Hacienda descarta cambios impositivos de calado más allá de las deducciones para favorecer la natalidad
26 sep 2022 . Actualizado a las 20:08 h.No habrá cambios sustanciales, con la excepción de los anuncios de deducciones contra la despoblación, en materia de impuestos en el proyecto de presupuestos para el año próximo. Cumpliendo el ritual, cada grupo reclamó rebajas o nuevas tasas en función de su orientación ideológica para las cuentas autonómicas del 2023, pero la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, zanjó ya desde la mañana el debate indicando que en el proyecto (con un monto global que supera los 5.500 millones de euros) no incluirá modificaciones tributarias de calado.
Por la tarde, y tras cerrar todos los encuentros (con todos los grupos de la cámara salvo Vox), la consejera agradeció «el talante» de todas las formaciones y su intención de lograr «el consenso más amplio posible» estudiando sus propuestas pero insistió en que «no es el momento de un cambio en el sistema tributario».
Los dos planteamientos principales que se pusieron por la mañana sobre la mesa fueron una ecotasa, propuesta por Izquierda Unida para gravar alojamientos turísticos, que no fue aceptada por los socialistas; y en el ámbito de las rebajas, el PP propuso deflactar el IRPF en un máximo de un 10 por ciento para rentas de hasta 33.007 euros (correspondientes a los tres primeros tramos del impuesto) pero no, por ejemplo, cambiar ni el impuesto de de Sucesiones ni el de Patrimonio. Cárcaba lo descartó también indicando que esta medida no serviría para compensar la inflación ya que esos fondos no llegarían al Principado hasta 2024 cuando reciba del Estado la liquidación de 2022. Ciudadanos rechazó de plano la ecotasa, Foro reclamó rebajas fiscales y Podemos se mostró abierto al acuerdo si el resultado global era un proyecto «progresista».
Lo cierto es que el diputado decisivo para estas cuentas, que no participó por razones médicas en esta primera ronda de contactos, ya avanzó en declaraciones a La Voz de Asturias que la fiscalidad no sería clave en esta negociación. Armando Fernández Bartolomé, expulsado de Ciudadanos, se marcó como escaño clave en el debate sobre el estado de la región al anunciar su predisposición a facilitar que se aprueben las cuentas en un momento de gran urgencia económica, por el alza disparada de precios y parara aprovechar los fondos europeos. En su entrevista con este diario indicó que «con pequeñas correcciones en estos momentos el sistema impositivo que hay en Asturias es el adecuado, es un sistema progresivo» y que sus propuestas pasarán en todo caso por una reforma de la administración para reducir la burocracia.
Los presupuestos necesitan una mayoría de 23 escaños (la absoluta en la cámara) para salir adelante. Los socialistas tienen 20 y alcance de la mano un pacto a tres bandas con los dos de IU y el de Fernández Bartolomé. No excesivamente difícil de encajar salvo que la coalición de izquierdas ha llamado la atención en meses sucesivos sobre que respalda reducir la burocracia pero singularmente para las políticas sociales antes que para las empresas.
Habrá pequeñas modificaciones en ayudas e incentivos para luchar contra la despoblación, que fueron detalladas en el debate de orientación, y que a grandes rasgos pasan por deducciones por cuidados a mayores, por arrendamiento de vivienda habitual y un incremento de las ya existentes por residir en concejos especialmente afectados por el declive demográfico.
Respecto a los números, la consejera de Hacienda dijo que el presupuesto del Principado para el año 2023 que elabora el Gobierno regional rondará una cuantía global de unos 5.500 millones de euros frente a los 5.354 del ejercicio actual una vez que el techo de gasto estimado (gasto no financiero) se ha establecido en 4.839 millones, 194 más que el fijado para 2022. Según Cárcaba, las principales dificultades de cara a la elaboración de las cuentas de 2023 están vinculadas al efecto provocado por la elevada inflación en los gastos correspondiente a los capítulos II (gastos corrientes) y VI (inversiones) y a la necesidad de atender los gastos sanitarios y educativos y al incremento del coste de las licitaciones.