Los grupos partidarios de la reforma del Estatuto cerraron su primera cita con más acuerdos que desacuerdos
09 ene 2022 . Actualizado a las 05:00 h.No se habilitó, como había pedido Izquierda Unida, el mes de enero en el parlamento autonómico para poner en trámite las conversaciones para la reforma del Estatuto de Autonomía (con la inclusión de la oficialidad del asturiano), pero el año nuevo comenzó con una reunión entre los partidos abiertos al acuerdo, PSOE, la propia IU, Podemos y Foro, que sirvió para tranquilizar ánimos y poner en perspectiva el calendario.
Había moderada satisfacción entre los participantes porque la cita constató que, al menos, los números para la reforma (27 de los 45 diputados necesarios) se dan si se logra un consenso; y también, según indicaron fuentes de los grupos a la izquierda del PSOE porque las declaraciones previas al encuentro del presidente Barbón y de la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, les parecieron aclarar que la voluntad del Ejecutivo es poner en marcha la maquinaria. Semanas atrás algunos de los sectores favorables a la oficialidad, dentro del propio partido socialista y también en la sociedad civil, empezaban a manifestar su preocupación por la lentitud del proceso. Barbón dijo que «como presidente» nada querría «más» que aprobar un nuevo estatuto que avanzara en autogobierno mientras Llamedo recalcaba la «voluntad» de su formación lograr un consenso que incluya la oficialidad.
La cuestión es la postura de Foro. En el debate sobre el estado de la región, su portavoz Adrián Pumares manifestó por primera vez de forma oficial que apoyaría una reforma en este sentido con una serie de condiciones. Una atañe al estatuto: que la Ley de Uso que siga a la oficialidad (y en la que se desplegarán las cuestiones relativas, por ejemplo, al ámbito educativo o el acceso a la función pública) requiera una mayoría de tres quintos, y no simple. Tan reforzada como la necesaria para reformar el Estatuto. Fue una condición finalmente aceptada por el resto de grupos. Además, del mismo modo que en Foro se ha reclamado que la oficialidad no incluya «imposiciones», desde el PSOE también han descartado que el conocimiento del asturiano vaya a ser exigencia para ser funcionario salvo para puestos específicos relacionados con la lengua.
Pero en esa intervención Pumares había ido más allá. El secretario general del Foro reclamó una reforma ambiciosa del Estatuto que llevara al máximo competencial al Principado augurando los cambios que podría haber una España «multinivel» futura, y también exigió rebajas fiscales que no fueron incluidas en último presupuesto aprobado, que salió adelante sin su respaldo en diciembre. Los grupos de la izquierda ya manifestaron su disgusto por el hecho de que se mezclaran cuestiones que son de ámbitos distintos, ya que las reformas tributarias no tienen relación con los artículos del Estatuto de Autonomía; y, a su juicio, en el último encuentro no se presentaron grandes obstáculos en ese sentido.
El acuerdo para la reforma se encuentra en una fase muy preliminar pero ni mucho menos paralizado y tampoco los implicados quieren hacer ver que el pescado ya está vendido. En los llamamientos al consenso, la Academia de la Llingua no perdió la esperanza de que en un futuro, no próximo, el PP también pueda llegar a sumarse al proceso. Al fin y al cabo, el modelo de redacción que el Principado quiere traer a Asturias para la oficialidad es que el que está vigente en Galicia y del que los conservadores presumen como un éxito.
Febrero debería ser clave para el arranque de trámites para poder llevar un texto al Congreso de los Diputados en verano, en julio. Hubo estatutos sin ninguna polémica, como el de Murcia, que demoraron su aprobación en las cortes alrededor de un año. El caso del asturiano no será sencillo toda vez que en el espectro más derechista se ha hecho del «bable» un casus belli. Con campañas de acoso personal desplegadas con vallas en Asturias y artículos y reportajes tremendistas en medios de comunicación nacionales. La propia ALLA advertía en su última comunicación que de no lograrse la oficialidad «desde el punto de vista sociológico, se proyectaría una imagen oscura donde la estrategia y las consignas del arco político nostálgico de la dictadura triunfa sobre una mayoría social abierta, democrática, moderna e inclusiva» en una nada velada alusión a las estrategias de la extrema derecha.