Este año finaliza el plazo prorrogado dado para poner en marcha esta iniciativa en los municipios de más de 50.000 habitantes
03 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Apenas una veintena de los 151 municipios españoles que, según la Ley de Cambio Cimático aprobada en 2021, están obligados a tener Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) las tienen operativas. El resto, aún tendrían por delante otros seis meses después de que hace un año, cuando supuestamente ya tendrían que haber estado en marcha en todos los municipios de más de 50.000 habitantes y en aquellos de más de 20.000 con altos niveles de contaminación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico diera un plazo de 18 meses para que los tiempos no fueran tan ajustados.
Esta medida, impulsada con fondos europeos para favorecer una movilidad sostenible que además ayude a reducir las más de 300.000 muertes prematuras que se producen al año en la Unión Europea —unas 30.000 en España— debido a la mala calidad del aire, consiste en establecer áreas urbanas restringidas a vehículos contaminantes, en base a los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).
A la vista del poco éxito en su implantación un año después de que se prorrogara el plazo, queda claro que poner en marcha las zonas de bajas emisiones, por diversas razones incluidas las ideológicas, está siendo todo un hito. Hasta tal punto que el Defensor del Pueblo tomó cartas en el asunto y emprendió acciones contra una treintena de ciudades, entre ellas Gijón, por los retrasos en planes que incluso ya tenían concedidos fondos europeos para su puesta en marcha.
Gijón, donde continúan las obras de la ecomanzana de La Calzada en la que debería implantarse una primera zona de bajas emisiones para la que se habían concedido unos 7 millones de euros, se situaba en esa investigación del Defensor del Pueblo entre las ocho ciudades que estaban suspendiendo o dando marcha atrás a lo ya avanzado en esa tramitación.
Desde el Ayuntamiento de Gijón, tras el cambio de color político, se ha reafirmado el compromiso con la movilidad sostenible, pero es cierto que el gobierno actual de la ciudad, formado por Foro y PP tras la ruptura con Vox, decidió no recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anulaba la ordenanza de Movilidad por la insuficiencia de sus informes económicos y, con ello, volvió a estar en vigor la antigua norma de 2002, pudiendo aparcar de nuevo los vehículos sin distintivo ambiental en la zona ORA. Otro logro en favor del coche particular, en un momento en el que las ciudades tratan de afianzar esa movilidad sostenible recuperando por ejemplo espacios para los peatones, fue devolver a su estado original el tráfico rodado en el Muro de San Lorenzo.
Según se explicó en su momento desde el gobierno local, con la decisión de no recurrir la anulación de la ordenanza de movilidad, «Gijón da un paso hacia adelante y converge con la normativa europea, no estableciendo ninguna restricción general en todo el municipio contra los vehículos a combustión ya en circulación que cumplen las normativas de emisiones vigentes. Hay que recordar que la Unión Europea solamente prohíbe la fabricación de vehículos a combustión a partir de 2035 pero mantiene los derechos de circulación y estacionamiento a los fabricados con anterioridad».
Sea como fuere, habrá que ir viendo cómo avanzan —en estos seis meses que aún tienen de plazo los municipios de más de 50.000 habitantes— los trabajos y los planes aún pendientes para poner en marcha una zona de bajas emisiones en Gijón sin perder los siete millones de euros ya consignados para sus diversas actuaciones. Por lo pronto, recientemente se autorizaba el contrato programa con la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa) para instrumentar la ejecución de actuaciones en la zona de bajas emisiones de La Calzada y se viene trabajando en el desarrollo de una ordenanza específica para zonas de bajas emisiones.
Al igual que en Oviedo, donde el gobierno local tiene previsto que su primera zona de bajas emisiones -situada en el entorno del campo de San Francisco y el Antiguo- entre en funcionamiento en junio de 2024, justo cuando se cumpliría ese plazo de 18 meses que empezó a contar en enero de 2023. En septiembre, explicaban de hecho que se estaban finalizando los pliegos para la contratación de la asistencia que defina determinadas «actuaciones esenciales» y las restricciones ambientales para constituir esa primera ZBE, que también tenía consignados unos 7,4 millones de euros de fondos europeos. Mientras tanto, son varias las localidades españolas que también tienen previsto reforzar a lo largo de este año las restricciones ambientales a través de la puesta en marcha de zonas de bajas emisiones que se están haciendo de rogar...