«El problema es el desconocimiento, hay algún caso en que un médico se ha negado en la primera consulta» dice la asociación Derecho a Morir Dignamente
20 mar 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Una proporción muy baja, apenas el 5% de los médicos y ni siquiera el 1% de los profesionales de enfermería de Asturias se han declarado objetores de conciencia frente al derecho de los pacientes a la eutanasia. A pesar de el posicionamiento contrario a la reforma de la ley -que ya ha iniciado su segundo año de andadura- del colegio de médicos de la comunidad y aunque colectivos como Derecho a Morir Dignamente, con una larga trayectoria de asesoramiento en Asturias a pacientes, destacan que ha habido algún caso puntual en el que el médico del inicio del proceso se declaraba objetor en ese punto.
«Es más por desconocimiento, por falta de formación que otra cosa» destacó la vicepresidenta del la asociación, Pilar Cartón, quien apuntó que la disposición de la administración autonómica «es muy positiva» y Asturias «está mejor que otras comunidades». Las cifras de profesionales sanitarios que se declaraban objetores de conciencia respecto a la eutanasia en cada comunidad fueron recogidas en un reportaje publicado en el diario El País. En esa información se detalla que en Asturias se han declarado objetores 260 profesionales sanitarios. De ellos la inmensa mayoría son médicos: 209 y los 51 restantes son enfermeros.
En todo caso se trata de porcentajes muy bajos en el conjunto de trabajadores del sistema de salud. La estadística del Ministerio de Sanidad señala que en el Principado hay 4.160 profesionales de medicina (desde médicos de atención primaria a especialistas, responsables de urgencias, etc.), y 209 son poco más del 5%. Los enfermeros colegiados en el Principado son 7.131, los objetores no pasan del 0,7%.
«Desde el año 2018 en Asturias en la administración ha habido una actitud proactiva» destacó Pilar Cartón en relación a las primeras normativas de carácter autonómico que se pusieron en marcha. Tras la aprobación de la ley estatal, ese respaldo ha seguido en el mismo sentido. La responsable de la asociación indicó que «la búsqueda de la persona a cargo es responsabilidad de la administración y lo hace, en algún caso resulta luego que en la primera consulta dice que no. Y es un poco desagradable, sobre todo porque son momentos finales de la vida, no estamos hablando de una enfermedad con un horizonte por delante, y eso es molesto, inoportuno, para la familia y para la persona que ve que se interrumpe el proceso y que sufre no haber tenido claridad desde el principio».
Pero insiste en que, al menos en Asturias, no es ni mucho menos lo habitual y que se ha solucionado con relativa prontitud. Además achacó este problema en todo caso a la falta de información dirigida a la sociedad en general, que no conoce los pormenores de esta prestación, pero también, indicó, la necesidad de ampliar la formación específica en este campo a los profesionales involucrados. «El problema, donde hay algunas carencias, es el desconocimiento. La primera firma para la petición de la prestación la puede hacer cualquier sanitario y no necesita implicarse, no tiene por qué ser médico responsable pero hay gente que no lo sabe y entonces no quiere firmar; a veces pasa con un administrativo que se pone 'oye es que esto no lo quiero ni tramitar', bueno pero eso no es objeción, es que desconocen el procedimiento».
¿Cuánta gente ha ejercido este derecho en Asturias? Las cifras más recientes son de junio de año pasado (cuando llegue el verano de 2023 se publicará un nuevo informe) y en ellas constan 11 solicitudes de las dos fueron denegadas, cinco fueron atendidas y el resto, cuatro personas, fallecieron antes de que finalizase el proceso legal. Para ser atendida o denegada una solicitud los criterios de la ley marcan que debe darse una «situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables».
De esas cinco primeras peticiones efectivamente atendidas, cuatro de ellas en el domicilio y una quinta en el hospital, por propia voluntad de la persona que quería donar sus órganos. En todos los casos se llevó a cabo con un médico de referencia, según se recogió en ese balance. Estas personas padecían enfermedades neurológicas y oncológicas irreversibles, incapacitantes, de larga evolución, en fases muy avanzadas y sin alternativas terapéuticas. La edad media de los solicitantes es de 60 años; la persona más joven tenía 41 años y la de mayor edad, 77.