Nada escapa ya a la polarización política y apenas hay asuntos que cuenten con un consenso amplio entre los partidos en el debate nacional. Tampoco los rescates a empresas calificadas de estratégicas para garantizar su viabilidad y, sobre todo, el mantenimento del empleo. Dentro de la polémica que ha seguido a estas iniciativas, la mayoría de los titulares, por la furibunda reacción de los partidos del espectro conservador, se los ha llevado la aerolínea Plus Ultra por sus supuestos vínculos bolivarianos. Pero también han llegado críticas para la ayuda a una compañía asturiana, para Duro Felguera.
Las más resonadas han sido las del eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, empeñado en que se abra una investigación en el ámbito europeo sobre estos rescates. El mayor esfuerzo está en poner el acento sobre Plus Ultra, pero la ingeniera asturiana también ha ido como propina en sus denuncias. Ya el pasado mes de marzo, Garicano decicó un hilo en su cuenta de twitter para descalificar las ayudas. En concreto y respecto a Duro Felguera señaló que «arrastraba problemas económicos desde antes del Covid», que «mantiene una deuda con Hacienda de 120 millones de euros» y que «ninguno de estos elementos son compatibles con las condiciones para acceder al Fondo» de rescate.
Pero los esfuerzo de Garicano para que las instituciones europeas se involucren no han llegado muy lejos. En una pregunta parlamentaria recibió una respuesta elusiva en la que se le recordaba que de acuerdo a la normativa «sólo las medidas de recapitalización que superen los 250 millones de euros deben ser notificadas individualmente a la comisión y evaluadas por esta. Habida cuenta de que las medidas de ayuda concecidas a Plus Ultra y Duro Felguera se situan por debajo de ese umbral, no se notificaron individualmente».
El rescate a Duro Felguera se autorizó en marzo, con un préstamo participativo de 70 millones de euros, otro ordinario de 20 millones y una aportación de capital, o en su caso de un nuevo préstamo participativo, de 30 millones.
Como parte del acuerdo, que establece un plazo máximo de siete años para la amortización de los préstamos, el consejo gestor del fondo cambió al hombre fuerte de la compañía, destituyendo al consejero delegado José María Orihuela. A los fondos públicos aprobados por el Gobierno se sumará una aportación del Principado de Asturias de otros seis millones de euros para respaldar la que considera como «una empresa referente, estratégica y tractora».