Tercera jornada del juicio contra la antigua cúpula de UGT: así explica una testigo las supuestas irregularidades
ASTURIAS
Ana Gomis asegura que la fundación vinculada al sindicato imputaba como gastos directos los que en realidad eran gastos de personal y mantenimiento de sedes de UGT
08 oct 2021 . Actualizado a las 13:41 h.La exdirectora territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Ana Gomis, quien denunció en 2016 ante la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hechos supuestamente irregulares detectados en la justificación de cursos de formación, ha mantenido que la fundación vinculada al sindicato justificaba gastos de personal y de sedes en UGT y ha negado que actuara por hostilidad y animadversión tras su cese.
Gomis se ha sometido a un interrogatorio de más de tres horas en la tercera sesión del juicio que sienta en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo al exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, a dos exdirigentes de Formación y Administración y un técnico del sindicato y otros dos técnicos de IFES y Localmur que afrontan penas entre cuatro y diez años de prisión por cinco delitos de fraude en subvenciones.
La testigo permaneció 26 años vinculada a IFES, entre 1987 1999 como directora y de 2000 hasta 2013 como técnico, y ha lamentado no haber puesto en conocimiento de las autoridades su denuncia por el presunto fraude en Asturias y en otras autonomías, donde aportó documentación, antes de 2016 aunque ha reconocido que no lo hizo por miedo a ser despedida. «Me pesa no haberlo hecho antes, aunque lo habría hecho igual», ha contestado tajante a preguntas de una de las defensas que le ha espetado que si no hubiera sido cesada seguramente no se estaría celebrando el juicio y estaría siendo cómplice del presunto desvío de 1,4 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación para sufragar gastos estructurales internos del sindicato.
En su declaración, Gomis ha ratificado de forma contundente su denuncia y ha explicado que el mecanismo consistía en que IFES imputaba como gastos directos los que en realidad eran gastos de personal y mantenimiento de sedes de UGT y otras veces el gasto de personal era un subterfugio para imputar en gastos de formación y a través de empresas superpuestas para cobrar sobrecostes. Las defensas han entrado a debatir las respuestas de la testigo, un hecho que ha llevado a la jueza a interrumpir en más de una ocasión sus intervenciones para pedirles que se limitaran a plantear sus preguntas.
Gomis ha insistido en las vinculaciones entre IFES y UGT, de forma que «no se movía nada» en la fundación sin la autorización del sindicato, que según ha recalcado, «imponía las contrataciones» que debían hacer, tanto en incorporaciones de personal como en los grandes contratos «sin pedir las tres ofertas». La Unión Regional de UGT Asturias era beneficiaria de algunas subvenciones y utilizaba instrumentos vinculados, aunque no se consideraba subcontratación a IFES, ha dicho Gomis, que ha explicado que accedió a toda la documentación y conoció muchos de los sistemas irregulares empleados porque «no trabajaba en una pecera».
Gomis ha relatado que una manera de eludir la fiscalización era encajar gastos de personal en concepto de preparación de material didáctico porque en este concepto no entraban sólo libros y se facturaban también horas de personal técnico. Esta actuación provocaba, según la testigo, «un problema serio de tesorería en IFES» y ha mostrado su convicción de que el personal de UGT no hacía ningún trabajo de formación.
Además, se ha referido a los locales utilizados para realizar los cursos de formación que, según ha declarado, facturaban por encima de los precios del mercado comparando los de otras academias por un curso, hora, equipamientos y alumnos en condiciones similares. Así, ha comentado que para un curso de 15 alumnos obtenían de las editoriales unos descuentos del 20 por ciento que reflejaban en la justificación de la formación, pero a partir de la creación de Formación 2020, sin embargo, se empezó a facturar el precio de venta al público, de forma que no se repercutía el descuento en IFES y ese beneficio se quedaba fuera del control de la administración y de la propia organización del patronato, informa EFE.