La Guardia Civil inmovilizó miles de litros por incumplir la normativa de la denominación y usar manzana de fuera de la comunidad
14 abr 2023 . Actualizado a las 09:23 h.El consejo regulador de Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias emitió en la tarde del jueves un comunicado relativo a la reciente intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Zona de Asturias que inmovilizó miles de litros de sidra por incumplir la normativa de la denominación.
Desde el consejo regulador confirman que los más de 40.000 litros de sidra inmovilizados utilizaban el nombre protegido 'sidra asturiana' cuando la manzana proviene de zonas que no cumplen los requisitos establecidos y es un tipo de producto que no está amparado bajo el sello europeo de la DOP Sidra de Asturias.
Se refieren también al hecho de que el Seprona ha instruido diligencias por presuntos delitos contra la propiedad industrial, estafa y derechos de los consumidores que ya han sido remitidas al Juzgado de primera instancia e instrucción de Villaviciosa, mientras se continúa con la investigación.
Pese a que desde la Guardia Civil se ha informado de que la comunicación que dio pie al caso venía del consejo regulador de DOP Sidra de Asturias, el organismo ha negado que haya interpuesto «de forma activa» denuncia activa contra ninguna sociedad mercantil ni contra ningún producto.
La entidad sí reconoce que ha atendido a los requerimientos de cooperación solicitados por una autoridad policial. Así, han explicado que el operativo de la Guardia Civil está realizando una campaña de detección de fraudes de marcas de calidad DOP- IGP en Asturias, a raíz de la cual solicita información al Consejo Regulador respecto a casos que están investigando. «Posteriormente, el Seprona decide actuar de oficio en los casos en los que, a su criterio, existen indicios de incumplimiento», señalan desde DOP Sidra de Asturias.
En otro de los puntos del comunicado el consejo regulador de la DOP recuerda que sus estatutos establecen que sus miembros están obligados a «velar por que la calidad, la reputación y la autenticidad de los productos amparados por la DOP estén garantizadas en el mercado, supervisando el uso que se haga en el comercio de la expresión protegida» y a «colaborar con la Consejería competente en materia agroalimentaria y con los órganos encargados del control oficial, en caso de no disponer de esta competencia delegada»; informó Europa Press.
