¿Traición o casualidad? El alijo de armas que pudo cambiar el rumbo del 34

Es probable que la revolución de 1934 hubiera estado abocada al fracaso de todos modos, pero sin duda la historia habría sido diferente de haber triunfado la operación Turquesa: el desembarco en Asturias de un buque con una gran cantidad de armas, días antes de la revolución, que fue neutralizado por la policía. Cómo ocurrió, a qué se debió el fracaso de esa arriesgada iniciativa y qué habría pasado de haber prosperado, ha sido motivo de análisis y especulación desde entonces.

El clima social en España, y en especial en Asturias, era literalmente explosivo en el año 1934. Los enfrentamientos y roces entre miles de trabajadores descontentos, empresarios y Gobierno son constantes. En este contexto, y muy poco antes de la revolución de octubre, sale a la luz el Caso Turquesa.

A escasas millas de la costa asturiana, entre Muros de Nalón y San Esteban de Pravia, fondea el vapor Turquesa. En sus bodegas, un gran cargamento de armas y municiones que podrían haber significado un serio problema para el Gobierno, de haber llegado a manos de los revolucionarios. Según se dijo más, tarde, el barco había hecho escala en Cádiz y continuó hacia Burdeos, donde fue apresado con 18 toneladas de carga en 329 cajas con fusiles, ametralladoras y munición, nada menos.

Desde el Turquesa se había trasladado a la costa en varios botes pequeños una parte del alijo, que la policía descubrió en una furgoneta averiada de la Diputación Provincial de Asturias, que presidía el socialista Ramón González Peña. Varios de los integrantes del convoy fueron detenidos y se revela la presencia cercana de dirigentes socialistas como Amador Fernández y el mismísimo Indalecio Prieto.

La denuncia anónima

Prieto narraría años más tarde a un periódico argentino la singladura del barco y cómo fueron descubiertos los implicados cuando estaban en plena operación en la costa asturiana: «Aún quedaban muchas cajas sin transportar, cuando uno de los centinelas, descendiendo presuroso, avisó: ¡Viene la Guardia Civil!, oí descorrerse el cerrojo de no sé cuantas pistolas». Él mismo aseguró haber impedido un tiroteo y también haber dado la cara ante dos carabineros, no guardias civiles. Se identificó y «el cabo, pues cabo era el jefe de pareja, me tendió cariñosamente su diestra, mientras exclamaba: ¡Qué sorpresa encontrarle y que alegría saludarle!».

Según el diputado socialista, él improvisa una historia y es entonces cuando el cabo le revela que «un vecino ha venido a avisarnos de que ahí se estaba haciendo un alijo, y vamos a ver qué hay de cierto en la referencia».

No era, aparentemente, una gran operación policial en ese momento. ¿Formaba parte de una patrulla rutinaria, ante las sospechas de ese vecino, o en realidad había una vigilancia discreta en varios puntos concretos? Nadie ha aclarado este extremo.

El caso es que esta denuncia prende una mecha imparable. A continuación, una avería de uno de los transportes cargados con armas termina por levantar la liebre. Parte del alijo ya se había trasladado a tres depósitos en Madrid, pero fueron descubiertos por las fuerzas públicas y, por tanto, abortada del todo la operación.

El Supremo tira del hilo

El asunto fue creciendo con la implicación de altos cargos socialistas y llegó al Tribunal Supremo. El primer responsable a quien apuntaron las autoridades fue Horacio Echevarrieta, un empresario amigo de Indalecio Prieto que habría adquirido el material militar que presuntamente se iba a vender en Etiopía. La verdad, dijeron, era que se quería fomentar un golpe contra el director portugués Salazar (el plan Lusitania); pero como el pago no se produjo, Echevarrieta compró el lote con la intención de apoyar un levantamiento popular en España.

Al descubrir el alijo del Turquesa, la Guardia Civil comenzó a hacer batidas en distintos puntos de España e incluso se llegó a declarar el estado de alarma, temiendo que se produjera una insurrección. El barco es requisado y amarrado en Ferrol, pendiente del juicio. Artillado y militarizado en 1936, como muchos otros bous, es utilizado por el bando franquista hasta el fin de la guerra, desarmado en 1939 y subastado es rebautizado como Castillo Farnés (aunque recuperó el nombre Turquesa en 1941). 

Tras la revolución, González Peña, que también había participado en el asalto al Banco de España en Oviedo, fue detenido y condenado a pena de muerte que luego le fue conmutada por cárcel.

El juicio por el caso Turquesa sería multitudinario, con un centenar de encausados para los que se pedía -para cada uno- cuatro años de prisión por auxilio a la rebelión. En mayo de 1935, el Congreso de los Diputados impulsó la Comisión de los 21 para determinar responsabilidades políticas. El escándalo del Turquesa quedó diluido con la tremenda marea que se desataría en el golpe de Estado de 1936. Los sucesos posteriores hicieron que lo que pudo haber sido un enorme escándalo político se perdiera en las páginas de la historia de la Guerra Civil.