El Congreso aprueba la Ley de Ciencia sin ningún voto en contra
24 jun 2022 . Actualizado a las 10:51 h.«Por fin tendremos una carrera profesional a la que atenernos. Una carrera profesional con categorías y baremos homogéneos que nos permitan una estabilidad y prosperar en nuestra profesión, como cualquier otra persona en la suya». Así de exultante se mostraba Francisco del Castillo, presidente de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH) que ha visto como después de una reivindicación eterna el Congreso ha respaldado, en un acuerdo histórico, la creación de la carrera profesional de investigador sanitario, lo que eliminará la precariedad de los miles de científicos que en España desarrollan su trabajo en el ámbito de los hospitales. Todos, hasta ahora, tenían contratos precarios por obra y servicio, una inestabilidad que se extendía en no pocos casos hasta pasados los 60 años y con grandes diferencias entre unas comunidades y otras. Y siempre con la amenaza del despido después de toda una vida trabajando.
«Tenías contratos de adolescente hasta los 55 años y luego ya te querían prejubilar. Nunca tuvimos un contrato maduro», apunta Del Castillo, que advierte que a partir de ahora quedan dos años por delante para establecer la carrera de investigador sanitario, lo que se tendrá que consensuar con las comunidades. «La batalla de verdad empieza ahora», dice.
La medida se incluye dentro de la Ley de la Ciencia, aprobada ayer por el Congreso en una votación que, en el panorama actual, también semeja histórica: el proyecto no registró ningún voto en contra. La mayoría de los partidos votaron a favor, incluido el PP y Ciudadanos, y solo se registraron las abstenciones de Vox, PNV y Junts, BNG y CUP. En el primer caso por sus «tintes ideológicos» y en el de los nacionalistas porque creen que invade competencias autonómicas. Al final fueron 279 síes y 62 abstenciones.
Pero, con todo, ha supuesto un respaldo inédito que fue reconocido por la ministra de Ciencia, Diana Morant: «Hoy la política responde a las demandas de la comunidad científica», dijo.
El grueso de las medidas, que apuntan a la estabilidad de los investigadores, a la retención del talento y a la reducción de la carga burocrática, ya eran bien conocidas y habían sido consensuadas previamente. Pero quedaba en el aire si finalmente se iba a reconocer o no la carrera de investigador biomédico, al igual que está regularizada la trayectoria de los científicos universitarios y de los adscritos a los centros públicos de investigación (OPIs).
Blindar la inversión en I+D+i
Después de múltiples debates, la comisión de Ciencia del Congreso había respaldado una enmienda para que así se recogiese esta vieja demanda. Pero se aprobó en contra del criterio del PSOE, que incluso presentó un voto particular para revertir este acuerdo en la sesión plenaria de ayer. Finalmente rectificó su postura y la medida salió adelante.
La Ley de la Ciencia también aporta otra iniciativa que va más allá del hecho simbólico: blinda por primera vez la inversión en ciencia. En el texto legal, que aún deberá pasar por el Senado para luego volver de nuevo al Congreso, existe el compromiso por escrito de igualar la inversión en investigación e innovación que hacen los países de la UE. En la práctica esto significa duplicar en una década la inversión pública en I+D+i hasta alcanzar en el 2030 el 1,25 % del PIB, el objetivo que recomienda Europa. Hoy en día esta cifra es del 0,58 %.
El texto final recoge más de 100 enmiendas presentadas por los grupos, con aportaciones pactadas con once partidos políticos.
Estabilidad para poder retener y atraer el talento
La Ley de Ciencia, que tampoco cumple todas las reivindicaciones de las sociedades científicas, ofrecerá la ansiada estabilidad a los investigadores. Estas son sus principales medidas.
Indemnización a predoctorales
Mejora las condiciones de los investigadores predoctorales con una indemnización de 12 días por año al término del contrato. También restringe el contrato de «investigador distinguido», sea español o extranjero, a científicos de reconocido prestigio y reputación internacional consolidada que vengan a ejercer de director de equipo o de centro.
Contratos indefinidos
Crea un contrato indefinido para científicos, gestores y técnicos de grupos o proyectos de investigación que cuentan con financiación externa o ayudas oficiales obtenidas en concursos. No depende de los topes de la oferta pública, pueden optar licenciados, máster, técnicos superiores y doctores, y deben adjudicarse por mérito y capacidad. Beneficiarán a miles de investigadores que hoy viven con la incertidumbre de encadenar durante años contratos temporales o de obra y servicio.
Una carrera estable
Abre un itinerario previsible para que los investigadores con doctorado puedan iniciar una carrera profesional estable mientras logran una plaza pública permanente. Se crea un contrato de acceso a la carrera, con duración de tres a seis años, pero que ampliará su tope con los permisos por embarazo y crianza, violencia de género o cuidados de familiares. A partir del segundo año, la investigación de los doctores será evaluada. En caso de resultado positivo, mejorará su salario y les facilitará un certificado de «investigador establecido». El estatus les permitirá competir por una reserva de entre el 15 % y el 25 % de los puestos públicos de investigador y les liberará de parte de las pruebas de las oposiciones a una plaza funcionarial. Se busca asegurar el trayecto de investigadores competentes hasta las plazas públicas porque en una década se jubilarán unos 25.000.
Desburocratización
Para minimizar la burocracia que atasca el trabajo científico, simplifica la justificación de las subvenciones y permite ayudas directas a proyectos que ya han sido evaluados por otros agentes públicos españoles.
Premiar la transferencia
La transferencia de conocimientos generados por los grupos de investigación a empresas se premiará con sueldo y promoción y las administraciones públicas podrán patrocinar start-up que desarrollen los hallazgos.
Cerrar la brecha de género
Los procesos de selección y evaluación deberán garantizar igualdad de oportunidades a quienes han asumido permisos de crianza o de cuidados, en su absoluta mayoría científicas, y los propios comités de evaluación deberán tener un mínimo de un 40 % de mujeres.