2.000 plazas al año, perfiles digitales y salarios por productividad: así se modernizará la Administración asturiana

Un laberinto, kafkiano buena parte de las veces, para el ciudadano de a pie. Así es la administración pública en general en España, desesperantemente lenta por estar excesivamente burocratizada y anquilosada. Modernizar y digitalizar las administraciones públicas es la gran asignatura pendiente y, en Asturias, ya se están dando los primeros pasos para tamaña reforma. El vicepresidente asturiano y consejero de Administración Autonómica, Juan Cofiño, procede de un sector que se renueva prácticamente a diario como es el de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y, para poner de manifiesto la necesidad de la renovación de la función pública, recurre al mismo ejemplo siempre. La Administración asturiana no tiene ingenieros de datos que, en una empresa que maneja datos a gran escala y a diario como es el caso, tendrían una función fundamental. Ingenieros de telecomunicaciones sólo hay dos o tres.

«Vamos a otro ritmo, necesitamos refrescar los recursos humanos», dice Cofiño, que considera que el tamaño de la empresa más importante de Asturias, con sus 38.000 empleados, no es excesivo. «Estamos en la media del Estado, tenemos suficientes empleados públicos pero no tenemos los que debemos tener. El tamaño de la plantilla es el razonable para la población que somos pero otra cosa es que tengamos las unidades adecuadas y que se trate de un modelo de función pública decimonónico», explica. Ese es un primer problema.

Nuevas plazas con competencias actuales

«Nos faltan muchos ámbitos de conocimiento y competencias, y seguramente nos sobran otros», añade. Es decir, faltan unidades en ámbitos de trabajo que hoy son imprescindibles al ritmo al que avanza la sociedad, que además espera de lo público una respuesta ágil y eficaz. Este problema tratará de resolverse aprovechando que en los próximos 10 años la mitad de los empleados regionales abandonarán sus plazas por jubilaciones naturales.

«Tenemos que procurar que, año a año, las ofertas públicas de empleo que se convoquen para sustituir a las personas que se van estén bien orientadas para incorporar esas profesiones y conocimientos que nos hacen falta», explica Cofiño, que matiza que la agilización de la Administración autonómica «no tiene tanto que ver con las personas como con los procedimientos, la normativa y la regulación».

Combatir el exceso de burocracia

Ese es el segundo problema: un exceso absoluto de regulación que hace que los procedimientos se dilaten en el tiempo cuando, como ocurre en otras esferas, lo que debería esperar la ciudadanía es recibir una respuesta eficiente por parte de la Administración en un plazo razonable de tiempo. «Ahí siempre soy muy claro: yo no pido desregular, pero una cosa es que la sociedad esté regulada y otra que esté atrofiada y asfixiada por la regulación que es lo que a veces sucede», indica Cofiño. Por ello, en los próximos meses, y años, se revisarán «muchísimas normas que nos hemos dado» para aliviar esa «hipertrofia regulatoria y de procedimientos».

Pone un ejemplo de su consejería, que abarca también Medio Ambiente y Cambio Climático: la media de tramitación de un plan general urbanístico de cualquier ciudad o villa oscila entre los ocho y los 10 años. «En ese periodo de tiempo se paraliza parte de la actividad económica, no se emiten licencias, no hay desarrollos y todo eso tiene que ver con lo extremadamente dificultosa y prolija que es la tramitación».

Otro ejemplo: una autorización ambiental integral puede tardar hasta dos años. Y, en el caso de proyectos de emprendedores que se topen de alguna manera con patrimonio cultural asturiano, la respuesta puede tardar también años y años. «Son disfunciones de una administración que no es ni eficaz ni eficiente, que le falla al ciudadano por no dar la respuesta adecuada y que hay que resolver».

¿Qué es lo que se está haciendo ya?

Este mismo mes se va a llevar un proyecto de ley de simplificación administrativa al Parlamento  y ya existe una comisión creada para revisar todos los procedimientos y la normativa a simplificar. Estas reformas normativas encaminadas a simplificar procedimientos irán in crescendo en los próximos meses.

«Estamos dando pasos en todos los sentidos», asegura Cofiño, que explica que en materia de reorganización del personal se está impulsando primero una nueva ley de empleo público «para cambiar el modelo hasta donde podamos, pero además, ordenando los recursos humanos, hemos dado la toma de posesión a personas que habían ganado la oposición y que estaban ahí desde hacía muchísimo tiempo, estamos terminando el concurso de traslados que era obligatorio y vamos a implementar un concurso de méritos para impulsar la carrera profesional desde ya hasta finales de año que va a afectar a la mayor parte de los funcionarios». Esa nueva ley está siendo discutida por una veintena de expertos y, una vez aprobada, permitiría abordar una reorganización de los recursos acorde con el siglo actual.

Cofiño reitera que el tamaño actual de la plantilla es el adecuado para la población de Asturias y recuerda que las unidades no son las adecuadas. «Ese es el desajuste, ligado a un modelo de función pública decimonónico con muchas disfunciones que no se ha tocado nunca desde el origen de los tiempos y que pretendemos revisar con la ley de empleo público», explica.

Cobrar por objetivos de productividad

El modelo es tan «granítico» que, según indica Cofiño, no permite desarrollar una auténtica carrera profesional o el cumplimiento de objetivos ligado a la retribución. «Esto último, en la Administración, es muy novedoso, pero el sector privado hace muchos años que funciona así. Tampoco es que se le quiera dar una vuelta hasta extremos pero sí pretendemos que en la nueva ley de empleo público, en este modelo renovado, se incorpore algún modelo en el que al menos parte de la retribución esté ligada a la productividad, a cumplimientos. Que no sea tan plano. Sé que no es pacífico y seguramente sea un poco rupturista al estar la Administración instalada en otros modos y maneras, pero tenemos que transitar hacia esto poco a poco».

Es decir, que se simplificarían los complementos que acompañan al salario base de un funcionario para orientarlo en parte a un modelo que tenga una variable de objetivos. Si se aplica a todos o a algunos empleados públicos es uno de los asuntos que precisamente está abordando el grupo de expertos. «Es obvio que sobre todo tendrá que aplicarse en los niveles altos, para los que tienen a su cargo responsabilidades mayores», considera Cofiño, que también recuerda que otro objetivo es simplificar y hacer inteligible la relación de puestos de trabajo.

Análisis de la carga de trabajo

También se está abordando un análisis, por parte de la Inspección General de Servicios del Principado, de las cargas de trabajo de los empleados autonómicos. Un trabajo que, para completarlo, se prolongará durante más de un año. «Hay picos y valles en las cargas de trabajo y de ahí que haga falta más flexibilidad», explica Cofiño, que pone como ejemplo el trabajo intenso que puede darse en un determinado departamento en época de presentar subvenciones y el consiguiente bajón posterior en la carga de trabajo. Si hubiera flexibilidad, ese personal podría realizar otras labores. La idea, en este sentido, sería conocer también en la práctica el mapa de la empresa y favorecer con ello una carrera en vertical y también en horizontal.

Bajar la tasa de interinidad teniendo en cuenta a todos, interinos mayores incluidos

Otro problema que se solapa con todo lo anterior es la elevada tasa de interinidad que, en el caso de Asturias, es algo mayor del 30% como en el resto de España. «Todas las administraciones españolas han acumulado una tasa de interinidad que, aunque ya sucedía antes, empezó a acusar de verdad a partir de la crisis económica de 2007 y 2008. El Gobierno de turno hizo un plan de estabilización de la economía en general y del capítulo 1 de las administraciones públicas de tal forma que se aplicó la llamada tasa de reposición cero que decapitó cualquier posibilidad de crecimiento», dice Cofiño.

Sobre todo en los servicios sanitarios y educativos, «que tienen que seguir funcionando pese a que haya crisis y en los que se fue tirando de personal temporal hasta ir acumulando unas tasas que son excesivas a todas luces». Tanto el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que encabeza Miquel Iceta como el Gobierno asturiano, indica Cofiño, están empeñados en mejorar esta situación «porque es un ejercicio abusivo de tu condición de empleador, porque lo pide la UE y sobre todo por sentido común e incluso económico porque encima es más caro para la Administración y no tiene ninguna ventaja para nadie».

En Asturias, añade, «ya hemos comenzado nuestra ruta hacia menores tasas de temporalidad, que no es fácil». De mano porque hay que conjugar el derecho de cualquier persona que emplea tiempo y dinero en preparar oposiciones, en términos de los principios constitucionales del mérito y de la capacidad, con el reconocimiento al interino, sobre todo de larga duración. «Esto lo estamos haciendo ya con una figura que está en la ley que es la de concurso-oposición», indica, explicando que se extenderán hasta donde se pueda los méritos de quien ha trabajado en la Administración durante años para que tenga una oportunidad de quedarse, pero teniendo muy presente el derecho que tiene cualquier persona a acceder a un empleo público, «que a veces se olvida».

Cofiño, que en la búsqueda de consensos que requerirá esta renovación de la Administración autonómica también quiere escuchar a los jóvenes que preparan oposiciones, avanza que también se está estudiando la situación particular de interinos de mayor edad para que no tengan que someterse a un proceso oposición «que no parece justo». La idea, si existe seguridad jurídica para llevarlo a cabo, pasa por excluir de las ofertas públicas algunas plazas ocupadas por personas en esta condición.

2.000 plazas cada año en plena digitalización

Saber cuántas personas se jubilarán cada año de la próxima década es complicado, porque hay situaciones variadas que se irán viendo año a año. Se sabe que en esos 10 años serán la mitad de los empleados que tiene ahora la Administración, con lo que podrán ser en torno a 2.000 nuevas plazas al año. Y, aunque no todas tengan un perfil de nuevas tecnologías, esos nuevos empleados públicos tendrán que tener un perfil digital acorde a los tiempos. «El funcionario de mañana tiene que ser digital y esa es una de las dificultades que tenemos ahora. La administración ha evolucionado poco en digitalización y, no nos engañemos, las personas mayores tenemos más dificultades que los jóvenes para aproximarnos al mundo digital», indica Cofiño, que por ello insiste en que la renovación generacional que se abre con la próxima jubilación de unos 20.000 empleados autonómicos va a facilitar el camino hacia una auténtica administración digital, «pero hay que acompañarlo con mejores recursos y nos tienen que ayudar también los fondos europeos, que en ello estamos».

Oposiciones simplificadas y que antepongan las competencias a la memorización

Las oposiciones, como ya ha ido avanzando Iceta, también tendrán que valorar otras competencias acordes con los nuevos perfiles a través de pruebas menos centradas en la memorización y que simplifiquen los procesos de selección. «La idea de que se valoren más otras competencias como criterio general me parece bien, aunque hay sectores y sectores. No es lo mismo un registrador de la propiedad, que sí tiene un componente más memorístico, que un agente de empleo, que tiene que tener unas habilidades y aspectos sociales en su perfil. No vale para todos la receta, pero la reflexión de Iceta está bien orientada. Estamos en esa línea, como también en la de simplificar las pruebas de un modelo que no hemos revisado nunca», indica el consejero de Administración Autonómica, que por supuesto se espera resistencias a esta compleja -por lo que abarca- renovación. «La resistencia al cambio está en el ADN del ser humano, todos estamos en la zona de confort y no queremos movernos nunca a ser posible. No aspiro al máximo consenso y unanimidad porque no será posible, pero pretendo impulsar todo esto pactando y hablando mucho. Reuniéndome con todos los interlocutores», reitera.

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