Las consecuencias de la decisión de la UE de declarar ilegal la prórroga de peajes similares a los del Huerna
ASTURIAS
Italia lleva dos años con un litigio igual y va para largo
25 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La resolución de la Comisión Europea sobre la AP-9 es realmente histórica para España. Casi todas las autopistas estatales (entre ellas la AP-66 que une Asturias y León por el Huerna) han logrado aumentar los plazos de su explotación, casi siempre privada y sometida al pago de peajes, a través de la misma fórmula que Bruselas no estima legal: acuerdo particular entre la administración y la empresa, sin publicidad previa y sin que ninguna otra sociedad aspirante pueda ofrecer otras condiciones. Pero a no ser que el Gobierno de España asuma el criterio comunitario sin más y anule la concesión, cosa que difícilmente ocurrirá, los usuarios de estas vías seguirán pagando peajes y la empresa convirtiendo en beneficio neto uno de cada tres euros que recauda.
Si el Gobierno rompiese hoy el contrato con Audasa (empresa concesionaria del peaje de la AP-9 gallega que pertenece a Grupo Itínere, el mismo que gestiona el Huerna a través de Aucalsa) la concesionaria llevaría el caso a los tribunales para exigir una indemnización multimillonaria, pero lo mismo harían el resto de las empresas del sector (como es el caso de Aucalsa) si alguien cuestiona ante la Justicia o la UE cada una de las concesiones que han sido ampliadas en su tiempo de explotación por el mismo método, sin concurrencia.
De entrada hay que señalar que, aunque Bruselas es tajante en sus afirmaciones sobre la falta de legalidad en la ampliación de la concesión de la AP-9, da dos meses al Gobierno para que alegue sus razonamientos en contra. El caso de Asturias requeriría todavía más tiempo debido a que la Comisión no se ha referido de forma explícita al peaje del Huerna. Sin embargo, el Principado ha reconocido que el proceso de ampliación de la concesión fue «similar» al de Galicia y que el Ejecutivo autonómico «estudiará en detalle» el caso para analizar las posibles medidas a tomar.
Sentencia sin acatar
Italia ha hecho oídos sordos hasta ahora no solo a un dictamen similar sobre la falta de legalidad en la prórroga de su autopista Livorno-Civitavecchia, sino que no ha acatado tampoco una sentencia que el 21 de marzo del 2019 dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a raíz de una demanda presentada dos años antes por el Gobierno comunitario contra el de Roma respecto a la normativa de contratos públicos de obras, suministros y servicios.
Es decir, que la Comisión Europea mostró sus colmillos a Italia en el 2017, los afiló con el papel de la sentencia señalada dos años después y aún en el 2021 sigue intentando que se reponga la legalidad.
El dictamen de ayer subraya en el caso italiano que su administración dispone de esos dos meses desde hoy para responder a las objeciones planteadas desde Bruselas y avisa de que, de no hacerlo, llevaría de nuevo a la representación del país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A partir de ahí y con un fallo judicial condenatorio, la UE podría imponer sanciones progresivas o diarias a Italia hasta que solvente la irregularidad detectada.
Los abogados vigueses que pleitearon en el caso de la AP-9 han llegado a señalar que, de obtener una sentencia que les dé la razón, la empresa o la administración subsidiariamente podrían tener que llegar a devolver los importes de los peajes cobrados durante los años prorrogados, es decir, desde el 2012. De hecho, En-Colectivo, la plataforma de consumidores que instó el dictamen de ilegalidad emitido ayer por la Comisión Europea, pretende traducir dicha resolución en acciones concretas en favor de los gallegos al exigir ya el fin de la concesión del vial en manos privadas y la devolución de todos los peajes que entienden se cobraron indebidamente desde el 2013.
Próximos pasos en Asturias
Por el momento, y tras conocerse la postura de la Comisión sobre el peaje de la AP-9, el Principado ha reconocido que estudiará la situación y analizará si es posible tomar alguna medida. Por su parte, Podemos Asturies anunció que en los próximos presentará una demanda en los tribunales para denunciar el caso. La formación morada ya anunció en 2018 su intención de presentar una denuncia pero finalmente no lo hizo. En palabras de Daniel Ripa, portavoz del partido, el objetivo claro es la eliminación del peaje. A tenor de los antecedentes, el camino para conseguirlo parece largo y complicado.
