Así se está diseñando el prototipo asturiano de aldea rentable

Tienen escasa densidad de población, una elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial. Es la parte del medio rural asturiano con los territorios más despoblados. Aldeas y otras entidades de poblamiento disperso que, en la aplicación de la ley para el desarrollo sostenible del medio rural en Asturias, se denominarán zonas rurales de naturaleza campesina. Suponen el 68% del medio rural asturiano. Otro 20% son zonas de intensificación agraria y, un 10%, zonas rurales periurbanas. En las que más superficie ocupan, las de naturaleza campesina, es donde el Gobierno asturiano quiere activar una nueva economía para que las aldeas, en lugar de seguir despoblándose y matorralizándose, sean lugares atractivos para vivir y trabajar.

De mano, en esa nueva economía para la aldea, el requisito previo es que tenga un conjunto de infraestructuras y servicios, preferentemente públicos, como accesos rodados, conexión a internet o servicios sociales, educativos y sanitarios. O que los tenga relativamente accesibles. Pero también se necesita que exista en la aldea una asociación, u otra organización local comunitaria, que esté dispuesta a ensayar esas nuevas formas de organización que se concitan en esa nueva economía para que, si funcionan y tienen éxito, puedan iniciarse los procesos que den paso a las reformas legislativas y el diseño de nuevas políticas para el medio rural acordes con este siglo y con las oportunidades emergentes.

El Gobierno asturiano ya tiene un grupo de trabajo, del que forman parte precisamente tres comunidades vecinales de las aldeas de Moal (Cangas del Narcea), Asiegu (Cabrales) y Porrúa (Llanes), que tiene como objetivo poner en práctica prototipos de esta nueva economía en la aldea del siglo XXI que tendrá que acabar surgiendo para frenar el declive demográfico en lo rural.  Prototipos integrales o parciales de los tres sistemas locales que, desde el punto de vista económico, debería tener esa aldea rentable para poder hacer vida en ella: agroecológico, energético y de empresas.

 «Los tres sistemas y la nueva economía para la aldea que generan se apoyan en las tecnologías, principios agroecológicos y formas de organización social que proceden bien del conocimiento local actualizado, la cultura del territorio, o bien se incorporan a la aldea en forma de nuevas tecnologías», explica el comisionado para el reto demográfico del Gobierno de Asturias, Jaime Izquierdo, que coordinará ese grupo de trabajo, o comité de pilotaje, que pretende contribuir a esa transición de la actual aldea, a un paso de extinguirse, a una que pueda funcionar, como ocurría antaño, pero ahora, en el siglo XXI.

Izquierdo explica que vendría a ser como recuperar la lógica de la casería histórica a través de cooperativas vecinales que operen siguiendo el mismo planteamiento y organización, «y no en términos de especialización productiva encarnada por la explotación agraria intensiva, especializada y en monocultivo propia del pensamiento industrial». La aldea del siglo XXI, el mismo de la transición ecológica y el desarrollo sostenible a los que obliga la crisis climática y de una pandemia globalizada que ha puesto de manifiesto más aún la necesidad de alternativas en la proximidad, debe por tanto combinar esa reactivación de su cultura como gestora del territorio y de sus recursos locales con la incorporación de las nuevas tecnologías.

«La recuperación y la actualización de las antiguas prácticas biotecnológicas, de la cultura histórica de la aldea, y de sus valores y capacidades como organización comunitaria, servirán ahora para reconectar a la aldea con la tierra -y su entorno local- y a la vez, las nuevas tecnologías y las nuevas oportunidades harán posible, como posibilidad hasta ahora inédita, que la aldea se conecte con la Tierra -y su mercado global-, la calidad de vida y la economía del bienestar», indica Izquierdo, que explica que el comité de trabajo se concibe como una estructura «horizontal, desburocratizada y organizada» en la que el Principado participa con otras direcciones generales y entidades de cinco consejerías (Medio Rural y Cohesión Territorial, Industria, Empleo y Promoción Económica, Hacienda, Educación y Ciencia, Innovación y Universidad).

La Fundación CTIC, a través del centro de innovación rural Ruraltech de Peón (Villaviciosa), se encargará de los desarrollos tecnológicos que hagan falta para poner en marcha los prototipos o proyectos piloto y, aparte de las comunidades vecinales de las tres aldeas que ya tienen interés en formar parte de esta transición, también participan en el comité otras entidades colaboradoras como la Universidad de Oviedo a través del departamento de Geografía, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea-Muniellos, la Fundación Asturiana de la Enería (Faen), la Fundación Centro Tecnológico y Forestal de la Madera (Cetemas) y la Fundación para el Fomento de la Economía Social.

La primera de las reuniones que se celebrarán periódicamente será en julio y, entre sus primeros trabajos, se encuentra el diseño de iniciativas de formación y un plan de ordenación del territorio en Porrúa. En enero de este año se presentaban, tras la propuesta hecha por la comunidad vecinal de Moal, los trabajos de ordenación y recuperación de un sistema agroecológico local para reactivar esta aldea de Cangas del Narcea a través del cultivo de las tierras, el manejo sostenible de los montes, el aprovechamiento de sus recursos, energéticos incluidos, y la comercialización de producciones.

Con anterioridad a la creación de este grupo de trabajo, el Comisionado para el reto demográfico del Gobierno de Asturias y la Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza) habían elaborado un documento titulado ¿Qué economía para los pequeños pueblos?, en el que definían las bases conceptuales sobre las que se debería asentar ese nuevo modelo económico que ayude a repoblar las aldeas y frenar su abandono. Un documento al que se han ido suscrito como firmantes entidades de otras comunidades autónomas y de Portugal con el mismo problema de despoblación rural.