lanzado de lleno a la intervención para favorecer sus programas industriales. La publicación especializada El periódico de la energía, recogió que se incentivarán los programas de descarbonización con un fondo de 4.000 millones de euros y sólo en la primera convocatoria.

«El dinero no se pagará de una sola vez, sino a plazos a lo largo de los 15 años de vigencia de los contratos de protección del clima. En esta primera ronda, se fijará un límite máximo de financiación de 1.000 millones de euros por solicitud, para garantizar que los proyectos más pequeños y medianos también puedan beneficiarse. El Ministerio tiene previsto destinar más de 20.000 millones de euros a contratos de protección del clima en cuatro rondas de licitaciones en los próximos años», señaló la publicación que añadió además que, a falta de una normativa específica en la legislación germana, los proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CCS) no podrán competir en las subastas.

La Declaración de Amberes

Los lobbies también mueven ficha.  Esta misma semana 57 directivos de las principales empresas de la industria básica del continente se reunieron con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen y al primer ministro belga, Alexander de Croo, que ostenta la presidencia del Consejo de la UE para entregarle en mano su Declaracíón de Amberes una petición que a grandes rasgos reclama abaratar la energía, reducir la carga burocrática y promover la financiación de tecnologías limpias. «La respuesta no es descarbonizar desindustrializando» dijo en la cita Jim Ratcliffe, presidente del gigante químico Ineos Group.

Y es que en ese grupo de presión que se plantó en Bruselas están patronales de varios países pero también el consejero delegado de Arcelor en Europa, Geert van Poelvoorde, pero también de DuPont, Chemours, Bayer, TotalEnergies o Repsol.

En su comunicado señalan que como algunas de sus propuestas destacadas la «integración del Pacto Industrial de la UE en la Agenda Estratégica Europea más amplia, la racionalización de la legislación y la simplificación del marco de ayudas estatales. Asimismo, hace un llamamiento para transformar Europa en un líder mundial en el suministro de energía abundante y asequible con bajas emisiones de carbono mediante alianzas estratégicas e infraestructuras sólidas, junto con un mayor apoyo a los proyectos de la UE. Hace hincapié en la necesidad de garantizar la autosuficiencia de las materias primas, fomentar la demanda de productos sostenibles e impulsar la innovación».

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