El gobierno municipal de Oviedo trató de tramitar el plan previo tras los resultados de las elecciones generales
14 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La segunda semana del año se fue cerrando con un anuncio largamente demorado. Tras muchas idas y venidas, debates y protestas, el Ayuntamiento de Oviedo ha sometido a información pública el «Convenio urbanístico entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo para la reordenación urbanística y puesta en valor de la Fábrica de Armas de La Vega»; esto es, el tan esperado acuerdo para darle uso a unos valiosos terrenos en el corazón de la capital y que han sido campo de batalla de las esperanzas y deseos de los ovetenses sobre el desarrollo de la ciudad.
Costó sacarlo adelante y ha sido polémico hasta el último minuto. Es un tenso tira y afloja de intereses del Ministerio de Defensa (propietario de los terrenos), la administración autonómica (que adquirirá la nave de cañones) y el consistorio que debe desplegar el desarrollo urbanístico. Se aprobó con el apoyo de todos los grupos municipales, salvo Vox, que se abstuvo, y los partidos de izquierdas, que prometieron que venderían caro este respaldo, han asegurado que en proceso que aún queda para ponerlo en marcha se podrán introducir muchas mejoras. El gobierno municipal, del PP, trató de apurar los plazos y metió muchas prisas, más en realidad de las que ha reconocido públicamente.
Pero para conocer la intrahistoria de cómo se aprueba este convenio de La Vega hay que remontarse a otro diciembre, al de 2022 cuando el anterior gobierno municipal de Oviedo (con ya Alfredo Canteli de alcalde pero con Ignacio Cuesta todavía en coalición como coordinador de Ciudadanos), tras la firma del primer protocolo con Defensa, presenta sus primeras ideas para la renovación de la fábrica de armas, unas imágenes -con un «rascacielos», una torre de 25 plantas y la autopista atravesando las naves- que pusieron en pie de guerra a varios colectivos sociales.
Se inició entonces un intenso debate político que debía atravesar además dos hitos electorales, los comicios locales (que se celebran en mayo como estaba previsto, y que en Oviedo se zanjaron con una contundente victoria del PP con mayoría absoluta y sumando a sus filas a Ignacio Cuesta); pero también unas elecciones generales que no se celebraron en la fecha prevista (lo normal hubiera sido convocarlas para finales de año y Pedro Sánchez las adelantó al 23 de julio) y tampoco tuvieron el resultado que se esperaba en el Ayuntamiento de Oviedo, que daba por seguro que Alberto Núñez Feijoo se sentaría en La Moncloa.
En medio de ambas llamadas a las urnas desde el Gobierno central se anunció un gran plan de para impulsar la vivienda pública. Dentro de ese proyecto se recogía la posibilidad de utilizar suelo público como los terrenos en desuso del ministerio de defensa en línea con la operación campamento de Madrid. Y es aquí donde la Presidencia asturiana ve su oportunidad, Adrián Barbón llamó a Pedro Sánchez directamente para manifestar su interés de introducir la fábrica de La Vega en la órbita de esta iniciativa.
El 25 de abril se anunció el plan estatal, el 28 de abril el entonces consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, mantuvo una reunión con el Secretario de Estado David Lucas en el Ministerio de Transportes (se estaba apremiando entonces, en otros asuntos, la Variante de Pajares) en la que certificó que los terrenos De la Vega estaban incluidos en el expediente que se tramitaba para su aprobación en Consejo de Gobierno. Ese acuerdo llegaría el 9 de mayo, se aprobó en ese Consejo de Ministros, e incluía dos cambios notables: sería el Principado quien gestionaría la construcción y venta o alquiler de esta vivienda pública (alrededor de un millar de viviendas), y también se abría la puerta a que no tuvieran que estar en los terrenos de la fábrica de armas. Es decir, el Ayuntamiento de Oviedo puede ceder otros terrenos fuera de la Vega, rebajar así la edificabilidad en la antigua fábrica de armas, e impulsar en otros barrios de la capital la promoción dela vivienda pública.
Esto gustó especialmente en la AMSO, en la agrupación socialista local. El cambio era sustancial, antes de mayo el reparto de vivienda en La Vega (que es con lo que paga a Defensa) era 30% pública y 70% de promoción privada. Ahora sería 100% pública, y hay varias modalidades, no sólo viviendas de protección oficial sino, por ejemplo, de alquiler bonificado para jóvenes. Toda ella pública y además con la posibilidad de sacar esa edificación de La Vega y trasladarla a los barrios de Oviedo que más lo necesiten. Principado y AMSO aseguran que trabajaron de forma coordinada para hacerlo así.
Hubo aquiescencia inicial del gobierno municipal conservador porque fiaron su apuesta a que Sánchez no renovaría el gobierno en La Moncloa y el plan de vivienda 100% pública quedaría abandonado y se podría regresar a su proyecto inicial con mayoría de promoción privada. Pero lo cierto es que Feijoo no sumó una mayoría suficiente, sólo unos días después de los comicios, el 25 de julio, intentó iniciar la tramitación del convenio en los términos de 2022, y lo llevó a la Comisión del Ayuntamiento entre las fuertes críticas de los grupos de la oposición.
Este intento fue frenado desde el Ministerio de Defensa, por parte de la propia ministra Margarita Robles después de una conversación telefónica con Adriana Lastra. Tras esa llamada hubo unas sesiones de trabajo entre el consejero Alejandro Calvo y la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la que, entre otros aspectos se estableció la eliminación de las construcciones de mayor altura como la torre de 25 plantas antes anunciada y también la conservación de los chalés.
No fue hasta el 28 de julio cuando el equipo de Gobierno municipal de Oviedo desistió de tratar de colar el proyecto anterior, tras varios días de intensos cruces de llamadas y correos electrónicos con Defensa.
Desde esa fecha se sucedió en España una investidura fallida por parte de Alberto Núñez Feijoo y la renovación de la presidencia de Pedro Sánchez con un acuerdo de investidura que tuvo que incluir a Junts. Tas recabar todos los informes preceptivos, el 28 de diciembre de 2023 se aprueba el Convenio De la Vega.
Lejos de ser una historia concluida todavía está en sus inicios, primero con las consultas públicas, las catas arqueológicas que no se han llevado a cabo en los terrenos y las modificaciones que puedan llevarse a cabo.