La regulación del alquiler afectaría en Asturias a 7.400 particulares y empresas con más de diez inmuebles
ASTURIAS
El Gobierno estima que el control de los precios podrían afectar a 150.000 viviendas
07 oct 2021 . Actualizado a las 08:34 h.Según los datos del Catastro, en Asturias hay más de 7,000 particulares y empresas que tienen en propiedad más de diez inmuebles urbanos (principalmente viviendas, pero también locales comerciales o plazas de garaje). En concreto son 7.487, el 1% del total de propietarios. Sobre el papel, serían los potenciales afectados por las medidas de regulación de los alquileres que recogerá la futura ley de vivienda.
De la norma, de momento, no se conoce ni una coma. Solo lo que han querido adelantar PSOE y Podemos del acuerdo alcanzado para desbloquear los Presupuestos. Según esas primeras filtraciones, el proyecto de ley que el Consejo de Ministros prevé aprobar en las próximas semanas recogerá dos regímenes distintos para el control de los precios de los arrendamientos. Siempre que la zona donde se ubiquen las viviendas haya sido declarada como de alquiler tensionado, se podrá forzar una congelación de las rentas (en el caso de los pequeños propietarios) o una bajada de las mismas, algo que en principio solo se aplicaría a los grandes tenedores personas jurídicas (es decir, empresas), a las que también se les limitarían los incentivos fiscales al alquiler.
En concreto, según el Gobierno, estas sociedades (como fondos de inversión o socimis) mantienen en arrendamiento 150.000 viviendas, que son las que podrían ver sus precios intervenidos. No será un proceso rápido, ya que se prevé que la norma incluya una moratoria de 18 meses, un período de gracia para que, mientras se actualizan los índices de referencia, los grandes tenedores puedan ajustar rentas de forma voluntaria.
Pero, al margen de los plazos, el gran obstáculo para la regulación de los alquileres vendrá por la oposición de algunos gobiernos autónomos a aplicar la futura ley. Y es que son las comunidades las que deben solicitar la declaración de zona de alquiler tensionado, un paso previo imprescindible para aplicar las congelaciones o bajadas de rentas.
Este mismo miércoles, el líder del PP, Pablo Casado, anunciaba que ninguna de las regiones que gobierna su partido aplicará esas políticas de control de precios. En esa línea se pronunciaron también los presidentes de Andalucía y Murcia y la consejera de Vivienda madrileña. En el caso de Galicia, el presidente de la Xunta fue menos explícito y, aunque censuró el «atropello a las competencias constitucionales y estatutarias» que a su juicio supondrá la nueva legislación, aseguró que esperará a conocer los detalles del borrador de la ley para ofrecer una valoración más fundada, informa Domingos Sampedro.
Pero el rechazo al control de alquileres no viene solo de las comunidades gobernadas por el PP. El presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, advirtió que en su comunidad no existen zonas de alquileres tensionados, mientras que en Aragón el Ejecutivo de Javier Lambán reprochó la falta de comunicación con los gobiernos autónomos.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, advirtió a las comunidades rebeldes que la no declaración de zonas tensionadas perjudicará a los pequeños propietarios de vivienda, al impedirles acceder a las mayores bonificaciones fiscales que recogerá la norma.
Recargo del IBI
Clave para que la nueva ley no quede en papel mojado será también la colaboración de los ayuntamientos, ya que una de sus medidas estrella es un recargo en el IBI de las viviendas desocupadas para forzar que salgan al mercado del alquiler. Un castigo fiscal de hasta el 150 % en el recibo de la contribución al que ya se han opuesto alcaldes socialistas como el de León, mientras que su homóloga de A Coruña, Inés Rey, reclamó que se aclare la definición de vivienda vacía para aplicar ese recargo con «la mayor seguridad jurídica».
Apenas uno de cada cien jóvenes con rentas bajas podrán beneficiarse de la ayuda para arrendar piso
El bono de 250 euros mensuales para ayudar con el pago del alquiler a los jóvenes con bajos ingresos beneficiará a entre 40.000 y 50.000 personas, según avanzó este miércoles la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que detalló que esta medida que se incluirá en la futura ley de vivienda tendrá un coste de 200 millones al año.
Unas cifras que quedan sensiblemente por debajo de las de la llamada renta básica de emancipación que la entonces ministra de Vivienda Carmen Chacón puso en marcha en el 2007, durante la primera legislatura de Zapatero. En los cuatro años que estuvo en marcha, se acogieron a aquella ayuda más de 300.000 jóvenes, y eso que entonces el universo de potenciales beneficiarios era más reducido, ya que solo la podían pedir los inquilinos de entre 22 y 30 años con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales.
El nuevo bono anunciado esta semana por el presidente Sánchez, sin embargo, va dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Según los datos de la Agencia Tributaria, en España hay más de cinco millones de personas que se ajustan a esos rangos de edad y renta, por lo que la nueva ayuda al alquiler apenas llegará a uno de cada cien jóvenes con bajos ingresos (aunque no todos ellos viven de alquiler, lo que reduciría el universo de potenciales beneficiarios).