Cuatro más fueron denegadas, otra fue revocada y once procedieron de personas que fallecieron antes de culminar el procedimiento legal, si bien recibieron los cuidados paliativos indicados
13 oct 2023 . Actualizado a las 16:26 h.La Consejería de Salud reforzará el equipo de apoyo a las personas que solicitan la eutanasia para asegurar una muerte digna a quienes se acogen a este derecho, cuya aplicación en 2022 solicitaron 25 personas en Asturias de las que 9 fueron aprobadas.
Esta es una de las novedades que se incorporarán a este proceso y que ha expuesto el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, el médico José Fernández, al viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, durante la presentación del balance anual correspondiente a 2022.
Según estos datos, 25 personas solicitaron el año pasado la aplicación de este derecho en Asturias, trece de ellas eran mujeres y doce, hombres, informa el Gobierno regional. Nueve solicitudes fueron aprobadas, cuatro más denegadas, otra fue revocada y once procedieron de personas que fallecieron antes de culminar el procedimiento legal, si bien recibieron los cuidados paliativos indicados.
De los nueve casos en que se llevó a cabo la eutanasia, siete tuvieron lugar en el domicilio familiar bajo los cuidados del equipo sanitario de atención primaria; uno más se realizó en un centro sociosanitario, y otro fue atendido en el hospital al tratarse de una persona cuya voluntad final fue la donación de órganos. Todos ellos padecían enfermedades neurológicas y oncológicas irreversibles, incapacitantes, de larga evolución, en fases muy avanzadas y sin alternativas terapéuticas.
La mayor parte de las solicitudes se recibieron de personas con edades comprendidas entre los 65 y los 79 años y la totalidad de las que se practicaron se gestionaron desde los servicios públicos de salud, en los plazos temporales que marca la normativa.
El procedimiento de la Ley Orgánica de Eutanasia (LORE) establece un periodo de 45 días desde que se solicita la prestación y se hace efectiva, y se dispone de un plazo mínimo de quince días para favorecer la información sobre opciones y alternativas a quien ha pedido su aplicación y facilitar su reflexión y deliberación sobre esta decisión vital.
El año pasado, Salud apunta que dio un paso más al autorizar que los trabajadores sociales de las áreas sanitarias actuasen como personal del registro para acercar este servicio a la ciudadanía. Con esta mejora, sólo durante los primeros nueve meses de 2023 se superan los 2.100 expedientes frente a los 1.477 de todo el año pasado, un aumento del 43 por ciento mientras que en 2021 se habían contabilizado 996 documentos de instrucciones previas.
El Principado, además, cuenta con una campaña informativa sobre este trámite para animar a todas las personas a reflejar de manera autónoma sus preferencias, deseos y prioridades acerca de sus propios cuidados en el final de la vida, informa Efe.