No tenía ninguna duda desde la noche del 23 J que habría investidura de Pedro Sánchez y Gobierno de coalición PSOE-SUMAR, sabiendo que la aritmética numérica, aun en unas circunstancias muy complejas daba para ello.
Otra mucha gente veía imposible tal posibilidad y hasta ya se ponía nueva fecha para una repetición electoral el próximo mes de enero. Seguramente, porque desconocían la ambición de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para repetir un nuevo Gobierno progresista sin PODEMOS, algo en lo que llevaban trabajando desde hacía dos años, añadido a ello, la situación de los partidos nacionalistas, los cuales obtuvieron también unos malos resultados el 23J, pero ante la cercanía de las próximas citas electorales en algunos de sus territorios, no podían apoyar un Gobierno de extrema derecha PP-VOX.
El pasado 4 de octubre, en este mismo medio, publicaba el artículo Iniciando el camino hacia una legislatura perdida, algo que también opinan miles de ciudadanos y ciudadanas a tenor de los acontecimientos políticos que estamos viendo. Los peores desde la transición democrática. Pero no solamente por las protestas de la ultraderecha contra la amnistía, con la que estoy de acuerdo, aunque debo decir que es una amnistía discriminatoria, porque en este país hay muchos procesos judiciales abiertos, además de los del procés, y condenas pendientes de colectivos, sindicales, culturales, sociales y laborales, que no se van a beneficiar de ninguna amnistía, con una ley mordaza que tampoco parece que se va a derogar. Sino porque los acuerdos firmados con todas las fuerzas políticas que dieron el apoyo a la investidura de Sánchez, parecen muy difíciles de cumplir y de poder gestionar con garantía en un ambiente tan hostil y semejante galimatías.
En este contexto, está por ver también la situación que se va a producir en las distintas comunidades autónomas, cuáles van a ser las más beneficiadas o perjudicas en función de los acuerdos pactados con tantas fuerzas políticas, algunas de ellas de derechas como Junts y PNV, algo que produce una desconfianza enorme en todo el electorado progresista.
No pretendo analizar en esta opinión todos los acuerdos alcanzados para el apoyo a la investidura de Sánchez, lo voy hacer desde el firmado por PSOE-SUMAR, porque es el pacto del denominado Gobierno de Coalición, el que más nos va afectar de manera colectiva en el desarrollo de nuestras vidas y derechos.
Hablemos de Sumar, en este caso, de su líder Yolanda Díaz, en cuya campaña quedaron al descubierto todas las costuras políticas en cuanto a sus intenciones, las cuales se pusieron ya de manifiesto en el debate previo a la cita electoral y la misma noche del 23J, donde se veía claramente el objetivo de querer repetir como vicepresidenta, colaborando con Pedro Sánchez en la estrategia de expulsar del nuevo gobierno al socio más beligerante PODEMOS, y que ninguna de sus ministras volviera a pisar un ministerio, ni pudiera hacerle sombra en este nuevo recorrido, rodeándose de personas que sabe de su docilidad y ambición para subir peldaños en el escalafón político, para que ella pueda hacer y deshacer a su antojo acercándose así a las peores tesis del bipartidismo y el neoliberalismo.
El proyecto estrella que se vende a la ciudadanía para la próxima legislatura, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas para el primer año de legislatura y a 35 en el resto, es un insulto a la inteligencia y un engaño a toda la clase trabajadora, conociendo los mecanismos que tiene la clase empresarial para no reducir la jornada. Esta propuesta, cuando en miles de centros de trabajo se hacen jornadas de 10 y 12 horas y sin medios legales como dice la propia inspección de trabajo para controlar estos abusos, es imposible de realizar. Si la vicepresidenta lo quiere comprobar lo tiene bien sencillo dándose una vuelta por los astilleros del Ferrol, su tierra natal y pregunte a los trabajadores de la industria auxiliar, por poner un ejemplo cercano a ella, pero en cualquier centro y lugar de trabajo ocurre lo mismo.
El resto del acuerdo, solo contempla letra sin concreciones, las clásicas de, haremos esfuerzos, intentaremos, plantearemos, trabajaremos, lucharemos, avanzaremos, buscaremos acuerdos con los agentes sociales, con la patronal que ya dijo por activa y pasiva que no van asumir el costo de la reducción de la jornada laboral etc. Sin embargo, en este acuerdo se olvidó de algo tan importante y evidente, como la derogación de la ley mordaza o, la reforma laboral, que son un clamor popular, imprescindibles en un mundo de progreso, democrático y con derechos, algo que en la legislatura anterior quedó sin resolver con el argumento de la pandemia. Hay que recordar que el despido objetivo en nuestro país con 20 días de indemnización por año trabajado y 33 el improcedente, sigue siendo excesivamente barato para las grandes empresas que despiden a placer.
En mi opinión y en lo que muchas personas perciben, junto a la decepción acumulada de que estas medidas sigan aun en vigor a finales de 2023, con casi un cuarto del siglo XXI agotado, es muy difícil de digerir, al menos para la gran mayoría que sufren sus consecuencias. El acuerdo entre PSOE y SUMAR, es tremendamente decepcionante si lo comparamos con el firmado en 2019 como se puede ver en los enlaces de ambos acuerdos, ya que en el actual no se percibe nítidamente que vaya a deparar grandes avances en la vida de la gente, precisamente en el momento que más se necesita. Se deberían de proteger claramente por parte de quien va a gobernar los derechos de miles de personas y familias que las están pasando canutas para sobrevivir en una sociedad donde los abusos de los que controlan todo el poder económico son cada vez mayores, auspiciados aún más por el crecimiento de una extrema derecha que busca desesperadamente volver a tiempos de convertir la necesidad en miedo y sumisión, con una sociedad atemorizada y arrodillada a sus imposiciones de esclavitud. Un gobierno progresista tiene que legislar contra la infamia golpista que se está produciendo y el acuerdo referido parece más bien un problema que una solución que nos vaya a situar a la cabeza de Europa, si también lo comparamos con los avances en materia social con otros países de la UE.
Como era sabido, tras la investidura se decidiría el nuevo Gobierno de coalición, el segundo de toda la historia política de este país. Un gobierno que, en mi opinión, surge en unas condiciones inferiores al anterior en el cual se cambian algunos nombres, y el PSOE gana terreno para recuperar las políticas de siempre, como cuando gobernaba con mayorías absolutas o con apoyos puntuales. Políticas económicas que nunca se diferenciaron en gran medida de las del PP, mientras el bipartidismo gobernó este país.
Hoy, con la colaboración de Yolanda Díaz, Pedro Sánchez vuelve a «dormir tranquilo». Seguro que a nadie se nos olvida aquella frase cuando dijo que jamás lo podría hacer con PODEMOS en el gobierno, fue a una nueva repetición electoral y al final tuvo que aceptarlo para poder gobernar, algo que marcó un hito en la historia de este país, no solo porque se consumaba un gobierno progresista, sino porque también se acababa con una larga etapa de bipartidismo y de mayorías absolutas.
A Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez, que, por fin, y tras un duro trabajo consiguieron expulsar a Podemos del Gobierno, y se las prometen muy felices gobernando original y fotocopia, deberían decirles algo los resultados en Argentina y el acecho del fascismo a las instituciones. Ello sí les debería quitar el sueño, porque van en serio y no es una cuestión solo de investir y gobernar a cualquier precio debilitando la confluencia social e institucional, se trata también de pensar en consecuencias futuras, que sin duda las habrá.
Desde el PSOE jamás se ha visto a PODEMOS como su socio prioritario, sino como su principal enemigo, por eso necesitaba un espacio a su izquierda con una imagen más moderada y dócil para tejer un plan de liquidación, aun siendo el partido más potente dentro del espacio SUMAR.
No parece muy ético ni democrático que todas las decisiones en SUMAR por parte de Yolanda Díaz se hagan al margen de las bases, sin primarias y todos los nombramientos hayan sido a dedo. No parece lo más apropiado debilitar un gobierno de coalición en un momento político tan adverso, en el que se deben de tomar decisiones importantes y valientes. Hoy nadie puede negar vetos palmarios a personas sin contar con la opinión de las bases, incluso intentando poner nombres para entrar en el Gobierno, como en el caso de Nacho Álvarez, por parte de SUMAR, sin contar con el partido al que decían que pertenecía, poniendo como condición, la sumisión y el silencio ante todas las decisiones que se tomen en el parlamento y en el gobierno. Es decir, tragar por todo.
Al final, objetivo cumplido por parte de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, con la composición del nuevo gobierno sin PODEMOS y sin dos ministras como, Ione Belarra e Irene Montero, en el que ambas han tenido un papel destacado en los logros conseguidos en la última legislatura, pese a las campañas mediáticas sufridas. El PSOE vuelve a recuperar el control total del Gobierno y el ministerio de igualdad, colocando a Ana Redondo exconcejala del ayuntamiento de Valladolid a la que no se le conoce ninguna vinculación ni reivindicación reseñable en los logros de todo el movimiento feminista, cuando en esta última legislatura se consiguió que España ocupara por primera vez el cuarto puesto en igualdad de género en Europa y en los avances de los derechos feministas, con la ahora vetada Irene Montero.
Dejar por parte de Sumar fuera del gobierno, de las portavocías, amordazar, invisibilizar y dejar sin voz al partido de la coalición, frente al resto de partidos, los cuales sumándolos todos tienen 10 veces menos militantes que podemos, los sitúa en un enorme problema de legitimidad democrática, además de ser más débiles ante un reto tan complicado. Valga como ejemplo las consultas a la militancia, donde en la última para la investidura de Sánchez, en podemos participaron 55.372 militantes, mientras que en IU lo hicieron poco más de 4.000, y esta es la verdadera explicación porque en Sumar nunca se celebran primarias ni consultas a la militancia y todos los nombramientos y decesiones se hacen de una forma tan poco clara, democrática y nada garantista.
Todo el mundo piensa que el grave problema para sacar adelante esta legislatura es la amnistía a miembros del procés. Eso es tan solo la disculpa para tomar las calles la extrema derecha, arrastrando a otra gente que, sin serlo pueden estar en contra de esta medida. El verdadero problema va a ser el que nos va a tocar sufrir a los de siempre a la hora de aplicar medidas sociales y sacarlas adelante.
Estoy pensando cuando toque debatir y aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, con mayorías en casi todas las comunidades del PP. Sanidad, donde las competencias están transferidas también a los territorios; vivienda, educación, pensiones, servicios públicos que pueden caer en manos de la gestión privada, reducción de jornada laboral, carestía de la vida, subida del IPC, etc.
No cabe duda que con todo lo acontecido estamos en el inicio de una legislatura que puede ser un verdadero infierno. No estamos para sacar pecho con la unidad de la izquierda, ni como demócratas ejemplares, habida cuenta que la mayoría social nunca puede participar de las decisiones importantes que nos afectan y sabiendo como hemos llegado hasta aquí, solo nos cabe pensar en Argentina y en la amenaza mundial del fascismo y cruzar los dedos para que no se produzca una nueva convocatoria electoral antes del final de este mandato, y ello solo se consigue gobernando con el pueblo y para el pueblo y no para el Ibex 35, Florentino, Botín y toda la jarca de explotadores insaciables que actúan como auténticos lobbies, controlando todo el poder económico, imponiendo un modelo social basado en la esclavitud de la gente.
Necesitamos realidades con un gobierno fuerte al que no le tiemble el pulso a la hora de tomar decisiones, que nos lleven a la dirección correcta y no con un GPS, que nos engañe durante el recorrido sinuoso que ahora nos toca realizar.