Exploraciones Mineras del Cantábrico informa de que más de 1.000 tienen idéntico contenido y muchas son generales contra la actividad minera o legalistas respecto a la interpretación de la ley
16 feb 2022 . Actualizado a las 20:18 h.Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) ha recibido 1.297 alegaciones a su proyecto de explotación y restauración para la mina de oro en Salave, en Tapia de Casariego, tras finalizar el periodo de información pública al que se somete por ley el estudio de impacto medioambiental.
El proyecto presentado por EMC el pasado mes de julio supondría una inversión inicial de más de 100 millones de euros y la creación de entre 100 y 200 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos, según la empresa.
Como resultado de este proceso de información pública, ha recibido catorce informes remitidos por los organismos públicos consultados y cerca de 1.300 alegaciones, emitidas desde diferentes puntos de España, que EMC ha agrupado en veinte modelos, de los que solo uno aglutina más de 1.000 escritos de «idéntico contenido».
Según ha informado la compañía, muchas son alegaciones «generales en contra de la actividad minera o legalistas respecto a la interpretación de la ley, que no contribuyen sustancialmente a la evolución y mejora del proyecto».
EMC ha explicado que también destacan por su recurrencia en el contenido de estos escritos «la identidad de este proyecto con los anteriores, cuando el estudio de impacto ambiental significa e identifica más de quince diferencias sustanciales».
También abunda en la justificación de las alegaciones «la incapacidad de un proyecto de estas características para crear riqueza, haciendo referencia al caso de Belmonte de Miranda y su negativo impacto sobre la localidad y el concejo, omitiendo los centenares de trabajos creados por este proyecto minero en los últimos veinticinco años, así como la actividad económica generada mediante impuestos, inversiones y colaboraciones en todos los ámbitos».
Las alegaciones aluden, asimismo, a la «supuesta incompatibilidad» del proyecto con el Plan General de Ordenación de Tapia, aprobado en 2014, que no contempla categorías de suelo para actividad extractivas, a pesar de la preexistencia de las concesiones de explotación de Salave.
La empresa ha apuntado que, en este caso, se omite recordar que el propio plan permite su modificación para habilitar esta categoría de suelo previos los trámites pertinentes, «como ya se ha realizado en otros concejos asturianos».
EMC ha considerado que algunas de las alegaciones «no se corresponden con la realidad y no aportan elementos de interés para mejorar el proyecto».
Al mismo tiempo, ha subrayado que la «mayor parte» de los catorce informes remitidos por los organismos públicos consultados reseñan la «escasa interferencia del proyecto en sus áreas de gestión» y en otros casos «recaban mayor información sobre aspectos concretos del proyecto, estudios complementarios sobre áreas específicas o clarificación de resultados presentados».
Estos incluyen, entre otros, el emisario submarino, el sistema de evacuación del agua subterránea y posibles efectos adicionales de alguna de las infraestructuras incluidas.
Para responder de forma «diligente» a las alegaciones, EMC contará con la colaboración de especialistas técnicos y científicos, así como de los que ya participaron en la preparación del proyecto, entre los que figura la Universidad de Oviedo, el Instituto Hidráulico de Cantabria, Tecnoambiente, MSArqueo, Dolmen Arquitectos y CRS.
En este sentido, ha subrayado que la empresa mantiene su compromiso «con la transparencia para que esta propuesta sencilla, puntera y de calidad se integre totalmente en el territorio y la comunidad», informa Efe.