El PP acusa al Gobierno de ocultarlo y Cultura responde que se trata de un encargo normal
10 feb 2022 . Actualizado a las 18:21 h.La consejera de Cultura, Berta Piñán, se ha mostrado «sorprendida» por la «polémica extraña» generada por el informe «no vinculante» que el Principado encargó a una serie de expertos sobre la oficialidad, al no estar relacionado con las negociaciones con los grupos políticos y tratarse de «uno más» de los que la Administración requiere con «absoluta normalidad, regularidad y frecuencia». El Partido Popular acusó al Gobierno del Principado de «engañar y traicionar» a los asturianos al haber «ocultado» desde 2020 un informe jurídico en el que se plantean tres escenarios de implatación de la oficialidad, con dos extremos, uno muy elevado en costes, hasta 170 millones, y otro -en la línea de lo planteado por la Academia de la Llingua y el propio Ejecutivo- que lo rebaja hasta 18 millones.
«Por mucho que el PP quiera tergiversar las cosas, eran otras preguntas y otras respuestas», ha afirmado Piñán que explicó que el encargo del informe está dentro de las competencias de la Consejería de Cultura, y «por supuesto» entre las de la Dirección General de Política Llingüística.
La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, ha señalado que el documento «no deja lugar a dudas sobre el carácter y las consecuencias de la oficialidad», al dejar claro que la única manera de implantarla la lengua «es haciéndola obligatoria», después que de Barbón asegurase que sería «amable y a la carta» y que los funcionarios «no se verían obligados a conocer y hablar en llingua» ni que «nunca sería lengua vehicular en los colegios».
«El derecho de usarlo implica el deber de conocerlo», ha añadido la líder del PP, quien ha lamentado que «obligaría» a los todos los empleados a «estudiar y a hablar» en asturiano, y los más pequeños a hacerlo en los colegios.
Por su parte, el coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha asegurado desconocer hasta hoy el informe y que, en todo caso, apuntó que ante la horquilla de costes directos que plantea ese estudio- 18, 55 y 172 millones-, no necesariamente debe irse al modelo que suponga la mayor inversión y que hay que tener también en cuenta las oportunidades de generación de actividad que hay ligadas a ese proceso.
Podemos Asturies ha asegurado que el estudio encargado por el Gobierno del Principado sobre la oficialidad del asturiano demuestra que elevar la protección de la lengua es «buenísimo» y generaría un «impacto económico y de creación de empleo al nivel de las empresas más grandes» del Principado.
«Beneficios contantes y sonantes que demuestren que el esfuerzo que proponíamos para conseguir la reforma del estatuto estaba más que justificado», ha apuntado en un comunicado el portavoz del grupo parlamentario de la formación morada, Rafael Palacios.
Según el parlamentario, oponerse a la creación de «hasta 4.000 puestos de trabajo nada más que se explica desde el sectarismo y la estrechez de miras», a la vez que ha advertido de que «dar esta oportunidad por perdida se explica desde la falta de voluntad y proyecto para Asturias».
En un comunicado, el secretario de Organización y diputado de Ciudadanos, Sergio García, ha subrayado que su partido ha preguntado en varias ocasiones al presidente asturiano en sede parlamentaria si conocía el impacto económico que iba a suponer elevar la protección de la llingua y ha obtenido «la callada por respuesta, cuando su Gobierno tenía entre las manos el documento».
