Mil mujeres víctimas de la prostitución y la trata son atendidas cada año en Asturias

Más de mil mujeres prostituidas son atendidas cada año en Asturias por las tres entidades con experiencia acreditada en la asistencia a víctimas de trata y de explotación sexual que trabajan en la comunidad. Son la Fundación de Solidaridad Amaranta, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) y Médicos del Mundo, que en 2021 atendieron a 1.094 mujeres. En 2020, habían sido 1.082 y, en 2019, un total de 1.038. Son los pocos datos que existen en Asturias, como ocurre en España, sobre el mercado prostitucional, en el que «trata, prostitución y explotación sexual son las caras de una misma realidad» según se recoge en la estrategia con la que el Gobierno asturiano, a través de la Dirección General de Igualdad, pretende abolir la prostitución y la trata con fines de explotación sexual.

Una estrategia que se centra en las víctimas, estableciendo mecanismos para restituirles sus derechos, reparar en la medida de lo posible los daños sufridos y ofreciéndoles itinerarios de salida de la prostitución para su reinserción laboral, aparte de aspirar a que en España se logre perseguir todas las formas de proxenetismo, sancionando a los puteros y concienciando a la sociedad en el rechazo a cualquier forma de mercantización y cosificación de las mujeres.

La estrategia, por tanto, tiene una triple dimensión, conocida como las 3Ps: la prevención de la trata, la protección de las víctimas y la persecución del delito. Además, plantea realizar un análisis de la situación real en Asturias, donde aparte de las mujeres prostituidas que son atendidas cada año en las entidades acreditadas, se sabe que la prostitución en la calle ya es residual y que, en los últimos años, la tendencia es el cierre de locales de alterne frente a un aumento notable de los pisos, con una expansión a través de los medios digitales.

Existe además un «subregistro» de cifras oficiales con las víctimas de trata y de explotación sexual, cotejando las identificaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las que fueron atendidas en las mencionadas entidades. Así, en 2019, los cuerpos policiales identificaron a dos víctimas de explotación sexual, ninguna de trata, mientras que las entidades reportaron haber atendido a 48 en ambos casos. En 2020, las fuerzas y cuerpos de seguridad no identificaron a ninguna víctima por las 35 que fueron atendidas y acreditadas como tal -según un protocolo establecido recientemente por Igualdad- en las entidades y, en 2021, se identificaron a 12 víctimas de trata y siete de explotación sexual por parte de los cuerpos policiales mientras las entidades atendieron a 52 mujeres. Lógicamente el desfase entre unas cifras y otras se debe a las enormes dificultades que tienen las mujeres prostituidas para salir de sus situaciones.

Hay que recordar que en España, el tercer país del mundo con mayor demanda de sexo de pago tras Tailandia y Puerto Rico, la prostitución se encuentra en una situación de alegalidad o, como dice la estrategia asturiana, «más bien próxima a la legalidad, ya que ni el proxenetismo ni el consumo de prostitución se sancionan» y que, precisamente por ese limbo legal, en los últimos 30 años ha crecido tanto en las ciudades como en las zonas rurales. El Gobierno de España, con un anteproyecto de ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos ya aprobado, avanza para revertir que el país sea uno de los grandes paraísos, o mejor dicho infiernos, del sexo de pago en el mundo. Y en Asturias también se quiere avanzar en esta lucha contra «las formas de la violencia sexual más invisibilizadas», como son la prostitución y la trata.

Elaborar un mapa de la prostitución y la trata en Asturias

La estrategia recoge medio centenar de actuaciones en cinco ejes estratégicos: prevención, sensibilización y formación; detección, identificación de situaciones de trata y prostitución, asistencia, protección y reparación a las víctimas; persecución de tratantes y proxenetas y sanciones a los prostituidores; coordinación y cooperación, y análisis-realidad y mejora del conocimiento.

Precisamente en este último eje unas de las actuaciones plantea realizar un diagnóstico de la situación en Asturias, en colaboración con las tres entidades especializadas, para trazar un mapa de la prostitución, la trata y la explotación sexual por zonas geográficas y ámbitos, además de recabar información sobre las circunstancias sociales y el perfil de las mujeres prostituidas, sus necesidades y sus principales dificultades para abandonar la situación de trata o prostitución y para su inserción social. Ese diagnóstico también recopilará información sobre los prostituidores que demandan la compra de actos sexuales y, aparte, se elaborará otro estudio específico sobre el uso de la pornografía y los efectos que provoca en la salud afectiva y sexual de la juventud asturiana, además de la relación que existe entre prostitución y acceso a ella.

A los jóvenes irán dirigidas también campañas en las que se deje claro que la trata y la prostitución son «formas de violencia machista, física, psicológica y simbólica», utilizando para ello canales de comunicación y redes sociales. Asimismo, habrá campañas dirigidas especialmente al sector turístico y de ocio nocturno, «con el objetivo de conseguir tolerancia cero hacia la prostitución», y se elaborará un estudio acerca de la publicidad concerniente a la prostitución en los medios de comunicación, plataformas y redes sociales.

También se creará una base de datos común de mujeres atendidas y se diseñará un modelo de intervención específico para niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual, mejorando por ejemplo la detección de estas situaciones en los centros de menores y en los colegios.

Revisión de licencias de locales y estudio de posibles sanciones a puteros

En el eje relativo a la persecución de prostituidores, se revisarán las licencias administrativas municipales y autonómicas en relación a las actividades desarrolladas en determinados locales y el cumplimiento de la normativa vigente en su actividad con el fin de evitar que se promueva la explotación sexual, además de que se instará al Gobierno central a que desarrolla el abordaje de acceso a los espacios privados donde se encuentran las mujeres que pudieran ser víctimas de explotación sexual en pisos de contacto o domicilios particulares.

Partiendo de que un 39% de los hombres españoles, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), admite haber demandado sexo de pago, la estrategia asturiana también plantea estudiar y promover la adopción de mecanismos en el marco de la legislación actual que permitan desincentivar la demanda y la compra de sexo con especial incidencia en los demandantes de prostitución, con sanciones vía ordenanzas municipales. También se plantea dedicarles campañas para desincentivar esa demanda y concienciarles de la situación de violencia que sufren las víctimas. Otro objetivo destacado en este sentido es la implementación de mecanismos para que la sociedad civil pueda denunciar las plataformas online, las páginas webs o cualquier otra aplicación que contengan anuncios de prostitución.

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