La mujer contrató servicios por un importe de más de 1.000 euros, ahora tiene que pagar una multa y cumplir una pena de un año de cárcel
21 nov 2023 . Actualizado a las 14:01 h.Una acusada de estafar a un hombre con discapacidad física y mental ha reconocido los hechos y, tras devolver todo el dinero, ha aceptado una pena de un año de cárcel, ha informado la Fiscalía del Principado de Asturias.
El acuerdo entre las partes, que incluye el pago de una multa de 1.680 euros, ha evitado el desarrollo del juicio previsto en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. La víctima, de 56 años, padece un retraso mental que limita su capacidad de conocer y actuar en beneficio de su propia persona, y ser consciente de la realidad de forma completa y tomar decisiones con plenitud de conocimiento. Además, tiene una cardiopatía, sufre epilepsia y presenta problemas de movilidad, por lo que se desplaza en una silla de ruedas autopropulsada, ha detallado el Ministerio Público.
El hombre, que estaba soltero, carecía de descendientes y sus padres habían fallecido, vivió solo en Langreo hasta el año 2010. Tras una larga hospitalización, en abril del mismo año ingresó en la una residencia en Oviedo, ocupando una plaza pública. Unos siete años antes de los hechos objeto de acusación, el hombre había conocido a la acusada, que ahora tiene 41 años, y a su madre, ya que frecuentaba la cafetería que ellas regentaban en las proximidades de la residencia donde vivía. Con el paso del tiempo, la relación entre la acusada y el hombre se hizo muy estrecha, pues él acudía al local de forma cotidiana y se comunicaban telefónicamente también de manera constante, lo cual generó en el hombre «un sentimiento de plena confianza en ella», incide el Ministerio Público.
En estas circunstancias y en un momento dado no precisado en el tiempo, la acusada aprovechó de esa relación de proximidad y confianza para hacerse con los datos de la tarjeta de crédito del hombre. Así, entre el 17 de febrero y el 13 de septiembre de 2021, la acusada contrató servicios y adquirió bienes de distintas empresas con dicha tarjeta y sin permiso de la víctima. El importe de cada una de las adquisiciones realizadas no excedía de 400 euros, aunque su importe conjunto ascendió a más 1.000 euros.
La Fiscalía calificó los hechos como un delito continuado de estafa con la circunstancia atenuante de reparación del daño, pues la mujer abonó la totalidad de la responsabilidad civil con anterioridad a la celebración del juicio, informa Efe.