Han pasado dos años y medio y Gerardo Iglesias sigue esperando. En realidad lleva esperando décadas a hacer justicia por las torturas que sufrió a manos de Pascual Honrado de la Fuente, miembro de la policía política del franquismo. El pasado 27 de enero, el Tribunal Constitucional inadmitió la demanda de amparo presentada por Iglesias, pero tres meses y medio después, el alto tribunal aún no ha notificado el auto y el que fuese fundador de IU vive en absoluta indefensión: desconoce los argumentos desarrollados y no puede acudir a instancias internacionales.
Son los ritmos de la justicia llevados al extremo. El Constitucional anunció mediante una nota informativa que el Pleno había resuelto por mayoría la inadmisión de la demanda de amparo de Gerardo Iglesias. El exsecretario general del PCE había denunciado las torturas policíales que sufrió durante la dictadura. Iglesias, junto al histórico militante comunista asturiano Vicente Gutiérrez Solís y el represaliado del franquismo Faustino Sánchez García, Fausto, presentaron tres querellas en mayo de 2018 contra Honrado de la Fuente, miembro de la policía política del franquismo, por un delito de lesa humanidad y otro de torturas.
El Constitucional inadmitió a trámite el recurso con ocho votos en contra y tres a favor, de los magistrados Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca y la ponente María Luisa Balaguer, que defendía su admisión a trámite. El Alto Tribunal informó que el Auto se encontraba pendiente de redacción. Tres meses y medio después sigue el silencio. Esto es, para una inadmisión a trámite de una demanda de amparo, el recurrente lleva esperando aproximadamente dos años y medio.
Las consecuencias: la sensación de indefensión que sufre Gerardo Iglesias, que desconoce los argumentos desarrollados que motivan la decisión y que le impiden acudir a instancias internacionales como podrían ser el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
«La demora entraña un absoluto desprecio a los derechos jurídico-procedimentales que asisten a Gerardo Iglesias, evidencia la lentitud de la justicia constitucional e impide al demandante el poder acudir a instancias internacionales», critica la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. « Dicho proceder no es compatible y no es conforme con la actuación de un Tribunal que se considera máxime garante de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente», han añadido.