Los votos de IU y de Armando Fernández Bartolomé acercan el pacto aunque hay discrepancias sobre la reforma de la administración
15 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Si no hay muchos imprevistos, de los realmente inesperados, mucho se tendrían que torcer las cosas para que Adrián Barbón encadena n el final de año, y con semanas de antelación frente al calendario tradicional, su cuarto presupuesto aprobado en el el mandato. Cuatro cuentas sacadas adelante en cada uno de los años de la legislatura y resulta algo meritorio toda vez que en la última década las prórrogas fueron quebraderos de cabeza no infrecuentes para los gobiernos asturianos.
El pacto quedó encarrilado esta semana tras el encuentro celebrado entre la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, y el diputado del grupo mixto (expulsado de Ciudadanos) Armando Fernández Bartolomé, escaño que sumaría la mayoría suficiente a los 20 del PSOE si se cuadra también el pacto con Izquierda Unida. La coalición fue el primer grupo (ya en el debate de orientación) de resaltó de forma enérgica la necesidad de que la comunidad contara con unas cuentas vigentes en tiempo y forma en un contexto de grave crisis internacional.
La cita entre Cárcaba y Bartolomé se había postergado, por enfermedad del diputado, en la primera ronda de contactos con los grupos (menos con Vox), la abierta a finales de septiembre. Tras el encuentro, Bartolomé recalcó que su predisposición favorable a que Asturias cuente con presupuesto en 2023 está justificada por la «situación excepcional» actual y ha garantizado que las propuestas que trasladará al Gobierno «están libres de clientelismo» y no responden a los intereses «de ningún lobi»; en una alusión indirecta a sus excompañeros de Ciudadanos a los que ha acusado de defender en la negociación intereses de la Cámara de Comercio de Oviedo.
Según citó Efe, el diputado marcó como prioridad que el gasto público sea «más eficaz y más eficiente» e impulsar una regeneración democrática en ámbitos como la transparencia, «donde ya se ha hecho mucho, pero aún queda mucho camino». Bartolomé también indicó quiere hacer propuestas relativas a turismo o cultura y a la necesidad de dar un nuevo enfoque multidisciplinar a la gestión en materia de sanidad, educación o servicios sociales; en una entrevista concedida a La Voz de Asturias en los prolegómenos de la negociación ya señaló que su interés pasaba por una reforma de la administración para reducir burocracia.
Y es en este punto donde puede haber choques con IU aunque paradójicamente, la coalición también haya llevado a primera línea del debate la lucha contra la burocracia. Pero para el grupo de izquierdas los problemas y demoras en la administración se encuentran sobre todo en las políticas sociales y ven con recelo que no se enfoquen las reformas en esas materias cuando, a su juicio, se flexibiliza en exceso para la actividad de las empresas (y ha sido objetivo de sus críticas la ley de Calidad Ambiental).
En este el coordinador de IU Asturias, Ovidio Zapico recalcó ayer que es «imposible» negociar «unos buenos presupuestos» con cifras que den solvencia al desarrollo de políticas sociales «si luego hay un colapso burocrático» que retrasa, por ejemplo, el pago de las ayudas al alquiler; e insistió en que el Principado debe actuar «contra la burocracia que afecta a las personas».
A su juicio, los anuncios de luchar contra la burocracia del Ejecutivo de Barbón se limitan a plantear acciones basadas en «desregularizar y liberalizar» como sucede con la Ley de Calidad Ambiental mientras «acosa» a los perceptores del Salario Social, «en vez de centrarse en dar respuestas que permitan minorar la situación de vulnerabilidad de este colectivo y de otros que, sin las ayudas públicas, difícilmente pueden mantener unas condiciones de vida dignas».
Los números de Cárcaba
Tras haber despejado semanas atrás que no se tocarán, ni al alza ni a la baja, las políticas fiscales, la consejera de Hacienda señaló este viernes que la intención del Gobierno es presentar en la Junta General el proyecto de presupuestos «cuanto antes y con el máximo consenso posible» aunque ha eludido concretar fechas para su aprobación por parte del Ejecutivo que sigue haciendo «cálculos internos y ajustes» y mantiene «reuniones discretas» con los distintos grupos. En todo caso, manifestó también su satisfacción por la vía abierta al acuerdo con Bartolomé e IU.
Una vez fijado provisionalmente en 4.839 millones el techo de gasto, 194 millones más, lo que arroja una proyección de una cuantía global del presupuesto superior a los 5.500 millones (5.354 este año), el Ejecutivo estima que los ingresos previstos por los modelos de financiación autonómico y local se elevarán a 3.707 millones, con un incremento de 464 millones sobre el inicial de 2022.
Esa cifra incluye conceptos que se rigen por el sistema de entregas a cuenta y la subida tiene su origen tanto en la variación de esas entregas como en la previsión de liquidaciones positivas con origen en el ejercicio 2021 después de que en el ejercicio de 2022 se incluyesen la compensación por las liquidaciones negativas de 2020 y la compensación por la modificación del IVA.
Además, la tasa de referencia de déficit para 2023 se situará en el 0,3% del PIB (79,5 millones), lo que supone una reducción de unos 71 millones respecto al margen establecido en 2022, circunstancia a la que se añadirá el efecto de la situación económica a nivel nacional e internacional.
Ese impacto, ya perceptible en el ejercicio actual, se hará más evidente en 2023 y obligará a recoger en el proyecto de presupuesto «un importante incremento» tanto en materia de gasto de personal como de gastos y transferencias corrientes, ligado en este último caso al incremento en el precio de los suministros, incluido el coste energético, y a plantear incrementos en el coste de las inversiones iniciadas y pendientes de iniciar para ajustar las licitaciones a los precios del mercado.