Medio Rural resalta que el control de daños y los pagos deben ser más ágiles
12 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.En varias lenguas indoeuropeas el origen de la palabra moderna para oso es un eufemismo, puede ser el equivalente a oscuro o el que come miel, porque los antiguos temían que pronunciar su nombre pudiera convocarlo, tal era el terror que despertaba el animal. El oso cantábrico es casi ya un símbolo totémico de Asturias, una especie que rozó la extinción y que logró recuperarse pero ese éxito tiene también sus peaje: un aumento de las incursiones del plantígrado en áreas pobladas por humanos y por primera vez en muchas décadas un encuentro fortuito, el pasado mes de mayo, con una mujer que resultó herida de consideración.
Con algunos episodios de daños en el ganado y destrozos de colmenas, el Ejecutivo asturiano ha anunciado que actualizará las indemnizaciones por posibles y eventuales choques con el oso, con un procedimiento más ágil según destacó en declaraciones a La Voz de Asturias el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo. «Tenemos que afinar y mejorar cómo hacemos el seguimiento, el control de los daños, cómo mejoramos la agilidad de los pagos y la mediación, cómo nos relacionamos con las personas que sufren los daños para que entiendan que se les tiene en cuenta y que se les trata de una manera adecuada».
Calvo recordó que la protección del oso es «máxima» lo que limita la capacidad de actuación de las administraciones pero también que el valor de conservación de la especie supone un activo muy relevante para la comunidad, en términos medioambientales y también económicos; «es así ya en lugares como Somiedo pero cada vez más en el conjunto de nuestra cordillera; como elemento central de todo el turismo rural y tenemos que garantizar ese equilibrio».
Asturias ha iniciado ya campañas de marcaje de ejemplares y se estudian dispositivos para ahuyentar a los animales de entornos poblados por humanos, pero con la necesidad de mantener un cuidado muy escrupuloso en la protección de la especie. «El debate es cómo abordamos la conservación de la biodiversidad y cómo en los pueblos, en el medio rural que son los que soportan la carga de los daños que se producen o la inseguridad que puede producir la convivencia con la fauna salvaje, se sientan comprendidos y protegidos», dijo Calvo quien insistió en que «el efecto contrario, si no somos capaces de hacer bien ese trabajo, es precisamente que no se comprenda la importancia que esto tiene para el conjunto de la sociedad, la importancia que puede tener y que ya tienen en algunos casos para nuestro territorio esos valores medioambientales como elemento de desarrollo económico».
No va a ser sencillo porque la convivencia con la fauna salvaje no lo es. El caso del lobo es paradigmático y ha llevado de hecho a un choque entre administraciones, entre Asturias y el Ejecutivo Central, después de que el Ministerio de Transición Ecológica vetara la posibilidad de cazar al cánido en ningún caso, mientras que el Principado defiende que se hacen batidas de control de ejemplares para proteger a los ganaderos. Las mismas indemnizaciones por daño del lobo, los caso eventuales de fraude en su cobro, suponen una fuente constante de polémica en el territorio regional.
En este sentido, el consejero recalcó que «cuando hablamos del debate de la conservación de la biodiversidad siempre decimos que eso no puede penalizar al territorio, no lo pueden penalizar ni la conservación de las especies protegidas, ni cuando se plantea una instalación de eólicos o si se plantea un proyecto de explotación minera; siempre tiene que ser beneficioso y sostenible para el territorio si no lo es, si penaliza al territorio es que no debe hacerse».
Con fecha del pasado mes de mayo, el Principado reconocía tener pendiente alrededor de un millón de euros por indemnizaciones tras el ataque de fauna salvaje al ganado. En el año 2020, se presentaron 4.876 peticiones de indemnización sumando más de 1,8 millones en total. En mayo, ya se habían pagado 1.854 por un monto de casi 700.000 euros. 417 reclamaciones habían sido denegadas; 956 estaban pendientes de fiscalización (por un valor de más de 355.000 euros) y entonces se contaban como todavía por ser resueltas 1.649 por algo más de 800.000 euros.