La medida busca que las compañías europeas sujetas a las normas climáticas no estén en una desventaja competitiva
13 dic 2022 . Actualizado a las 14:07 h.Las instituciones de la Unión Europea llegaron hoy a un acuerdo para poner un precio a la huella de dióxido de carbono (CO2) de las importaciones de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas europeas y las de terceros países. La medida es una vieja aspiración de los gobiernos de Asturias y los agente sociales que ya desde la pasada legislatura reclamaban un aracel ambiental.
Al comienzo de su mandato, el presidente asturiano, Adrián Barbón, hizo bandera de la reivindicación que también contaba con el respaldo de la patronal autonómica a pesar del desinterés de las asociaciones empresariales nacionales que nunca llegaron a entender realmente la medida e incluso la anterior dirección del PP, con Pablo Casado, que la rechazaba por considerarla una barrera comercial.
Los Estados miembros y el Parlamento Europeo pactaron la creación de un «mecanismo de ajuste de carbono en frontera», que forma parte del paquete «Fit for 55» presentado por la Comisión Europea en julio de 2021 para conseguir que el bloque reduzca un 55 % sus emisiones de gases de efecto invernadero al final de esta década.
La medida busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.
Este mecanismo es «una parte clave» de la acción climática de la UE, «garantizará un tratamiento equilibrado» de las importaciones de los productos seleccionados y «está diseñado para alentar a nuestros socios en el mundo a unirse a los esfuerzos climáticos» de los Veintisiete, destacó el ministro de Industria y Comercio de Chequia, Jozef Síkela, cuyo país ostenta la presidencia del Consejo de la UE este semestre.
En particular, este gravamen se aplicará a partir del 1 de octubre de 2023 -pero con un período transitorio donde las obligaciones del importador se limitarán a proporcionar datos sobre sus emisiones- a las importaciones de sectores como la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad, como propuso la Comisión.
Y se extenderá al hidrógeno, las emisiones indirectas en determinadas condiciones, determinados precursores, así como algunos productos intermedios, como tornillos y pernos y artículos similares de hierro o acero, como pidió el Parlamento.
El acuerdo «es una primicia mundial en el marco del Pacto Verde, una vez más. Por primera vez, vamos a garantizar un trato justo entre nuestras empresas, que pagan un precio del carbono en Europa, y sus competidoras extranjeras, que no lo hacen. Se trata de un gran paso que nos permitirá hacer más por el clima, protegiendo al mismo tiempo nuestras empresas y nuestros empleos», destacó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, Pascal Canfin.
En particular, los importadores europeos de los productos afectados tendrán que obtener, primero, una autorización y, después, comprar los derechos de emisión de CO2 correspondientes al precio del carbono que se habría pagado si esos mismos bienes se hubiesen producido dentro de las fronteras del club comunitario.
Antes de que finalice el período de transición, la Comisión evaluará si amplía el ámbito de aplicación a otros bienes con riesgo de fuga de carbono, incluidos los productos químicos orgánicos y los polímeros, con el objetivo de incluir todos los bienes cubiertos por el RCDE para 2030. También evaluará la metodología para las emisiones indirectas y la posibilidad de incluir más productos aguas abajo.
En virtud del acuerdo, la gobernanza del mecanismo de ajuste de carbono en frontera ahora estará más centralizada, con la Comisión a cargo de la mayoría de las tareas.
Para fines de 2027, el Ejecutivo comunitario realizará una revisión completa, incluida una evaluación del progreso realizado en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, así como el impacto en las importaciones de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados.
La idea es que este mecanismo de ajuste de carbono en frontera sustituya progresivamente el reparto de derechos gratuitos de emisión dentro del sistema ETS de comercio de emisiones que existe en la actualidad para evitar la deslocalización de aquellas industrias en riesgo de fuga de carbono hacia países menos exigentes en materia medioambiental.
La idea original de Bruselas es que la mayor parte de la recaudación procedente de este gravamen en frontera al carbono se utilice como nueva fuente de ingresos para el presupuesto de la UE. En concreto, el Ejecutivo comunitario quiere que el 75 % de dichos ingresos (unos 1.000 millones anuales entre 2026 y 2030) contribuyan al pago de la deuda adquirida en el marco del fondo de recuperación.
Este acuerdo parcial depende ahora de que se alcance otro acuerdo sobre la reforma del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE.
El Parlamento y el Consejo tendrán que aprobar formalmente el acuerdo antes de que la nueva ley pueda entrar en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE; informó EFE.
