Los dos condenados por el caso Mareo y los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín se han negado
07 sep 2022 . Actualizado a las 20:03 h.El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la exdirectora general de Planificación María Jesús Otero y los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez, respectivamente, han rechazado este miércoles declarar en las diligencias de investigación que sigue un juzgado de Oviedo por defraudar casi cuatro millones en material escolar e inmobiliario destinado a centros escolares.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo les había citado este miércoles para su comparecencia en la declaración indagatoria posterior al auto de procesamiento y aunque Riopedre, Otero y Muñiz acudieron a la sede judicial y Alonso Sánchez lo hizo por videoconferencia, los cuatro optaron por no testificar, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.
Esta es una pieza separada del “caso Marea” de corrupción en la contratación con la administración pública y donde las defensas mantienen que se trataría de un caso ya juzgado que implicaría repetir un procedimiento.
El Tribunal Supremo (TS) condenó a Riopedre a cinco años y dos meses de prisión frente a los seis años impuestos por la Audiencia Provincial. Su número 2 en la consejería, María Jesús Otero, vio rebajada la pena inicia de nueve años y medio a cinco años y cinco meses.
El empresario Víctor Manuel Muñiz recibió una pena de cinco años y dos meses, mientras que el Supremo redujo la pena para Alfonso Carlos Sánchez de seis años y seis meses a dos años y ocho meses.
Instituciones Penitenciarias concedió el pasado 18 de agosto el tercer grado a Muñiz, una resolución que ha sido recurrida ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por parte de la Fiscalía de Asturias que estima que esta progresión en la clasificación penitenciaria junto al control telemático dejaría “vacía y sin contenido” la pena en el “caso Marea” a la que se suman otros cinco años de prisión por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía entiende que, en el caso de que se aplicaran estos beneficios penitenciarios al empresario Muñiz ello significaría «una burla a la sociedad» como perjudicada por estos delitos.
Además, advierte de que incrementaría el riesgo de cometer nuevos delitos ante «lo irrisorio de la pena» y enviaría un mensaje a la ciudadanía de que los delitos cometidos por personas con modos de vida normalizados se castigan insuficientemente, mereciendo la pena el castigo en comparación con lo realizado.
El Ministerio Fiscal pide la revocación de esta progresión penitenciaria del empresario que alcanzará la mitad de cumplimiento de las condenas el 12 de septiembre de 2023 y el cumplimiento total el 11 de octubre de 2027.