El Ministerio para la Transición Ecológica confía en que los municipios de más de 50.000 habitantes adopten planes de movilidad urbana sostenible como las zonas de bajas emisiones antes de que acabe este año
04 dic 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Los municipios españoles de más de 50.000 habitantes deberán adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible para introducir medidas de mitigación y reducir las emisiones del tráfico como las zonas de bajas emisiones. Su objetivo es mejorar la calidad del aire y de la salud de las personas y reducir el ruido del tráfico rodado, así como contribuir en la mitigación del cambio climático. La obligación de crear estas zonas de bajas emisiones (ZBE), que viene recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, compete en Asturias a los municipios de Oviedo, Gijón, Avilés y Siero, que ya tienen en marcha planes para ello.
Las áreas de bajas emisiones tienen que cumplir una serie de requisitos mínimos en materia de calidad del aire, cambio climático, impulso modal, eficiencia energética y ruido. En este sentido, uno de los aspectos clave del real decreto que regulará estas zonas son las restricciones de acceso, circulación y aparcamiento de vehículos según su potencial contaminante, que afectarán prioritariamente a los de mayor potencial como son los vehículos A y, progresivamente, B y C.
En ellas, según la norma, se priorizará el acceso de los vehículos 0 emisiones y tendrán un sistema de monitorización y seguimiento para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y el cumplimiento de los objetivos, que deberán ser cuantificables, para efectuar una revisión del proyecto en un plazo de cuatro años desde su establecimiento. Estos espacios, además de impulsar la eficiencia energética en los medios de transportes, deberán permitir también recuperar el espacio público para los peatones. Además, se prevé un régimen sancionador aplicable, remitiendo a la normativa de tráfico a estos efectos, y un periodo transitorio de cuatro años para la adaptación a la nueva norma de los proyectos de ZBE establecidos con anterioridad a su entrada en vigor.
El ministerio, en el que confían en que los municipios adopten estos planes de movilidad sostenible antes de que acabe este año, presentaba el pasado 19 de noviembre esas Directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para que las entidades locales, ante la cercanía de la fecha límite para establecer las zonas de bajas emisiones, puedan emplearlas de guía para diseñar e implantar estas áreas.
¿Qué planes tienen al respecto los ayuntamientos asturianos de más de 50.000 habitantes? En Oviedo, la zona de bajas emisiones planeada en el entorno del campo de San Francisco, en una actuación conjunta entre Urbanismo y Seguridad Ciudadana, se mantiene a la espera de la convocatoria de los fondos europeos Next Generation solicitados para llevarla a cabo, según indican en el ayuntamiento, donde también recuerdan que laFederación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Ejecutivo posponer un año, hasta 2024, la obligación de implantar las ZBE debido a que aún no se ha aprobado el real decreto que regula sus requisitos y a que en la mayoría de municipios que tienen que implantarlas no van a llegar a la fecha prevista.
En Gijón, también a través de una convocatoria de los fondos europeos Next Generation, se ha conseguido financiación para desarrollar una zona de bajas emisiones en el oeste de la ciudad, en el barrio de La Calzada. Esta zona, según exigencia del propio proyecto europeo, tiene que estar ejecutada a finales del año 2024 aunque lo estará a finales del 2023, según indican en el Ayuntamiento de Gijón, donde señalan que la normativa estatal y también la autonómica establecen que las poblaciones de más de 50.000 habitantes tienen que tener al menos una zona desarrollada o aprobada, junto a un plan de movilidad, en 2023.
En Gijón también se ha propuesto el desarrollo de otra zona de bajas emisiones en el barrio de Cimavilla a través de otra convocatoria de los fondos europeos que aún no se ha resuelto. Asimismo, el borrador del plan de movilidad de Gijón incluye extender esta zona planteada en el casco antiguo de la ciudad a todo el centro urbano. De aprobarse el plan de movilidad, esta zona tendría que estar ejecutada en 2026.
En Avilés, todos los grupos políticos del ayuntamiento han firmado un compromiso estableciendo cómo se va a desarrollar la zona de bajas emisiones, que también tiene financiación de los fondos Next Generation para la obra civil de la zona, que tenía que estar adjudicada antes del 30 de noviembre. Según indican en el ayuntamiento, también se opta a la segunda convocatoria de los fondos Next Generation para las ZBE para hacer frente al proyecto en sí y a la ordenanza que la regule, entre otras cuestiones.
«La previsión es que la ordenanza esté lista el próximo año y el planteamiento es vincular la zona de bajas emisiones con las áreas que ya son o que se van a convertir en peatonales o de tráfico restringido, con el objetivo de favorecer el mantenimiento de la actividad comercial y el acceso a residentes», explican en el ayuntamiento, donde señalan también que se irá avanzando poco a poco con el objetivo de cumplir la ley de manera acompasada con los tiempos establecidos para las licitaciones de proyectos financiados por los fondos Next Generation y «siempre» teniendo en cuenta como «prioridad» reducir «al mínimo posible» las molestias para a ciudadanía.
Y, por último, el Ayuntamiento de Siero está en la actualidad trabajando en la definición de la zona de bajas emisiones, una labora «compleja», según indican, porque, aunque el municipio tiene más de 50.000 habitantes, los dos núcleos de población más grandes de concejo no llegan a los 14.000 vecinos. De ahí que se esté trabajando en establecer unas zonas acordes con la realidad del concejo, en el que de momento no hay ninguna zona establecida, tan solo una restricción al tráfico de vehículos pesados en la localidad de Lugones en la que, para circular, deben solicitar un permiso.
En este sentido, desde los servicios técnicos del ayuntamiento se está a la espera de unas directrices pendientes aún de aprobar para núcleos poblacionales más pequeños, como es su caso, que sirvan de orientación y que se ajusten a la realidad y a las características de sus núcleos urbanos.