Justo en el mes de abril pero del año pasado, la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso se disponía a ofrecer una charla a sus fans más entregados de Gijón y llegaba al Principado cargando ya con una enorme polémica sobre la difusión de fake news, desinformación, bulos: había publicado en su cuenta de Twitter que el Gobierno central pretendía prohibir beber vino.
Díaz Ayuso tiene una relación particular con la veracidad de las afirmaciones, se podría decir que mantiene una actitud esquiva respecto a la realidad de las cosas, y en ese peculiar currículo sobre historias no del todo ciertas que suele desplegar, Asturias ha sido protagonista en varias ocasiones. Y es que dentro de la singular narración política que los adversarios se lanzan entre sí últimamente en España, Madrid y Asturias se presentan como modelos antagónicos: una como capital de la ley del más fuerte del capital y la otra como una suerte de anquilosado terreno bolchevique e infierno fiscal.
Este mismo fin de semana y durante un acto electoral en Leganés, Ayuso quiso poner de nuevo a Asturias como ejemplo de horror de gestión de las comunidades gobernadas por el PSOE y de las que tienen que huir los jóvenes y lo hizo indicando que «hoy en Asturias hay más nóminas públicas que privadas».
Pero al margen de que haya o no jóvenes y mayores que huyen del Principado (en realidad en 2022 vinieron a Asturias desde Madrid 300 personas más de las que de aquí a allí cambiaron su residencia) lo cierto es que no hay más nóminas públicas que privadas en Asturias: es un dato complemente falso. La última estadística del INE correspondiente al cuarto trimestre del año pasado refleja que en dentro de la población ocupada de Asturias la inmensa mayoría (algo más de 306.000 personas) trabaja en el sector privado y unas 75.000 en el sector público.
Ateniéndose exclusivamente a las cifras de asalariados, también hay más nóminas en el sector privado (240.000) que en el público (78.000): La variación respecto a la estadística de la población ocupada es que los números de los asalariados son de la media de todo 2022 y no sólo el cuarto trimestre. Asturias es una comunidad muy envejecida, de su apenas millón de habitantes el censo electoral llega a los 900.000, es decir apenas 100.000 asturianos tiene menos de 18 años. La población ocupada llegó a finales del año pasado 445.000 personas; la tasa de paro es elevada (un 14%); el número de pensionistas en Asturias roza los 300.000. Todas estas cifras se incluyen porque a lo largo de la jornada el argumento inicial se fue diluyendo en presentar a Asturias como una comunidad de mantenidos inactivos, pero con otras palabras.
Apenas hace unas semanas, el gobierno de Ayuso también afirmó que un informe de Eurostat había declarado a la madrileña como la mejor sanidad de Europa, pero lo cierto es que ese informe trata de competitividad regional y apartado tergiversado por el ejecutivo madrileño a lo que se refería es a la salud media de los empleados y la tasa de accidentes del trabajo.
El año pasado, cuando compareció en Gijón, Ayuso también afirmó falsamente que Asturias mantiene seis impuestos autonómicos propios (lo hizo en una jornada en la que había anunciado que eliminaba los dos que quedaban en Madrid, y que oportunamente quedaban superados por una ley estatal). Pero lo cierto es que Asturias cuenta con cuatro impuestos propios: el Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, el Impuesto sobre actividades que inciden en el Medioambiente, el impuesto al juego del bingo y l Impuesto de Afecciones Ambientales del Uso del Agua (que es el antiguo canon de saneamiento). Todos ellos suponen un recaudación para el Principado de más de 70 millones de euros al año.