Entra en vigor la estrategia autonómica que refuerza la red de vigilancia para contribuir a la conservación de la biodiversidad
31 may 2023 . Actualizado a las 16:46 h.Entre 2001 y 2022 se tramitaron en Asturias 244 expedientes de casos sospechosos de envenenamiento ilegal de fauna silvestre. Los análisis veterinarios y toxicológicos confirmaron las sospechas en 112 casos, de los cuales el 66,7% afectaron a aves y un 33,3% a mamíferos. El buitre leonado fue la especie más afectada por esta práctica ilegal (29,32%), seguida por perros (24,81%), zorros (12,78%) y lobos (9,02%). Entre los ejemplares envenenados también figuran algunos incluidos en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, concretamente cuatro alimoches, cuatro quebrantahuesos, tres osos pardos, dos nutrias y un águila real.
Estos datos se incluyen en la Estrategia contra el uso ilegal de veneno en el Principado, que entra en vigor al ser publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y con la que el Gobierno asturiano pretende reforzar la red autonómica de vigilancia y contribuir a la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el bienestar humano.
Para el desarrollo de la estrategia, se conformará un grupo de trabajo que se encargará de informar, asesorar y supervisar la aplicación. El equipo estará formado por representantes de la Administración regional, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), expertos científicos y representantes de organizaciones sin ánimo de lucro, tanto agroganaderas como cinegéticas. La Dirección General del Medio Natural coordinará y centralizará todas las actuaciones. También estará al frente de la red de vigilancia, que a nivel local coordinarán los agentes del Medio Natural.
Las intervenciones necesarias para la lucha efectiva contra el uso ilegal de veneno se identificarán y orientarán a través de un plan de acción centrado en tres áreas: información y mejora del conocimiento del problema, prevención y disuasión mediante la promoción de actuaciones orientadas a disminuir la conflictividad entre los humanos y la fauna silvestre (especialmente con los grandes depredadores, como el lobo y el oso), y persecución del delito a través de equipos preparados para procesar adecuadamente las muestras e investigar cada caso con rigor y garantías.