Susana Solís es eurodiputada de Ciudadanos en Bruselas, es de origen asturiano aunque no ejerza de forma intensa, y es también es también la negociadora de su grupo -Renew Europe- en la normativa de emisiones que preparan las instituciones comunitarias y que afecta directamente a la industria del automóvil. De forma reciente se ha pronunciado a favor de regular la protección medioambiental pero «sin dar la puntilla al automóvil» y también criticando que, a su juicio, España no apuesta tanto por el sector como «Francia o Italia». Nada extraño o estrafalario en el posicionamiento que cabe esperar de un político de corte «liberal». El problema es que quien ha sido su asesora durante buena parte de la legislatura ha pasado a trabajar de forma reciente para el lobby de la industria del automóvil y ha despertado las sospechas de una posible «puerta giratoria».
Literalmente de esa manera define el caso la prestigiosa publicación internacional Politico en un artículo en el que da cuenta de que Lucía Martínez Maroto es la nueva responsable de políticas en ACEA, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, y que entre sus ocupaciones está de presentar los argumentos contra la normativa que prepara el parlamento europeo, conocida como Euro7, y cuenta con la ventaja de conocerla desde dentro porque hasta hace muy poco conoció sus entresijos precisamente por haber estado trabajado en ella como asesora de Susana Solís.
En Politico, la eurodiputada asturiana se defiende y asegura que, como responsable de su gabinete, Martínez «el control de todos los expedientes en los que estoy involucrada» y, pese a todo no era la encargada de esos comités «ni del expediente Euro7 en particular». Eso sí, Solís reconoce que se sorprendió cuando Martínez le anunció que cambiaba de trabajo y que «tenía dos semanas para reemplazarla como jefa de gabinete».
La publicación señala que, aún con las normas en la mano, el salto de de Martínez de asesora de una eurodiputada a trabajar para un lobby industrial no incumple las normas comunitarias sobre las puertas giratorias pero por muy poco, por una «laguna legal» y un estrecho margen: la norma estable que se marcan restricciones para este tipo de asesores si ocuparon su puesto durante cinco años y Martínez sólo lo hizo cuatro.
Los planes de la UE pasaban por una decisión tajante: prohibir la producción y venta en la unión de vehículos de combustión en un horizonte no demasiado lejano, el año 2035, para empujar a la industria a apostar por energías renovables. Pero los gobiernos, presionados por la misma industria hicieron cambiar las fechas y el debate está en el aire. En esa batalla soterrada han sido piezas del tablero Solís y Martínez.