Ha declarado ante el tribunal que lo juzga desde este martes que pretendía que creyeran que era una persona importante, pero no una autoridad oficial
11 may 2021 . Actualizado a las 22:33 h.Cuando Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, viajó a Ribadeo en el año 2014, en una visita en la que llegó a ser considerado un enviado de la Casa Real, solo quería sentirse «poderoso», pero sin fingir en ningún momento que era una autoridad oficial. «Quería tirarme el pisto», ha asegurado en la primera sesión del juicio en su contra iniciado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid. Se le acusa de hacerse pasar por un enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real para organizar un encuentro en Galicia con el presidente de Alsa.
Gómez Iglesias, de 27 años y que se enfrenta a siete años de cárcel y a una multa de unos 81.000 euros por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, ha explicado que su intención era únicamente impresionar a un alto cargo de Alsa, con quien había programado una reunión que tuvo lugar el 13 de agosto del 2014 en el Club Náutico de Ribadeo.
«Lo que yo quería era tirarme el pisto con el empresario y hacer un viaje pomposo porque, con la edad que yo tenía entonces, con esa inmadurez, lo que quería era asemejarme a los mayores, tener más poder, por así decirlo, creerme poderoso», ha justificado.
En ese contexto, ha insistido en que él «estaba al corriente de la política» y sabía que el cargo de enlace entre Casa Real y el Gobierno «no existía». «No quería dar impresión de una autoridad, sino de persona importante», ha subrayado.
«En esa época no tenía el tratamiento psiquiátrico que tengo desde hace años. Yo en ese momento creía que tenía que ampliar mi poder. Para que me hiciera caso decidí organizar la comitiva», ha añadido. Esa comitiva con la que se desplazó hasta A Mariña incluía cuatro vehículos alquilados por él mismo. Sin embargo, ha negado que usara unas acreditaciones falsas del Ministerio de Interior, que según la Fiscalía habría elaborado él mismo, para los vehículos. Gómez Iglesias las ha descrito como un mero «folio plastificado donde ponía 'coche uno' y abajo la matrícula en grande». «Era lo único que ponía, no ponía nada más porque quería parecer una comitiva como las que hace la UEFA y son así, no pone ningún distintivo», ha expuesto.
En esa comitiva integró a las otras dos personas que se sientan en el banquillo junto a él: el cabo de la Policía Municipal de Madrid Jorge G. H., y el policía municipal de Torrijos (Toledo) Carlos P. L. D. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de cinco años y medio de prisión por parte del fiscal, por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.
Según el escrito del Ministerio Público, el Pequeño Nicolás conocía de antes al policía madrileño, al que habría pedido que le proporcionara los medios policiales para «aparentar el carácter oficial», como rotativos luminosos, aparatos de transmisión y pinganillos. Este agente, a su vez, habría contactado con el policía de Torrijos. El primero habría recibido de Nicolás un pago de 2.000 euros y dio a su compañero 400 euros.
La visita a Ribadeo
Al llegar a Ribadeo, la comitiva fue recibida por un coche y dos motos de la Policía Municipal, una escolta que el Pequeño Nicolás habría solicitado días antes por teléfono, identificándose como el enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real. También reservó mesas y plazas de aparcamiento en el Club Náutico, indicando igualmente que iría «una alta personalidad de la Casa Real».
Ya en el restaurante, Gómez Iglesias fue recibido por el alcalde de Ribadeo, al que se habría presentado como dicho enlace y con quien «departió brevemente», antes de comer con el empresario. El agente González interrumpió la comida para avisar a Nicolás de que tenía una llamada de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo cual era falso. Tras la comida, regresaron con la misma comitiva a Madrid.
La acusación popular que ejercen la Asociación Municipal Unificada de Madrid (APMU) y Podemos solicita once 11 años de cárcel para el Pequeño Nicolás; la Abogacía del Estado, 21 meses de prisión y una multa, y el Ayuntamiento de Madrid reclama tres años y medio de cárcel.