Los boletines oficiales ofertan inmuebles procedentes de embargo que acaban vendidos muy por debajo de su valor de mercado
10 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Las subastas públicas son una de las vías a las que se ven abocados los acreedores cuando tienen que cobrar una deuda. Es decir, se subasta un bien mueble o inmueble de la persona que les debe y, si hay quien puje por ella y se adjudica, de ahí se va descontando la deuda. Igualmente, también es un mecanismo que utilizan las Administraciones y entidades como la Agencia Tributaria para obligar a pagar a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones.
Por ese motivo salen a subasta pública regularmente viviendas, fincas, garajes, trasteros e incluso automóviles. Se ponen anuncios en los boletines oficiales (Subastas BOE, o anuncios en el Boletín del Principado, BOPA) para dar cuenta de estos procedimientos y algunos ciudadanos -y también muchos especuladores- acaban pujando y, casi siempre, llevándose propiedades a un precio de ganga, muy inferior a su tasación inicial y al del mercado inmobiliario.
Lo que ocurre con las subastas es que, si no hay demasiadas ofertas, es probable que el bien en cuestión se adjudique por un importe inferior, incluso, a la deuda reclamada por el acreedor y a la cantidad en la que la casa o cualquier otro inmueble que se subaste haya sido valorado. Tampoco es infrecuente que queden desiertas, en cuyo caso el juzgado abre un plazo para que el promotor comunique si está interesado en iniciar una nueva puja. Proceso tras proceso, lo habitual es que los inmuebles que salen a subasta acaben adjudicándose por un valor menor del que inicialmente se les atribuye y del que tendrían en el mercado.
Actualmente figuran activos procesos de varias propiedades en toda Asturias, también en la capital: En la calle Leopoldo Alas (zona del Campillín), se subastará un piso de 82 m2 construidos por 64.383 euros que podría rebajarse aún más, según consta en portal de subastas del BOE. Menos de 800 euros por metro cuadrado, en este caso, probablemente menos de la mitad del promedio de la zona.
El pasado día 3 de noviembre el BOPA publicó cuatro lotes de viviendas para subastar, todas ellas, en este caso, en Gijón. Pertenecen a Patrimonio del Estado (Hacienda) y ofrecen otros tantos inmuebles: Un piso de unos 60 metros cuadrados en la calle Capua está tasado en 133.000 euros, pero puede llegar a salir en 4ª subasta por 82.000, un precio notablemente inferior al de mercado.
Lo mismo ocurre con otros tres pisos en las calles Alvargonzález, (el Llano), de 48 m2 (61 construidos), tasada en 98.000 euros que podría bajar hasta 83.000; otro en la calle Margarita Xirgú (La Calzada), de 60 m2, tasado en 66.800 y hasta 41.000 euros en cuarta subasta; en Avenida de la Constitución, 60m2, tasada en 89.600 euros y que podría quedar en 55.000.
El BOE también tiene activas varias subastas procedentes de embargos judiciales, como un local comercial de 81 m2 en la calle Uruguay de Gijón que sale por 32.600 euros, así como fincas rústicas y pisos en otros concejos.
El proceso no es muy complicado, aunque requiere hacer un depósito (lo suele indicar claramente la información del lote) y tener activado el DNI electrónico: los dos pasos para participar.
Quizás no se trate de una práctica demasiado conocida, pero los requisitos iniciales para participar en una de estas pujas son bastante asequibles. Basta con tener activado el DNI electrónico -estos procedimientos actualmente son telemáticos- y realizar un depósito -que dependiendo de la puja varía su cantidad- para participar en un procedimiento que, ciertamente, no escapa a la especulación, ya que hay personas que adquieren estos inmuebles para revenderlos y sacar un beneficio fácil.
Si se dispone del DNI electrónico y se abona el depósito previo, una cantidad que corresponde a un porcentaje del valor del bien a subasta, cualquiera puede pujar, y nadie sabe qué personas participan. Hay solo unas pocas excepciones: no pueden realizar ofertas los implicados en el procedimiento, ni el promotor ni la persona o entidad a la que se reclama la deuda. También existe la posibilidad de recurrir a procuradores u otros profesionales para que pujen en lugar de las personas interesadas.