Treinta grupos ecologistas alertan de graves deficiencias en la ley ambiental de Asturias
ASTURIAS
Consideran que favorece intereses empresariales y deja en los pequeños promotores y los ayuntamientos unas responsabilidades «inasumibles»
13 jun 2022 . Actualizado a las 13:48 h.Una treintena de asociaciones ecologistas ha alertado este lunes sobre los riesgos del anteproyecto de la Ley de Calidad Ambiental que tramita el Gobierno del Principado al estimar que favorece intereses empresariales y traslada a los pequeños promotores y los ayuntamientos de Asturias unas responsabilidades que consideran «inasumibles».
En un documento, suscrito entre otras entidades por la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, SEO/Bird Life, la Plataforma por la Defensa de la Cordillera Cantábrica o el Instituto para la Calidad y la Educación Ambiental, censuran que el anteproyecto no haya sido consensuado con los colectivos ecologistas y conservacionistas asturianos y recuerdan que ya se opusieron a esta iniciativa legislativa en la Comisión de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Entre otras críticas, censuran que su contenido está plagado de indefiniciones y resaltan la falta de concreción en conceptos jurídicos y técnicos ya que, según exponen, el anteproyecto obvia principios fundamentales del derecho comunitario como son los conceptos de que las actividades o instalaciones «no deben causar daños significativos al medio ambiente».
Además, las entidades ecologistas resaltan el hecho de que tampoco incorpora la obligatoriedad de restaurar el daño ambiental causado, ya que propone una especie de «amnistía fiscal ambiental» para eximir de la obligación de establecer garantías financieras a las empresas o promotores que desarrollen actividades que pueden causar daños al medio ambiente, siempre que no superen los 3 millones de euros.
Asimismo, cuestionan el peligro que entraña que se incluya que las actividades de investigación o experimentación no requerirán someterse al régimen de autorización ambiental integrada, ya que, en su opinión, abriría la puerta al desarrollo de productos o procesos que podrían tener un grave impacto ambiental, amparándose en su carácter experimental.
Las asociaciones hacen hincapié en la gran carga burocrática y técnica que repercutirá en los ayuntamientos al tener que inspeccionar a posteriori las instalaciones o actividades consideradas de «menor incidencia ambiental» y puestas en marcha mediante una declaración responsable de los promotores; una indefinición que entienden que podría suponer una amenaza para la salud de las personas o los ecosistemas.
Del mismo modo, para las asociaciones, habrá una gran inseguridad jurídica al exigir a los promotores o titulares de actividades empresariales o promotores que mediante la declaración responsable manifiesten que bajo su responsabilidad están cumpliendo con los requisitos establecidos en la legislación ambiental europea, estatal, autonómica y local, informa Efe.