Era una posibilidad a aprobar por la Mesa de la Junta en la ley de reforma del Reglamento de la Cámara, pero no se hará efectiva
22 mar 2023 . Actualizado a las 19:57 h.El pago de una indemnización a los diputados al dejar su cargo, incorporado como una posibilidad a aprobar por la Mesa de la Junta General del Principado en la ley de reforma del Reglamento de la Cámara que se aprobará el próximo miércoles, no se hará efectivo en ningún caso en la legislatura que ahora concluye, según han garantizado hoy PSOE y Podemos.
El último pleno de la legislatura abordará la semana que viene el debate y votación de una iniciativa suscrita por todos los grupos, salvo Vox y el Mixto, tras cuatro años de trabajos, que abre la puerta al cobro de esa indemnización -no concretada y que el PSOE pidió en 2019 que fuera de un mes por año trabajado- justificada por el hecho de los diputados que dejan su escaño no tienen derecho a paro.
Pese a firmar la iniciativa, Podemos se ha reservado una enmienda que pide suprimir del texto esa cuestión, al igual que harán Vox y el único diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández, dado que, según su portavoz, Rafael Palacios, al final de la legislatura «no es el momento» de encarar esa cuestión «que genera un debate demagógico del que se aprovecha la extrema derecha».
La posibilidad de que la Mesa establezca ese pago queda así «abierta» para la próxima legislatura «fijando las condiciones y estableciendo los criterios» para cobrarla, ha apuntado la portavoz socialista, Dolores Carcedo, mientras Foro e IU han lamentado que se use «como arma arrojadiza» una cuestión concebida «para que la gente normal de la calle pueda acceder a la política».
La reforma consolida además la formación de grupos parlamentarios con dos diputados y al menos el 6 por ciento de votos en el conjunto de Asturias, una medida que convirtió a la Junta General en el primer parlamento autonómico que autorizaba la constitución de grupos con menos de tres escaños.
Esa medida fue incorporada ya al Reglamento al iniciarse la actual legislatura, en la que por primera vez hubo siete partidos con representación parlamentaria de los que tres (IU, Foro y Vox) contaban con solo dos escaños pese a que implicaba un incremento de gasto por la asignación económica y de medios humanos a los grupos, que habría sido menor con uno mixto con seis diputados.
Al igual que Podemos con la indemnización por cese, Ciudadanos también ha optado, pese a firmar la iniciativa, por reservarse una enmienda que pide eliminar los grupos de dos escaños -también lo pedirán Fernández Bartolomé y el diputado de Foro Pedro Leal- y otra que matiza la autorización para usar el asturiano a cualquier compareciente para garantizar en la misma medida el derecho a la plena comprensión de las intervenciones y documentos por los diputados.
Vox pedirá que ese reconocimiento del derecho a hablar en asturiano se elimine del Reglamento y rechazará también el sistema para intentar garantizar la paridad de sexos en la Mesa de la Cámara y en las de las comisiones, una cuestión que también rechaza el parlamento del Grupo Mixto dado que ese apartado «buenista» confirma que en la elección de los miembros de ese órgano no se busca su pluralidad, autoridad ni independencia, «que no tienen nada que ver con el sexo de sus componentes».
Mientras el diputado de Podemos Daniel Ripa ha reservado ocho enmiendas relativas a la participación ciudadana, Fernández Bartolomé defenderá veinte contra una reforma que, a su juicio, no es tal «sino propaganda 'gatopardiana' para que parezca que algo cambia y todo siga igual» y un fraude que consolida «la oligarquía de los partidos» en un parlamento «que huye de sus funciones».
«Es la ley más importante junto al Estatuto y se hace por vía de urgencia y por la puerta de atrás», ha advertido tras denunciar que refuerza el papel de los portavoces, no garantiza la democracia interna en los grupos y la «extraña unanimidad» que genera una norma que, su juicio, debería modificar el sistema de asignaciones económicas a los grupos para que se tratasen como subvenciones finalistas que pudiesen ser controladas y que se limitase al 20 % la cuantía que pueden donar a los partidos. EFE