Volvemos a estar en campaña electoral, concretamente en la vecina Galicia, aunque seguro que estos comicios tendrán relevancia estatal. Hay dos figuras políticas destacadas a nivel nacional (Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz) que se disputan mucho en su tierra. El primero necesita mantener el poder absoluto sin depender de Vox y la segunda recuperar aquellos votos que quedaron huérfanos con la desaparición de las llamadas ‘mareas’. En un campo intermedio juega Pedro Sánchez, porque si las encuestas no están erradas, el BNG seguirá liderando la oposición en el parlamento gallego. La crisis de los microplásticos da la sensación que ha pasado a un segundo plano y ahora toda la atención se centrará en ver si el PP consigue mantener, al menos, 38 de los 75 escaños en juego.
Todos los escenarios están abiertos porque no hay sondeos que determinen una holgada mayoría absoluta para Alfonso Rueda (y si eso no se produce, el cambio en la presidencia de la Xunta será más que evidente). Al mismo tiempo que se desarrolla esta campaña electoral seguirá coleando las negociaciones para sacar adelante en el Congreso la ley de amnistía. A Junts no le sirve el texto si no es «integral», que viene a ser (simplificando mucho) que si Puigdemont no entra dentro de los supuestos que le permitan volver a Catalunya, seguirá votando que no (dentro de quince días, junto al PP y Vox). El PSOE ha sabido actuar siempre con valentía, aun asumiendo grandes riesgos (creo que ha sido el secreto por el que este país ha salido siempre adelante a pesar de los agoreros). No obstante, reconozco que el martes sentí una enorme preocupación por la inestabilidad parlamentaria.
En juego está la aprobación de los presupuestos de 2024 y, en definitiva, poder agotar la legislatura hasta 2027. Me resulta difícil medir interna y externamente en el PSOE el desgaste de desjudicializar el ‘procés’, y más viendo que el partido ha llegado hasta donde ha podido (para que el texto de la ley sea plenamente constitucional y no lo tumbe la justicia). Por ahora, ese sacrificio lo ha frenado, paradójicamente, el partido político que precisamente exigió la tramitación urgente de esta norma. Hay cosas que son difíciles de entender, de explicar y hasta de defender. Y, por cierto, la alternativa no pasa por una ‘Große Koalition’ a lo alemán, porque si llevamos cinco años sin poder renovar el Consejo General del Poder Judicial y ha habido que ir a Bruselas a ver si hay manera de desbloquearlo, a mi juicio es ejemplo más que suficiente de la imposibilidad de un acuerdo de gobierno de los dos grandes partidos de España (cabría un montón de ejemplos más, ya que ambos son muy diferentes ideológicamente).
Poco antes de empezar las navidades estuve con mi madre y con mi padre unos días de descanso por el pirineo aragonés. En una de las excursiones que hicimos estuvimos en Lourdes, que me llamó poderosamente la atención que un lugar tan importante para el catolicismo estuviera prácticamente vacío en esas fechas. No se quedaron ahí las sorpresas, porque desde que entramos en Francia nos llamó mucho la atención ver las señales indicativas de las localidades al revés por donde pasaba la carretera.
Buscando información en internet me enteré que era un modo de visibilizar las críticas por parte de los agricultores. Las protestas se han ido intensificando desde entonces, con el bloqueo de carreteras y autovías y, en muchos casos, con lamentables y vergonzosos ataques a la mercancía de los camioneros españoles, especialmente los que transportan frutas y verduras (se estiman que ya se superan los 12.000 millones de pérdidas diarias). El gobierno galo ha asumido como propia la versión de los manifestantes acusando a países como España de competencia desleal (consideran que en otros lugares no se aplican las mismas restricciones fitosanitarias), algo que rápidamente ha desmentido el Ministro de Agricultura, Luis Planas.
La verdad es que cualquiera que haya vivido en Francia sabe que es un país dado a las huelgas y a las movilizaciones, que sin lugar a dudas es una manera de luchar por los derechos y las reivindicaciones laborales y sociales, pero en el caso que nos ocupa se está traspasando límites que como europeos no podemos tolerar. A esto se une que la ultraderecha está cada vez más incidiendo e influyendo en el ámbito rural y está participando y apoyando activamente las movilizaciones que se están realizando no solo en Francia, sino también en Bélgica y Alemania, ejerciendo de oposición frontal a la agenda 2030 y al cumplimiento de los objetivos climáticos y políticas industriales ecológicas. En juego están las elecciones europeas (a celebrar entre el 6 y el 9 de junio), que esperemos que para esos meses las aspiraciones de la extrema derecha de mejorar resultados no se cumplan.